pesimismo alborotado

El deterioro de la economía, los problemas del proceso de paz y el escepticismo generalizado mantienen la imagen del presidente Santos en un 29 por ciento.

No han cambiado mucho las percepciones de la opinión pública frente al país, al presidente Santos y al proceso de paz. Los números se parecen mucho a los de la última encuesta, hecha en abril. Al cumplirse el quinto año de gobierno de Juan Manuel Santos, su favorabilidad entre los colombianos se encuentra en el punto más bajo desde el inicio de su mandato, en 2010. La imagen favorable se mantuvo intacta, en 29 por ciento. El estudio fue realizado por la firma Ipsos para la gran alianza de La FM, RCN Televisión, RCN Radio y SEMANA. Santos había llegado a un nivel igual de bajo en septiembre de 2013, a raíz del paro agrario que sacudió al país, pero en esa ocasión se recuperó en solo dos meses y regresó a niveles cercanos al 45 por ciento.

El hecho de que ahora la percepción sobre el presidente Santos no haya reaccionado se explica por una combinación de factores. Uno de ellos, según los hallazgos de la investigación, es el aumento en inconformidad con la situación económica. El porcentaje de encuestados que afirma que la situación económica del país ha empeorado subió de 25 a 42 por ciento desde noviembre del año pasado.

Ese número negativo, en la economía, es el más alto que se ha registrado en toda la administración Santos. Y es consistente con otros datos de la encuesta: el desempleo se mantiene como principal preocupación de los colombianos –con un 35 por ciento– casi lo mismo que la inseguridad pero muy por encima de otros problemas graves como la corrupción y la violencia. A pesar de que al terminar la semana pasada se conoció una buena cifra sobre desempleo –8,2 por ciento, un punto menos que un año atrás–, se corrobora que la percepción sobre estos asuntos no se mueve en la misma dirección que las estadísticas. Y hay que tener en cuenta que, en lo que va corrido del año, a raíz de la caída de los precios del petróleo y otras variables internacionales, las expectativas sobre crecimiento del PIB y sobre la situación fiscal se han revisado hacia abajo.

Cabe preguntar, en consecuencia, si la desaceleración, el cambio en las proyecciones, el golpe para los sectores que se benefician con un dólar barato, y algunos recortes en las empresas afectadas ya han sido registrados por los colombianos comunes y corrientes. Los expertos en análisis de encuestas consideran que en el largo plazo hay una relación entre la situación económica y la popularidad de los gobernantes. En un escenario de menor crecimiento e incertidumbre externa es más difícil recuperar la popularidad del presidente que en las épocas de vacas gordas.

Hay otra variable que, además de la economía, es determinante del nivel de aprobación de los ciudadanos sobre la gestión presidencial: el clima de optimismo. Y en el caso del presidente Santos, ese sentimiento también le hace daño. Solo una cuarta parte de los colombianos –25 por ciento- dice que las cosas en el país van por buen camino. La cifra es dos puntos mejor que en el mes de abril, cuando se llevó a cabo la última medición, pero la pequeña diferencia cabe dentro del margen de error.

De hecho, la cifra coincide con los puntos más bajos a los que ha caído el optimismo de los colombianos desde los tiempos del gobierno de Andrés Pastrana. Y es menor que casi todas las coyunturas por las que ha atravesado el presidente Santos, con excepción del momento del paro agrario. Las etapas que se caracterizan por un mal ambiente tienden a producir un descenso general en la imagen de los políticos, no solo del gobierno, y en general de todos los indicadores sobre aprobación o simpatía hacia los líderes y las instituciones. En el caso del expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, aunque conserva una percepción positiva más alta que la negativa, también se deterioró en esta última encuesta: bajó dos puntos la positiva y subió tres en la negativa.

Hay, sin embargo, dos hechos curiosos. Por una parte, las expectativas de los colombianos sobre su vida personal no son tan malas como su imagen sobre la situación del país. Solo un 13 por ciento piensa que está empeorando, mientras que un 48 por ciento considera que está mejorando. También llama la atención que los estratos más pesimistas son el bajo y el alto, mientras que la clase media presenta una cifra menor de pesimismo: 69 por ciento, inferior al 75 por ciento del promedio nacional.

La encuesta reitera también que hay una relación entre la imagen del presidente Juan Manuel Santos y la situación del proceso de paz con las FARC. Al fin y al cabo, en la campaña electoral de 2014 –y, en especial, en la segunda vuelta- esa fue la bandera proselitista de Santos y el punto de convergencia para construir la alianza que lo llevó a la victoria, después de haber perdido con Óscar Iván Zuluaga en la primera vuelta. La investigación incluyó toda una batería de preguntas sobre lo que piensan los colombianos acerca de los diálogos de La Habana. La conclusión es que se mantienen la desconfianza y el pesimismo.

En términos generales, la imagen negativa del proceso no se ha modificado. El mismo 69 por ciento que en abril se declaraba pesimista sobre las negociaciones vuelve a manifestarse en esta medición. Y los optimistas –29 por ciento– también son los mismos. La encuesta se llevó a cabo en un momento crítico, pues desde la muerte de 11 soldados en el Cauca a mediados de abril se produjo la mayor escalada de hechos de violencia, causados por el conflicto interno, en muchos años. Aunque en el momento de recolección de los datos las FARC ya habían anunciado un cese unilateral del fuego, que empezaría el 20 de julio, todavía estaban muy frescas las imágenes de derrames petroleros en el sur del país y de otras acciones de violencia. El presidente Santos anunció el 18 de julio una suspensión de bombardeos, y las dos partes sentadas en La Habana se comprometieron con acciones de desescalamiento y con acelerar las negociaciones para un cese al fuego bilateral y definitivo. Todo indica, según la encuesta, que los colombianos no han asimilado estas decisiones.

La experiencia demuestra que la opinión sobre el proceso de paz es volátil. Se mueve dentro de rangos que se acercan más al pesimismo que al optimismo, pero reacciona a los cambios. También se ha visto que las cifras sobre percepción pública se deterioran de manera muy rápida cuando se presentan hechos de violencia o momentos críticos, y la recuperación –cuando hay anuncios positivos o gestos de paz entre las partes- es más lenta. Eso es lo que puede haber pasado: esta medición es una fotografía del ánimo de los colombianos después del incremento en el volumen de actos de guerra.

Lo anterior explica el escepticismo que refleja la encuesta sobre el anuncio de un cese unilateral al fuego por parte de las FARC. En primer lugar, la imagen de ese grupo guerrillero es muy negativa. Así lo considera un 91 por ciento de los entrevistados y esos niveles se han mantenido, con pequeñas oscilaciones, desde hace varios años. En la coyuntura presente esa mala calificación se ha agravado. Un 81 por ciento afirma que no le cree a las FARC y un 80 por ciento dice que ese grupo no va a cumplir la tregua unilateral que anunció a partir del 20 de julio. Ante la pregunta sobre a quién favorecería un cese bilateral, un 24 por ciento responde que a las FARC, un 16 al gobierno y un 60 a ambos por igual.

La pésima imagen de las FARC es un problema, también, para el gobierno. En un panorama tan oscuro para la guerrilla, los ciudadanos no están dispuestos a hacer concesiones, y no creen en la conveniencia de que se acepten gestos conciliatorios hacia ella. El anuncio conjunto de buscar una disminución de los combates y hostilidades, que se acelere un posible cese al fuego bilateral y se asuma un plazo de cuatro meses para evaluar el proceso fue visto por los analistas como un paso hacia la superación de la crisis de los diálogos, pero no cambió la percepción de los ciudadanos: un 67 por ciento dijo que se siente pesimista con el proceso, incluso después del comunicado conjunto. Es decir, los anuncios no cambiaron nada. Y ante la pregunta sobre cuál sería el plazo aceptable para terminar las negociaciones, el mayor número -35 por ciento- dice que debería ser de inmediato. Solo una cuarta parte -25 por ciento- afirma que las conversaciones deben durar el tiempo necesario, siempre y cuando lleguen a un acuerdo para terminar la guerra.

La gente no quiere concesiones. Un elocuente 72 por ciento desaprueba que el gobierno disminuya las acciones militares en el territorio nacional como respuesta al cese unilateral de las FARC. Y se mantiene el rechazo amplio, que ya se había detectado en el pasado, a la posibilidad de que los miembros de la guerrilla, una vez culminado un acuerdo, no vayan a la cárcel y participen en política. Los números son contundentes: un 74 por ciento se opone a esta última alternativa, y un 90 por ciento afirma que deben ir a la cárcel para pagar por sus delitos.

Algunos datos de la encuesta indican, sin embargo, que hay una actitud contradictoria hacia el proceso de paz. De una parte, porque a pesar de las críticas a los diálogos, de la desconfianza hacia los alzados en armas, y del pesimismo, la mayoría –un 57 por ciento– es partidaria de que se abra una mesa paralela con el ELN para buscar un fin negociado al conflicto. También llama la atención que la oposición al proceso de paz por parte de quienes exigen condiciones más severas para el diálogo no resulta bien evaluada: el 63 por ciento considera que ha sido negativa para el país. Lo anterior apoya la hipótesis que se ha planteado desde el inicio del actual proceso de paz en el sentido de que los colombianos quieren la paz, pero no están dispuestos a pagar un precio alto por ella.

Lo cierto es que esta ambigüedad y la fase crítica –en vías de superación– que ha golpeado a los diálogos también han afectado la imagen del presidente Juan Manuel Santos. Es un hecho que el primer mandatario está invirtiendo su capital político en La Habana. Y es probable, en consecuencia, que sus posibilidades futuras de recuperación dependan del curso que finalmente tengan las negociaciones. Aunque el panorama para Santos, justo cuando cumple su quinto año en la Presidencia, es negativo, en la encuesta hay dos elementos que se mueven en su favor: la satisfacción con su trabajo aumentó tres puntos –de 25 a 28 por ciento– desde abril. Y también se incrementó la cifra de los encuestados que piensan que el presidente sí está cumpliendo lo que prometió: subió 6 puntos, de 19 a 25 por ciento. Habrá que ver, en los próximos meses, si la mejoría en la salud que han tenido las negociaciones con las FARC se consolida y eso impulsa una recuperación de la imagen del primer mandatario.

Pero bajo una visión más amplia, no es mucho lo que ha cambiado. La mayor parte de los jefes políticos y personajes están en niveles bajos. Nadie obtuvo mejoras sustanciales desde abril, cuando se hizo la última encuesta. El gobierno se raja en casi todas las áreas, con excepción de relaciones internacionales y vivienda. Y las instituciones están golpeadas por un grave problema de imagen que, si se prolonga, podría generar una crisis de legitimidad: el Congreso, las cortes y los partidos siguen en el sótano de la tabla de imagen. Las Fuerzas Armadas conservan buenos registros.

La encuesta de julio, en síntesis, es casi idéntica a la de abril. No hay grandes cambios ni fenómenos en la política, o en la opinión, que hayan sacudido el tablero. Quizás porque el sacudón se había producido antes, con la matanza de los soldados en el Cauca por parte de las FARC.

Al terminar el primer año del segundo cuatrienio del presidente Juan Manuel Santos, las perspectivas futuras en materia de imagen son contradictorias. Dependerán de si la economía retoma el impulso que traía hasta el año pasado, o si sigue en la actual coyuntura incierta. Y de la paz, pero no tanto porque desde La Habana lleguen anuncios, sino de que estos se traduzcan en acciones en el territorio nacional. Y de la forma como el presidente enfrente los tres años de gobiernos que le quedan: de sus logros, posibilidades de diversificar la agenda y no depender tanto de las FARC, de la forma como se lleve a cabo el debate electoral y de las estrategias de comunicaciones de la Casa de Nariño. De esas variables dependerá que la próxima encuesta de Colombia Opina –en tres meses– no vuelva a reproducir las cifras de las últimas dos. 

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