El Gobierno no debe incrementar los impuestos a la industria pues esto terminará afectando el empleo de calidad y la remuneración al capital humano, que generan mayores retornos en la clase media y en los ciudadanos que aspiran a ella.
A finales de este año la agenda legislativa tendrá la reforma tributaria estructural como uno de sus principales puntos. Esta se promoverá en una coyuntura en la que el sector fabril se contrajo en un 2,9% frente al año pasado; la industria de refinación de petróleo cayó hasta en un 18,9%, textiles cayó en un 12,1% y las perspectivas de crecimiento no son buenas. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado que Colombia crecerá al 3,4% frente al 4,6% que se había estimado y según la ANDI la tasa efectiva de tributación ronda el 75%.
En este escenario la industria no puede pagar un peso más de impuestos, imponer nuevos gravámenes a este sector terminará afectando el empleo de calidad y la remuneración al capital humano, que generan mayores retornos en la clase media y en los ciudadanos que aspiran a ella. Una real propuesta estructural debe enfocarse en gravar a quienes son poseedores de riqueza realmente y en corregir graves errores en el sistema que generan fuertes inequidades. El escenario ideal sería aquel donde todo lo que se redistribuye de las empresas sea gravado de forma congruente con la riqueza de los individuos y no con el patrimonio de sus compañías.
Por lo anterior han sonado muchas propuestas enfocadas a gravar la renta con un número menor de exenciones, como lo hace el CREE. Pero esto debe hacerse de forma juiciosa. Cuando se calculan tasas efectivas de tributación sobre las empresas y se hacen comparaciones internacionales, se ignora el hecho de que, según la ANDI hay cerca de 500 mil personas jurídicas que pagan impuestos de las cuales cerca de 3.500 cubren el 76% de los impuestos de renta. Esto hace que haya sectores productivos con tasas efectivas de tributación subestimadas que el gobierno termina gravando excesivamente. Por eso es que los esquemas de desmonte de exenciones se deben hacer con análisis de impacto económico y fiscal, de tal forma que se hagan en sectores cuyos niveles de inversión sean relativamente inelásticos a los cambios tributarios. Si esto no se hace, terminaremos afectando empresas que sí impulsan la inversión y premiando a aquellas que no responden a los beneficios tributarios.
Al final los problemas realmente estructurales del sistema tributario nacional se ven de forma clara cuando se analiza el recaudo en función del nivel de ingreso de los colombianos. En principio un país recauda impuestos para distribuirlos de forma progresiva en la sociedad, de tal forma que aquellos que se ven beneficiados por grandes retornos a su inversión contribuyan al desarrollo de los sectores menos beneficiados.
Al ver los análisis de expertos como Marcela Meléndez o Guillermo Perry, observamos datos chocantes. En Colombia, la distribución del ingreso no cambia cuando los recursos de los colombianos pasan por el sistema tributario; en otros países el GINI, una vez se ha redistribuido el ingreso por vía tributaria, cae en más de 10 puntos, mientras que en nuestro país se mantiene constante. Además, esta situación se agrava si consideramos que el decil que más ve reducido su ingreso por el cobro de impuestos es el primero, o sea, el 10% más pobre. Y uno de los que menos ve su ingreso reducido es el último, el 10% de la población más rica, que acumula el 46,4% del ingreso nacional. El mayor culpable de esta regresividad es el IVA, pues los impuestos directos, aunque con muchas fallas, muestran algo de progresividad.
Entonces es claro que hay que redefinir la base gravable del IVA, así como sus tarifas. De tal forma que no sean los pobres los que paguen más proporción de su ingreso. Será el Ministerio de Hacienda y la junta de expertos que nombró el Gobierno Nacional quienes determinen las relaciones correctas entre base y tarifa. Pero el objetivo debe ser claro, introducir criterios de progresividad que consulten la capacidad de pago de los sujetos gravados con este impuesto. Los cambios impositivos deben resultar en políticas con un impacto directo en la disminución de la desigualdad.
Hay sectores del país que no aguantan más impuestos, esta reforma estructural debe garantizar que Colombia esté mejor blindada a choques externos como el que sufrimos recientemente si queremos financiar el posconflicto. La realidad es que esta financiación nos puede costar más de 80 billones de pesos y que sectores como la industria no pueden aportar un punto más en sus tasas de tributación pues ya han empezado a mostrar signos de contracción. Si se pretende que estos sean los sectores que aporten gran parte de los 3 puntos porcentuales adicionales de crecimiento del PIB que se estima financien la paz, el Gobierno no puede seguir golpeándolos.
En este escenario la industria no puede pagar un peso más de impuestos, imponer nuevos gravámenes a este sector terminará afectando el empleo de calidad y la remuneración al capital humano, que generan mayores retornos en la clase media y en los ciudadanos que aspiran a ella. Una real propuesta estructural debe enfocarse en gravar a quienes son poseedores de riqueza realmente y en corregir graves errores en el sistema que generan fuertes inequidades. El escenario ideal sería aquel donde todo lo que se redistribuye de las empresas sea gravado de forma congruente con la riqueza de los individuos y no con el patrimonio de sus compañías.
Por lo anterior han sonado muchas propuestas enfocadas a gravar la renta con un número menor de exenciones, como lo hace el CREE. Pero esto debe hacerse de forma juiciosa. Cuando se calculan tasas efectivas de tributación sobre las empresas y se hacen comparaciones internacionales, se ignora el hecho de que, según la ANDI hay cerca de 500 mil personas jurídicas que pagan impuestos de las cuales cerca de 3.500 cubren el 76% de los impuestos de renta. Esto hace que haya sectores productivos con tasas efectivas de tributación subestimadas que el gobierno termina gravando excesivamente. Por eso es que los esquemas de desmonte de exenciones se deben hacer con análisis de impacto económico y fiscal, de tal forma que se hagan en sectores cuyos niveles de inversión sean relativamente inelásticos a los cambios tributarios. Si esto no se hace, terminaremos afectando empresas que sí impulsan la inversión y premiando a aquellas que no responden a los beneficios tributarios.
Al final los problemas realmente estructurales del sistema tributario nacional se ven de forma clara cuando se analiza el recaudo en función del nivel de ingreso de los colombianos. En principio un país recauda impuestos para distribuirlos de forma progresiva en la sociedad, de tal forma que aquellos que se ven beneficiados por grandes retornos a su inversión contribuyan al desarrollo de los sectores menos beneficiados.
Al ver los análisis de expertos como Marcela Meléndez o Guillermo Perry, observamos datos chocantes. En Colombia, la distribución del ingreso no cambia cuando los recursos de los colombianos pasan por el sistema tributario; en otros países el GINI, una vez se ha redistribuido el ingreso por vía tributaria, cae en más de 10 puntos, mientras que en nuestro país se mantiene constante. Además, esta situación se agrava si consideramos que el decil que más ve reducido su ingreso por el cobro de impuestos es el primero, o sea, el 10% más pobre. Y uno de los que menos ve su ingreso reducido es el último, el 10% de la población más rica, que acumula el 46,4% del ingreso nacional. El mayor culpable de esta regresividad es el IVA, pues los impuestos directos, aunque con muchas fallas, muestran algo de progresividad.
Entonces es claro que hay que redefinir la base gravable del IVA, así como sus tarifas. De tal forma que no sean los pobres los que paguen más proporción de su ingreso. Será el Ministerio de Hacienda y la junta de expertos que nombró el Gobierno Nacional quienes determinen las relaciones correctas entre base y tarifa. Pero el objetivo debe ser claro, introducir criterios de progresividad que consulten la capacidad de pago de los sujetos gravados con este impuesto. Los cambios impositivos deben resultar en políticas con un impacto directo en la disminución de la desigualdad.
Hay sectores del país que no aguantan más impuestos, esta reforma estructural debe garantizar que Colombia esté mejor blindada a choques externos como el que sufrimos recientemente si queremos financiar el posconflicto. La realidad es que esta financiación nos puede costar más de 80 billones de pesos y que sectores como la industria no pueden aportar un punto más en sus tasas de tributación pues ya han empezado a mostrar signos de contracción. Si se pretende que estos sean los sectores que aporten gran parte de los 3 puntos porcentuales adicionales de crecimiento del PIB que se estima financien la paz, el Gobierno no puede seguir golpeándolos.
