Gasto público ineficiente en el país es de casi $50 billones

Estimaciones del BID señalan que entre compras públicas, transferencias y nómina estatal, casi el 5% del PIB se gira de forma incorrecta. 


El gasto público en América Latina ha venido aumentando en los últimos años de forma casi exponencial, e incluso alcanzaría a ser el 70% de todo el producto interno bruto (PIB) de Colombia.

Ineficiencias en las compras gubernamentales, servicios públicos y transferencias focalizadas y, en general, malgasto de los recursos, podrían costar hasta US$220.000 millones al año, según el informe ‘Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos’, hecho por el BID.

Sus conclusiones son contundentes: “Entre el 2007 y el 2014, todos los países experimentaron una transición, desplazándose hacia (...) una mayor preferencia por el gasto público lo que ha aumentado las preocupaciones acerca de la sostenibilidad fiscal, aunque como es natural, no todos los países evolucionaron de la misma forma”.

De hecho, en este punto Colombia es determinado como una de las naciones que si incrementaron su gasto público, lo hicieron de forma moderada, en contraste –por ejemplo– de Argentina, que “‘viajó’ una larga distancia en términos de su apetito por el gasto público”.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la astronómica cifra de $220.000 millones, que incluyen ineficiencias en adquisiciones, en el gasto en nómina salarial y en transferencias focalizadas, podrían usarse eventualmente para “eliminar la brecha de la extrema pobreza e incluso para disminuir la pobreza moderada en numerosos países, o bien los ahorros se podrían utilizar para construir 1.225 hospitales con 200 camas (unos 47 hospitales más al año, en cada uno de los 26 países)”.

MÚLTIPLES FACTORES

En este sentido, el BID encontró varios focos de ineficiencia en el gasto público regional: adquisiciones, empleo público, transferencias a los territorios, subsidios a la energía, programas sociales y gastos tributarios.

Para el organismo, “el gasto inteligente puede generar grandes dividendos. América Latina y el Caribe pierde miles de millones de dólares por año en el gasto que se podría cambiar a otros gastos más rentables o sencillamente utilizarse para disminuir la deuda”.

En Colombia sucedió algo similar durante la reforma tributaria del 2016, en la que se le puso freno a una parte del gasto público ineficiente, con el fin de cumplir la Regla Fiscal y recortar al máximo los gastos estatales. 

Ahora, para la ley de financiamiento que está trabajando el actual Ministerio de Hacienda, también se consideraría meterle una ‘tijera’ amplia a este rubro; incluso, ya se anunció un primer recorte que podría llegar a $1,2 billones el próximo año, de acuerdo con Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.

En cualquier caso, los datos regionales son altos, ya que representan el 4,4% del PIB de toda América Latina, y, por países, Argentina, El Salvador, Bolivia y Nicaragua lideran el escalafón de mayor ineficiencia técnica.

En el caso puntual de Colombia, las estimaciones del BID indican que hay un gasto público ineficiente de 4,8% del PIB, que en plata blanca son aproximadamente $50 billones, es decir, 3,5 veces el dinero que recaudaría la ley de financiamiento que está próxima a radicarse.

Los dos rubros que más le quitan recursos a los verdaderos destinatarios son las filtraciones que ocurren en los giros que se realizan a los territorios (es decir, que no llegan a quienes se destinan) y el malgasto en las compras públicas, en tanto que el tercer lugar lo obtuvo el malgasto en la remuneración a empleados (incluyendo las llamadas nóminas paralelas). Todo este escenario llevó a que el BID recomendara “hacer un mayor uso del análisis de costo-beneficio para determinar sus mejores opciones presupuestarias, o la creación de organismos dedicados a la planificación estratégica que utilicen rigurosas evaluaciones del impacto de los programas gubernamentales, antes de tomar decisiones sobre la asignación de recursos”.

Asimismo, propuso la adopción de reglas fiscales en los países de la región, con el fin de que mantengan sus déficits controlados, cosa que no sucede en muchas naciones Latinoamérica. Sobre este punto, es importante señalar que desde el 2011, Colombia cuenta con el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, órgano que se encarga de determinar esta ‘línea roja’ fiscal, de modo que no se desfase la fórmula entre ingresos y gastos anuales.

CONTROL EN COLOMBIA 

En la ponencia de primer debate del Presupuesto General de la Nación del 2019, que se estudiará hoy en el Congreso, fueron incluidos mayores controles al gasto público en Colombia, que se viene controlando en los últimos años. De hecho, según las cifras del Minhacienda, en el contexto de la llamada ‘austeridad inteligente’, se hizo un ajuste fiscal de 3,9% (PIB), entre el 2013 y el 2016. Ahora, en la ley que fija los ingresos y gastos del próximo año, el Gobierno y congresistas añadieron más controles: por ejemplo, de aprobarse como quedó la ponencia, se reducirían comisiones de servicio, se prohibiría contratar planes de celular y cada viaje de los funcionarios tendrá que ser justificado.


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