La SIC se ufana de perseguir toda práctica anticompetitiva argumentando que su mandato es defender al consumidor hasta las últimas consecuencias.
El ejemplo más protuberante del afán regulatorio del Estado, es el Proyecto de Ley que el gobierno piensa en breve radicar para darle más poderes a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que busca intervenir aún más en todos los proyectos de regulación de las entidades – salvo la televisión – y en la divulgación y consolidación de la libre competencia económica de las empresas, gremios y universidades públicas y privadas. El ámbito de aplicación propuesto por la SIC abarca todas las actividades, políticas, acciones, regulaciones, instrumentos legales y disposiciones de los agentes públicos y privados que participen en los mercados de bienes y servicios a nivel nacional y regional.
En dicho Proyecto, que abiertamente desconoce las competencias que la Constitución le otorga al Congreso, se hace explícito que la reglamentación en materia de competencia no cubre la televisión. Dicho de otra forma, todo el sector empresarial colombiano – público, privado o cooperativo - con notorias excepciones, estará sujeto a un control sospechosamente parecido al ‘Gran Hermano’.
En ‘1984’ George Orwell cuenta la historia de una futura sociedad sometida por el poder de la política, la censura y la manipulación de los medios, un sistema totalitario donde la población es controlada hasta tal punto que pensar sobre un crimen es un crimen en sí castigado severamente. Para llevar a cabo este regio control sobre los habitantes, en cada casa, edificio, calle, en cualquier lugar público o privado, existe una "pantalla" a través de la cual siempre hay alguien observando, por lo que cualquier actividad sospechosa, aún siendo en el propio hogar, queda descartada por el miedo a una severa represalia.
La SIC se ufana de perseguir toda práctica anticompetitiva argumentando que su mandato es defender al consumidor hasta las últimas consecuencias. Las hipotéticas prácticas anticompetitivas de sectores como los fabricantes de pañales desechables son castigadas con multas draconianas que se devoran el capital de trabajo y que en ocasiones ponen en entredicho la capacidad de las empresas de sobrevivir. Y si la entidad sancionada considera injusta y/o desproporcionada la multa, ‘por ahora’ puede acudir a la justicia ordinaria, pero tiene previamente que cancelar la totalidad de la sanción. Dado que la justicia ordinaria toma entre cinco y diez años en pronunciarse, el esquema punitivo colombiano conlleva un desequilibrio brutal, una asimetría injustificable, a favor de las entidades regulatorias del Estado. Se dice ‘por ahora’, porque algunos afirman que la SIC pretende tener la última palabra: es decir negar toda posibilidad de apelación convirtiéndose automáticamente en juez y parte. En este país se persigue a unos sectores y a otros no; y en materia de competitividad, ocurre lo mismo que señalaba Orwell en otro de sus inmortales libros, la ‘Granja de los Animales’, cuando el cerdo Napoleón afirmaba: “Todos somos iguales, más unos somos más iguales que los otros”.
Otro sector que parece estar parcialmente libre de competencia es el aéreo. La huelga de Avianca ha demostrado que ni a la empresa, ni a los pilotos, ni al gobierno les importa mucho los usuarios. En reciente viaje de Bogotá a Cali, la demora estuvo por encima de las cuatro horas, y fuera de unas disculpas protocolarias de los empleados de Avianca, no pasó nada. Según la empresa, la culpa era del clima. ¿Llegó la hora de modificar la política de ‘cielos cerrados’ y acogerse a una de ‘cielos abiertos’ en que toda empresa, nacional o extranjera, que quiera volar en Colombia lo pueda hacer siempre y cuando cumpla con unos mínimos de seguridad? El autor de esta nota entiende que no hace mucho la aerolínea Qatar solicitó permiso para volar internamente. Después de tomarle el pelo a la empresa un tiempo, el Gobierno negó la solicitud para no tener que enfrentarse al oligopolio que maneja el tráfico aéreo en el país.
