Esta cartelización, de acuerdo con la Super, consistió en alterar las propuestas en las subastas inversas, en procesos donde la Nación hizo compras a empresas.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) imputó a 23 empresas por una supuesta cartelización sistemática en una centena de procesos de contratación estatal.
Esta cartelización, de acuerdo con la Super, consistió en alterar las propuestas en las subastas inversas, en procesos donde la Nación hizo compras a empresas, con el objetivo de obtener el mejor precio para los bienes o servicios solicitados.
Algunas de las personas y empresas señaladas son Colombia Ferreléctrica S.A.S, Americana de Inflables y Suministros, Delgado y Vergara S.A.S, Tecnigrup, Grupo Empresarial Sportech, Luis Miguel Perilla Barajas, William Caicedo y Reinaldo Buitrago Rodríguez, entre otros.
La investigación de la Superindustria empezó por una denuncia que se presentó en la Fiscalía General de la Nación. Es necesario aclarar que el pliego de cargos no tiene que ver con la corrupción de funcionarios públicos, sino con la presunta corrupción de empresas del sector privado.
El delito consignado en el pliego es el de prácticas restrictivas de la competencia en proceso de contratación estatal, tal como destacó el superintendente, Pablo Felipe Robledo.
“Aquí hay contratos por $78.000 millones los que valen estos 101 contratos estatales. La investigación nace de un proceso de contratación en la Fiscalía para uniformes de brigadistas. Habían tantas similitudes entre los oferentes, que la Fiscalía informó a la SIC y encontró una cada de pandora”, dijo el superintendente.
Las entidades públicas que resultaron afectadas según la investigación fueron la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Agencia de Logística de la Fuerzas Militares, la Rama Judicial, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Antioquia, el Invima, entre otras.
Según la SIC, los involucrados habrían identificado quiénes serían los proponentes u oferentes en los procesos de contratación que invocaban las organizaciones públicas y hacían colusión. El oferente que quisiera ganar la licitación, pagaba a sus competidores una suma de dinero para que no participara, a través de cuentas de cobro falsas por la supuesta prestación de servicios de transporte.
Las empresas que recibían el soborno se abstenían de mejorar sus propuestas en la subasta inversa y se retiraban. Para mayor credibilidad, los candidatos hacían ofertas cercanas al presupuesto que estaba previsto por la entidad contratante del servicio. El objetivo de esta estrategia era prevenir reducciones en el precio que se generara en la etapa de subastas. Debido a esto, el Estado terminó pagando montos superiores a los normales por la prestación de los productos y servicios.
La cantidad que suman los 101casos que preparó la SIC es de $73.000 millones de pesos. Si la Superindustria determina que efectivamente existieron los delitos cometidos, impondrá multas que pueden llegar hasta los $78.000 millones a las empresas y $1.500 millones a las personas naturales.
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