La discusión del Presupuesto de 2016 es el proyecto clave en materia legislativa. El Congreso de la República no tiene, por ahora, una agenda económica abundante.
Al gobierno Santos le llegó el momento de mostrar sus cartas en materia fiscal. ¿Se le medirá la Casa de Nariño a tomar las decisiones necesarias para impedir una destorcida?
La situación económica que atraviesa el país exige cada vez más de un análisis tranquilo y profundo que indique soluciones a los problemas que está padeciendo el aparato productivo nacional. Analistas y líderes de opinión ya se han puesto a la tarea. Lo que Colombia está enfrentando es el resultado de acumular, durante un tiempo importante, déficits gemelos; es decir, un amplio hueco en las cuentas externas y un déficit fiscal estructural.
Una de las conclusiones más claras es que se necesita iniciar un plan de ajuste que impida que las cosas se salgan de cauce y que el impacto que sufra la economía sea muy grande.
Según el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en 2016 el Gobierno tendrá que buscar recursos para cubrir un déficit de $31 billones (3,6% del PIB). Apretarse el cinturón parece inevitable y a nadie le puede caber duda de que lo que toca es sanear las cuentas. Por el momento, el indicador que está mostrando más claramente el tamaño del problema es el déficit en cuenta corriente, pues ya llegó a 7% del PIB en el primer trimestre de este año y, aunque muchos lo ven corrigiendo a la baja en el resto del año, es claro que en el mejor de los escenarios estará cerca al 6%, nivel aún preocupante. Armando Montenegro, chairman de BTG Pactual, advirtió durante un evento en el que se analizaron las perspectivas del dólar, que estos niveles de déficit externo ya parecen ser estructurales. Además, según el propio Marco Fiscal de Mediano Plazo, la cuenta corriente mantendrá una senda deficitaria cercana a 4,5% del PIB hasta 2026.
Esto significa que el Gobierno sigue considerando que habrá la suficiente inversión para financiar un hueco de esas dimensiones. El problema es que la inversión extranjera mostró una caída de 26% en el primer trimestre de este año, obviamente porque la inversión petrolera se desplomó prácticamente en esa misma proporción.
Si bien el ajuste en la cuenta corriente ya se está dando, lo cual queda demostrado con la devaluación del peso por encima de los $2.700 y una caída en las importaciones, lo preocupante es que las exportaciones no están respondiendo al mismo ritmo. El país se va a demorar un par de años en preparar de nuevo su aparato productivo para competir en el exterior, pues al fin de cuentas la reciente devaluación del peso, que le suma competitividad de precio a las exportaciones colombianas, es el cierre de un ciclo de revaluación que duró prácticamente una década.
La codirectora del Banco de la República, María Fernanda Maiguashca, aseguró, refiriéndose a la situación económica de los últimos años, que “no veníamos de un mundo en el que las exportaciones nos estuvieran generando crecimiento”. Si el ajuste en el comercio internacional no nos garantiza el saneamiento de las cuentas, es necesario concluir que el choque en los “términos de intercambio” hay que acompañarlo con un ajuste en el gasto. En este frente, el que tiene la obligación de dar ejemplo es el gobierno central; en sus manos está equilibrar la ecuación.
Aquí es donde no se han visto buenas señales. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Sergio Clavijo, en su más reciente informe semanal señaló que de aquí a 2018 los faltantes fiscales son de 2,6% del PIB y que de ahí a 2022 aumentan a 3,5% del PIB.
Al interior del Gobierno parece haber conciencia del tema. En las próximas semanas el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicará ante el Congreso de la República el Proyecto de Presupuesto de 2016 y ya anunció que incluirá un recorte a la inversión cercano a los $5 billones. Sin embargo, no se ha hablado de recorte en gastos de funcionamiento, por lo que el ajuste anunciado parece ser insuficiente.
Por el lado del gasto es necesario considerar qué rubros pueden ser recortados en este nuevo escenario. Por ejemplo, el Gobierno debería revivir el debate sobre los onerosos y disfrazados subsidios a los combustibles. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) cerró 2014 con un déficit acumulado durante los últimos seis años por $5 billones. Eso equivale al recorte de inversión que anunció el ministro Cárdenas. Es decir, las medidas de ajuste presupuestal que invoca el Gobierno apenas le alcanzan para cubrir el déficit que abrió en los últimos años una política completamente regresiva como la de subsidiar los combustibles. Liberar los precios de la gasolina y el ACPM podría significar ahorros de por lo menos $1 billón anual y daría una señal clara de compromiso del Gobierno con mantener la salud de las finanzas públicas.
De otra parte, es necesario mirar las condiciones en las que actualmente se están entregando subsidios. Todo parece indicar que la economía colombiana está altamente subsidiada y esto no solo representa un gasto para el erario, sino que genera incentivos que afectan la competitividad en muchos sectores. Aquí es necesario hacer bien las cuentas.
Sin lugar a dudas, la otra decisión que tiene que adoptar el Gobierno es medírsele a presentar la reforma tributaria estructural este semestre: modernizar el estatuto parece ser una salida inevitable. Además de aliviar las cargas al sector productivo, corresponde ampliar la base de contribuyentes y modificar el estatuto del IVA para generar mayores ingresos.
Estas son apenas unas de las medidas propuestas. Muchos analistas ya lo están advirtiendo con claridad: mientras más se demoren las autoridades en tomar el toro por los cuernos, las necesidades de ajuste serán más grandes. Una de las costumbres que hay que erradicar de la cultura política colombiana es la de aplazar las decisiones que, por muy dolorosas que sean, despejan el panorama para los próximos años. El Gobierno tiene la última palabra.
Una de las conclusiones más claras es que se necesita iniciar un plan de ajuste que impida que las cosas se salgan de cauce y que el impacto que sufra la economía sea muy grande.
Según el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en 2016 el Gobierno tendrá que buscar recursos para cubrir un déficit de $31 billones (3,6% del PIB). Apretarse el cinturón parece inevitable y a nadie le puede caber duda de que lo que toca es sanear las cuentas. Por el momento, el indicador que está mostrando más claramente el tamaño del problema es el déficit en cuenta corriente, pues ya llegó a 7% del PIB en el primer trimestre de este año y, aunque muchos lo ven corrigiendo a la baja en el resto del año, es claro que en el mejor de los escenarios estará cerca al 6%, nivel aún preocupante. Armando Montenegro, chairman de BTG Pactual, advirtió durante un evento en el que se analizaron las perspectivas del dólar, que estos niveles de déficit externo ya parecen ser estructurales. Además, según el propio Marco Fiscal de Mediano Plazo, la cuenta corriente mantendrá una senda deficitaria cercana a 4,5% del PIB hasta 2026.
Esto significa que el Gobierno sigue considerando que habrá la suficiente inversión para financiar un hueco de esas dimensiones. El problema es que la inversión extranjera mostró una caída de 26% en el primer trimestre de este año, obviamente porque la inversión petrolera se desplomó prácticamente en esa misma proporción.
Si bien el ajuste en la cuenta corriente ya se está dando, lo cual queda demostrado con la devaluación del peso por encima de los $2.700 y una caída en las importaciones, lo preocupante es que las exportaciones no están respondiendo al mismo ritmo. El país se va a demorar un par de años en preparar de nuevo su aparato productivo para competir en el exterior, pues al fin de cuentas la reciente devaluación del peso, que le suma competitividad de precio a las exportaciones colombianas, es el cierre de un ciclo de revaluación que duró prácticamente una década.
La codirectora del Banco de la República, María Fernanda Maiguashca, aseguró, refiriéndose a la situación económica de los últimos años, que “no veníamos de un mundo en el que las exportaciones nos estuvieran generando crecimiento”. Si el ajuste en el comercio internacional no nos garantiza el saneamiento de las cuentas, es necesario concluir que el choque en los “términos de intercambio” hay que acompañarlo con un ajuste en el gasto. En este frente, el que tiene la obligación de dar ejemplo es el gobierno central; en sus manos está equilibrar la ecuación.
Aquí es donde no se han visto buenas señales. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Sergio Clavijo, en su más reciente informe semanal señaló que de aquí a 2018 los faltantes fiscales son de 2,6% del PIB y que de ahí a 2022 aumentan a 3,5% del PIB.
Al interior del Gobierno parece haber conciencia del tema. En las próximas semanas el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicará ante el Congreso de la República el Proyecto de Presupuesto de 2016 y ya anunció que incluirá un recorte a la inversión cercano a los $5 billones. Sin embargo, no se ha hablado de recorte en gastos de funcionamiento, por lo que el ajuste anunciado parece ser insuficiente.
Por el lado del gasto es necesario considerar qué rubros pueden ser recortados en este nuevo escenario. Por ejemplo, el Gobierno debería revivir el debate sobre los onerosos y disfrazados subsidios a los combustibles. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) cerró 2014 con un déficit acumulado durante los últimos seis años por $5 billones. Eso equivale al recorte de inversión que anunció el ministro Cárdenas. Es decir, las medidas de ajuste presupuestal que invoca el Gobierno apenas le alcanzan para cubrir el déficit que abrió en los últimos años una política completamente regresiva como la de subsidiar los combustibles. Liberar los precios de la gasolina y el ACPM podría significar ahorros de por lo menos $1 billón anual y daría una señal clara de compromiso del Gobierno con mantener la salud de las finanzas públicas.
De otra parte, es necesario mirar las condiciones en las que actualmente se están entregando subsidios. Todo parece indicar que la economía colombiana está altamente subsidiada y esto no solo representa un gasto para el erario, sino que genera incentivos que afectan la competitividad en muchos sectores. Aquí es necesario hacer bien las cuentas.
Sin lugar a dudas, la otra decisión que tiene que adoptar el Gobierno es medírsele a presentar la reforma tributaria estructural este semestre: modernizar el estatuto parece ser una salida inevitable. Además de aliviar las cargas al sector productivo, corresponde ampliar la base de contribuyentes y modificar el estatuto del IVA para generar mayores ingresos.
Estas son apenas unas de las medidas propuestas. Muchos analistas ya lo están advirtiendo con claridad: mientras más se demoren las autoridades en tomar el toro por los cuernos, las necesidades de ajuste serán más grandes. Una de las costumbres que hay que erradicar de la cultura política colombiana es la de aplazar las decisiones que, por muy dolorosas que sean, despejan el panorama para los próximos años. El Gobierno tiene la última palabra.
