El Marco Fiscal de Mediano Plazo propone una consolidación exigente de las finanzas públicas que amplía el espacio para el estímulo fiscal. ¿Cómo será?
El Congreso de la Repu´blica ha aprobado una serie de proyectos de ley que implican un mayor gasto del Estado. Si el Gobierno no los objeta, se corre el riesgo de desplazar otros gastos prioritarios, requerir mayores ingresos o poner en entredicho el cumplimiento de la regla fiscal.
Debido a que el Comité de la Regla Fiscal había establecido en marzo de este año las metas de déficit fiscal y el Ministerio de Hacienda las había anunciado en varias oportunidades, su reiteración en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2017, publicado a mediados del mes pasado, no causó sorpresa entre los analistas.
Para el déficit del gobierno nacional central, el MFMP reafirmó una senda a lo largo de la cual disminuye de 4% del PIB en 2016 a 3,6% en 2017, 3,1% en 2018, 2,2% en 2019, hasta converger al estructural de 1,5% en 2020 y continuar pegado a él a partir de 2022, en 1% del PIB.
De este modo quedó en firme la ampliación de las metas para 2017 y 2018 (de 3,3% a 3,6% y de 2,7% a 3,1% del PIB), autorizadas por el Comité de Regla Fiscal, gracias al rápido estrechamiento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La menor vulnerabilidad externa permitió moderar la consolidación de las finanzas públicas, con el fin de ampliar el espacio para un estímulo fiscal adicional, en vista de la falta de demanda privada, que tiene a la economía al borde del estancamiento.
Sin embargo, las metas mantienen la credibilidad en la política fiscal, porque la magnitud del ajuste que se llevará a cabo es considerable, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos.
En los ingresos del gobierno central, el MFMP plantea un incremento de 1% del PIB entre 2016 y 2020, para estabilizarlos en 16% del PIB a partir de entonces. Un poco más de la mitad de ese aumento (0,6% del PIB, según Anif, y 0,7% de acuerdo con el Ministerio de Hacienda) será aportado por los mayores recaudos de los impuestos aprobados por la reforma tributaria del año pasado y el resto por una mejor gestión de la Dian para reducir la evasión y la elusión.
Foto: Ana Milena López, directora de Crédito Público
Otra contribución importante a los ingresos provendrá de la estabilización de la renta petrolera en cerca de 0,5% del PIB a partir de 2019, a pesar de la disminución de la producción, en gran parte por las mayores utilidades que obtendrá Ecopetrol, gracias al recorte de sus gastos.
Los egresos del gobierno central precisan una reducción de 2% del PIB entre 2017 y 2025, que los dejará en 17% del PIB. Este recorte se repartirá por mitades entre unos pagos más bajos de intereses y unos menores gastos en funcionamiento e inversión. Las mayores mermas se harán en 2018 (0,5% del PIB), 2019 (0,7% del PIB), 2020 (0,2% del PIB) y 2021 (0,3% del PIB). De ahí en adelante serán necesarios descensos de alrededor de 1% del PIB.
La consolidación fiscal trazada en el MFMP también establece un ajuste del balance primario del gobierno central, necesario para llevar su deuda neta de regreso a una trayectoria decreciente. El déficit primario disminuye de -1,1% del PIB en 2016 a -0,1% en 2018, con lo cual la deuda neta se estabiliza en 43,8% del PIB ese año. Luego se convierte en un superávit primario que fluctúa alrededor de 1% del PIB a partir de 2020, gracias a lo cual la deuda neta cae debajo de 40% del PIB en 2021 y llega a 21% del PIB en 2028.
En el Sector Público no Financiero (SPNF), las metas del MFMP contemplan una ampliación del déficit total de 2,4% a 3,2% del PIB entre 2016 y 2017, como consecuencia de la disminución de los ingresos extraordinarios recibidos el año pasado por la venta de Isagen y un menor superávit de las administraciones regionales y locales, que ejecutarán sus programas de infraestructura con mayor intensidad en su segundo año de gobierno. Luego, el ajuste del gobierno central se refleja en una reducción del déficit del SPNF a -2,7%, -2,2% y -0,7% del PIB entre 2018 y 2020. De ahí en adelante fluctúa alrededor de 0,5% del PIB.
De manera paralela, el balance primario del SPNF se incrementa de 0% a 0,5% del PIB entre 2017 y 2018, para estabilizar su deuda neta en 34%. Después aumenta a 0,9% del PIB en 2019 y a partir de 2020 fluctúa alrededor de 2% del PIB, con lo cual la deuda neta se reduce de manera paulatina a 32% del PIB en 2020 y a 21% del PIB en 2028 y la bruta de 52% a 40% del PIB en la próxima década.
Lo que asombró a los analistas fueron los supuestos de crecimiento adoptados por el Ministerio de Hacienda. Ante el resultado decepcionante de la actividad económica en el primer trimestre, cuando aumentó 1,1% anual, el Ministerio redujo la meta de crecimiento para 2017, de 2,5% a 2,3%, y estableció una de 3,5% para 2018. Al compararla con el promedio de las predicciones de los analistas en el Latin Focus Consensus Forecast de junio (2,1%), la meta para este año no luce exagerada. Sin embargo, la del año entrante parece optimista en relación con el pronóstico promedio (2,9%).
Por otra parte, el crecimiento potencial (estimado por el Comité de la Regla Fiscal en cerca de 3,8%), parece alto comparado con el de algunos analistas (3% según Anif y el Banco de la República).
Foto: Guillermo Perry, miembro del Comité de la Regla Fiscal.
Por eso el MFMP proyecta que la economía podrá crecer al 4,1% anual promedio entre 2019 y 2028.
No obstante, alcanzar esa tasa de crecimiento sin recalentar la economía parece difícil a partir de la carencia de motores de crecimiento y de fuentes de demanda en la coyuntura actual. Semejante aceleración supondría una mejora sustancial en la productividad, que aumente la competitividad de la agricultura y de la industria, de manera que pueda halar la economía con base en un repunte de sus exportaciones.
A pesar del optimismo del Ministerio de Hacienda sobre el crecimiento, el cumplimiento de las metas de 2017 y 2018 no enfrenta grandes riesgos porque, como enfatiza Credicorp, su sensibilidad a la actividad económica en el corto plazo es baja. Además, los supuestos del precio promedio del barril de petróleo Brent para 2017 (US$51) y 2018 (US$60) lucen razonables, a pesar de la volatilidad de los últimos días, luego de la prolongación del recorte de la producción acordado por la Opep.
También existe una preocupación por parte de las calificadoras de riesgo en lo que tiene que ver con el nivel de endeudamiento del país, que alcanza 55% del PIB. Ese porcentaje supera al de países con la misma calificación, que tienen un endeudamiento promedio de 43% de su PIB.
Dada la severidad del ajuste en una coyuntura de muy bajo crecimiento, es probable que, a pesar de las advertencias hechas por las calificadoras, ellas les den un compás de espera a las autoridades mientras la comisión de expertos en gasto público hace sus recomendaciones al final del año.
