Sin crecimiento, ni pío
Elevar la deuda pública para financiar el posconflicto es una apuesta que puede salir muy mal si no se sube el crecimiento económico. No es obvio que lo haga.
Como en cualquiera otra apuesta, implementar la idea de Silva puede salir divinamente o puede salir muy mal. Como seguramente no será la última propuesta novedosa para financiar el “posconflicto”, vale la pena tomarla en serio y discutirla serenamente. Si la deuda pública se eleva, incluso en los $90 billones que se han planteado como los recursos requeridos, y al mismo tiempo el crecimiento económico de largo plazo salta de 3,7% anual que estima el Gobierno, a 5% anual, no es difícil mostrar que la deuda se paga en unos 11 años, descontando los nuevos ingresos fiscales a 10% anual y poniéndolos a tributar a 20%.
El equilibrio bueno ocurriría, pues, si y solo si la economía empieza rápido a crecer más rápido. El gran problema es que hay otra posibilidad: un equilibrio malo en el cual la tasa de crecimiento de largo plazo, en lugar de subir, baje. Si bajara de 3,7% anual a 2% anual, por decir algo, el Gobierno perdería unos $106 billones de recaudo, en valor presente, y por supuesto, ahí seguiría la deuda de los $90 billones inicialmente contratados.
¿Cuál es el sustento que apoya la visión de Silva? Sencillo: el llamado posconflicto generará crecimiento económico, y la capacidad de pagar la deuda contratada para financiarlos, porque los países en paz crecen más que los países en guerra. La idea de Silva es razonable, pues, como sustento conceptual del equilibrio bueno.
¿Y el argumento contrario? Yo creo que hay dos partes. Primero, como lo planteó recientemente Marc Hofstetter, no es muy claro por qué Colombia va a crecer más en el “posconflicto” respecto de lo que creció en medio del “conflicto”. En adición a los argumentos de Hofstetter, cabe recordar que, mientras existan los flujos de caja asociados al crimen organizado, existirá exactamente la misma talanquera para el progreso. Si el crecimiento económico fue perjudicado por la existencia de las Farc, cosa que no es obvia, seguirá siendo perjudicado –de la misma manera y a través de idénticos canales de transmisión– por otra organización capaz de capturar los flujos de caja que ellas sacrifican.
Segundo, a menos que todos los inversionistas que arriesgan sus capitales y generan crecimiento estén plenamente convencidos de que la economía avanza hacia el equilibrio bueno, van a imputarle, así sea un chance remoto, a la eventualidad de que $90 billones –o la suma que sea– resulte siendo impagable y que se viene una crisis fiscal. Si, en efecto, el mercado juzga y apuesta a que se nos fue la mano, las tasas de retorno iniciales ya no le sirven a los inversionistas porque no remuneran ese riesgo adicional y la tasa de interés sube a la par que lo hace el valor económico de la nueva contingencia. Esta es una mala noticia no solo para el crecimiento, sino para las finanzas públicas, que necesariamente se deterioran. Creciendo menos, como consecuencia del mayor costo del financiamiento en su conjunto, y en medio de una presión fiscal adicional, proveniente de los niveles y del encarecimiento de la deuda pública, es claro que podríamos caer en un círculo vicioso difícil de atajar sin ajustes drásticos y dolorosos.
Me parece que Silva tiene razón al argumentar que la política económica no se puede diseñar ni implementar anticipando esta o aquella reacción de las calificadoras de riesgo. Sin desconocer que la pérdida del grado de inversión traería sus propios líos –ciertos inversionistas institucionales quedarían impedidos para comprar papel colombiano, por ejemplo– lo cierto es que el calor fiscal de la propuesta que hace Silva no estaría en las sábanas de las calificadoras sino en la fiebre que ella solita engendra.
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