El sistema de subsidio familiar es un patrimonio de los trabajadores. Sin embargo, esa afirmación no nos exime de discusiones y la búsqueda de formas para mejorarlo.
La familia es una de las instituciones de la sociedad colombiana que recibe subsidios. Por ejemplo, programas como Familias en Acción administrado por el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) o el subsidio familiar administrado por las Cajas de Compensación Familiar buscan beneficiar directamente a la familia. En esta ocasión hablaré del segundo.
El sistema de subsidio familiar colombiano nace a mediados del siglo XX con el objetivo de aliviar las cargas económicas adicionales que implica la conformación de la familia. Los recursos de dicho sistema son administrados principalmente por las 43 cajas de compensación familiar del país, las cuales son entidades privadas sin ánimo de lucro que administran un impuesto a la nómina.
Más allá de los debates sobre el papel de la familia en la sociedad colombiana, es necesario tener discusiones sobre el rol del subsidio familiar y las cajas de compensación familiar por tres razones: i) la magnitud de los recursos, ii) porque son mercados de competencia imperfecta y iii) la fuente de financiación.
En cuanto al primero, en 2017 el sistema de subsidio familiar recibió $6,3 billones según la Superintendencia que vigila el sistema. En términos comparativos, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tuvo para el mismo año un presupuesto de alrededor de $3,2 billones. Esto permite inferir la magnitud del sistema de subsidio familiar: es el doble del SENA presupuestalmente hablando.
Por otro lado, el sistema es operado por las cajas de compensación familiar que no son entidades públicas, pero administran recursos públicos en condiciones de competencia imperfecta, ya que son oligopolios o monopolios otorgados por el Estado de acuerdo a circunscripciones regionales.
Por último, pero no menos importante, la fuente de financiación del sistema de subsidio familiar no es neutral. Sus recursos son recaudados en el marco de la parafiscalidad del mercado laboral, este es un impuesto de 4% a la nómina de todos los empleadores del país.
Sobre el último punto, vale la pena resaltar que es ampliamente conocida la discusión sobre los impactos negativos que tienen los costos laborales no salariales- como es el caso del subsidio familiar- sobre la generación de empleo y la formalización laboral. De hecho, de los avances más importantes que tuvo el mercado laboral en la última década fue transformar la fuente de financiamiento vía parafiscal del SENA y el ICBF, eso cambió la tendencia de la generación de empleo informal en la que venía el país por décadas.
Ahora, precisamente el subsidio familiar no fue tocado en esa mencionada reforma. Pero sin duda, vale la pena que se discuta el papel de dicho subsidio en el desarrollo del país. Si benefician a los trabajadores colombianos debería tenerse evidencia de eso, si las cajas de compensación son absolutamente necesarias debería buscarse la forma de financiarse eficientemente y si van a administrar recursos públicos deberían ser vigiladas e inspeccionadas por una institución con capacidades.
Cuando se esgrime que el subsidio familiar es un patrimonio de los trabajadores como argumento para evitar reformas, se debe señalar que no es de todos los trabajadores colombianos, porque 1 de cada 2 es un trabajador informal y no tiene acceso a las cajas de compensación. Segundo, es urgente tener evaluaciones de impacto que garanticen que el patrimonio de los colombianos se está usando con eficiencia.
¿Qué hacer para mejorar el funcionamiento del sistema de subsidio familiar en Colombia? propongo tres ideas: i) Racionalizar el número de servicios que prestan las cajas. Hoy se encargan desde transferir el subsidio familiar hasta variopintos servicios educativos, culturales y recreativos. Valdría la pena evaluar dónde son más eficientes que el Estado y que presten esos servicios. ii) Cambiar la fuente de financiamiento. Los parafiscales a la nómina terminan afectando a los colombianos más vulnerables del país que son los trabajadores informales. iii) Fortalecer la Superintendencia del Subsidio Familiar. Entre 2011 y 2017 el sistema ha pasado de administrar $3,4 a $6,3 billones, es decir, en menos de 8 años casi se han duplicado los recursos que vigilan, ¿también se han duplicado las capacidades de inspección, vigilancia y control?
Por último, en cuanto a la discusión sobre si el sistema de subsidio familiar es un patrimonio de los trabajadores, sin duda lo es. Sin embargo, esa afirmación no nos exime de discusiones y la búsqueda de formas para mejorarlo.
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