Al 30 de noviembre de 2017 existían 450.037 demandas contra el Estado por un valor indexado de $350,8 billones, sin incluir la acción de grupo de todos los desplazados del país cuyas pretensiones ascienden a $3.366,9 billones.
Según el reporte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado esas demandas tampoco incluyen la acción de reparación directa por violación al debido proceso administrativo contra la Superintendencia de Sociedades cuyas pretensiones indexadas ascienden a $73,4 billones.
