En la mira de la Corte Constitucional están las pensiones altas (por vejez) que tienen actualmente 521 exfuncionarios del Congreso de La República. Estos reciben al mes por parte de Fonprecon (Fondo de Previsión Social del Congreso de La República) más de 16 salarios mínimos legales vigentes, es decir, pensiones superiores a los $10 millones mensuales. En su mayoría son hombres (88%), frente a un 12% de representación de las mujeres.
Cuerpo de la Noticia:
Estas cifras toman vital coyuntura ante la solicitud de nulidad de la sentencia C-258 de 2013 que fijó nuevas reglas en el régimen especial de pensiones a Congresistas y Magistrados, donde se estableció un tope de 25 salarios mínimos ($14 millones).
Si bien este expediente está siendo fila en la Sala Plena de la Corte Constitucional a raíz del escándalo que traviesa el alto tribunal, por cuenta del magistrado Jorge Pretelt, este será un tema que deberá decidirse en las próximas semanas.
El 18 de junio de 2013, Javier Henao, presidente de Asomagister presentó la primera solicitud de nulidad y posteriormente, Marta Isabel Castañeda, Viceprocuradora General de la Nación con función en ese entonces de Procuradora Encargada remitió el 21 de junio la segunda solicitud.
El abogado constitucionalista y docente de la Universidad Icesi, Jorge Andrés Illera explica que el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 señala que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno, pero cuando se habla de tema de nulidad se hace referencia violación grave de debido proceso en el trámite de la sentencia y no es común ver que la Corte Constitucional se retracte de una decisión que haya tomado con antelación”.
Precisamente en su solicitud, Castañeda detalla que “se incurre en violación al debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior, en tanto se vulneraron directamente los artículos 48, 53, 93, 237 Y 241 de la Constitución Política, se aplicó indebidamente el principio de la no regresividad en materia pensional y se desconoció l0 dispuesto en diferentes normas del Decreto 2067 de 1991 y en distintas reglas constitucionales reconocidas y desarrolladas en su propia jurisprudencia”.
La histórica decisión tomada en ese entonces por el alto tribunal y que fue liderada por el cuestionado magistrado Jorge Pretelt no solo puso techo a las polémicas pensiones sino que enterró el esquema por el que venían pensionándose parlamentarios, magistrados, fiscales, procuradores, entre otros.
Manuel Quinche, abogado constitucionalista de la Universidad del Rosario comenta que hubo un tiempo en que las personas que ingresaban al Congreso, no propiamente senadores, les entraban al régimen especial de pensiones y con ellos, resultaban beneficiados de jubilaciones exorbitantes obtenidas fraudulentamente. Algunos exfuncionarios que alcanzaban a recibir pensiones por encima de $25 millones.
La sentencia que fue unánime y cuyos efectos fiscales en un cálculo preliminar se contabilizaron en un ahorro cercano a $50.000 millones al año, invocó los principios de equidad, solidaridad e igualdad y sobre ésta base, el Alto Tribunal ordenó reliquidar todas las jubilaciones otorgadas al amparo del régimen especial de los congresistas.
El senador del Partido de la U, Ángel Custodio Cabrera, considera que sí tiene que haber un tope en las pensiones, aunque puntualiza que el único inconveniente es que “hay que cuestionarse el sentido de seguir cotizando con el último año, pues como todos los colombianos, deberían cotizar con el promedio de los últimos 10 años”.
Habrá que estar pendiente de cómo desemboca el escándalo del magistrado Pretelt, pues sus colegas de la Corte manifestaron que no volverían a sesionar hasta que él no se retire de su cargo.
Cuando se reanuden las sesiones de la Sala, los Magistrados, María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio no podrán participar de la decisión pues se encuentran impedidos.
Otras cifras
Se calcula que en el sistema general de pensiones al 31 de diciembre de 2014 , 93,79% de los pensionados correspondía a los inscritos en el Fondo de Régimen de Prima Media o Régimen Público (1 millón de personas) y el porcentaje restante está inscrito al Fondo de Pensiones Obligatorias (78.498 personas).
De acuerdo a la Superintendencia Financiera existen 3.100 personas pensionados en fondos públicos por vejez que reciben mesadas superiores a 16 salarios mínimos. Aquí sobresale Colpensiones con 1.797 hombres y con 523 mujeres, entre otros.
Aproximadamente 20% de los colombianos que tienen una pensión más alta reciben 80% de los subsidios que entrega el Estado, mientras que 80% de los jubilados, que ganan apenas entre uno y dos salarios mínimos, les llega la porción más baja del subsidio.
Los fondos
A 31 de diciembre de 2014, el total de los recursos administrados por los diferentes tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias (FPO), los Fondos de Pensiones Voluntarias (FPV), los Fondos de Cesantías (FC), y los Fondos de Reservas de Pensiones del Régimen de Prima Media (FRPM) ascendió a $181,14 billones. Con respecto al mismo mes del año anterior, representó un aumento de 16,81%, 5,63%, 13,22% y -16,31% respectivamente. El total de recursos administrados por los Fondo de Pensiones Obligatorias ($ 12,02 billones) corresponden a recursos del Fondo de Pensión Mínima.
Cuerpo de la Noticia:
Estas cifras toman vital coyuntura ante la solicitud de nulidad de la sentencia C-258 de 2013 que fijó nuevas reglas en el régimen especial de pensiones a Congresistas y Magistrados, donde se estableció un tope de 25 salarios mínimos ($14 millones).
Si bien este expediente está siendo fila en la Sala Plena de la Corte Constitucional a raíz del escándalo que traviesa el alto tribunal, por cuenta del magistrado Jorge Pretelt, este será un tema que deberá decidirse en las próximas semanas.
El 18 de junio de 2013, Javier Henao, presidente de Asomagister presentó la primera solicitud de nulidad y posteriormente, Marta Isabel Castañeda, Viceprocuradora General de la Nación con función en ese entonces de Procuradora Encargada remitió el 21 de junio la segunda solicitud.
El abogado constitucionalista y docente de la Universidad Icesi, Jorge Andrés Illera explica que el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 señala que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno, pero cuando se habla de tema de nulidad se hace referencia violación grave de debido proceso en el trámite de la sentencia y no es común ver que la Corte Constitucional se retracte de una decisión que haya tomado con antelación”.
Precisamente en su solicitud, Castañeda detalla que “se incurre en violación al debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior, en tanto se vulneraron directamente los artículos 48, 53, 93, 237 Y 241 de la Constitución Política, se aplicó indebidamente el principio de la no regresividad en materia pensional y se desconoció l0 dispuesto en diferentes normas del Decreto 2067 de 1991 y en distintas reglas constitucionales reconocidas y desarrolladas en su propia jurisprudencia”.
La histórica decisión tomada en ese entonces por el alto tribunal y que fue liderada por el cuestionado magistrado Jorge Pretelt no solo puso techo a las polémicas pensiones sino que enterró el esquema por el que venían pensionándose parlamentarios, magistrados, fiscales, procuradores, entre otros.
Manuel Quinche, abogado constitucionalista de la Universidad del Rosario comenta que hubo un tiempo en que las personas que ingresaban al Congreso, no propiamente senadores, les entraban al régimen especial de pensiones y con ellos, resultaban beneficiados de jubilaciones exorbitantes obtenidas fraudulentamente. Algunos exfuncionarios que alcanzaban a recibir pensiones por encima de $25 millones.
La sentencia que fue unánime y cuyos efectos fiscales en un cálculo preliminar se contabilizaron en un ahorro cercano a $50.000 millones al año, invocó los principios de equidad, solidaridad e igualdad y sobre ésta base, el Alto Tribunal ordenó reliquidar todas las jubilaciones otorgadas al amparo del régimen especial de los congresistas.
El senador del Partido de la U, Ángel Custodio Cabrera, considera que sí tiene que haber un tope en las pensiones, aunque puntualiza que el único inconveniente es que “hay que cuestionarse el sentido de seguir cotizando con el último año, pues como todos los colombianos, deberían cotizar con el promedio de los últimos 10 años”.
Habrá que estar pendiente de cómo desemboca el escándalo del magistrado Pretelt, pues sus colegas de la Corte manifestaron que no volverían a sesionar hasta que él no se retire de su cargo.
Cuando se reanuden las sesiones de la Sala, los Magistrados, María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio no podrán participar de la decisión pues se encuentran impedidos.
Otras cifras
Se calcula que en el sistema general de pensiones al 31 de diciembre de 2014 , 93,79% de los pensionados correspondía a los inscritos en el Fondo de Régimen de Prima Media o Régimen Público (1 millón de personas) y el porcentaje restante está inscrito al Fondo de Pensiones Obligatorias (78.498 personas).
De acuerdo a la Superintendencia Financiera existen 3.100 personas pensionados en fondos públicos por vejez que reciben mesadas superiores a 16 salarios mínimos. Aquí sobresale Colpensiones con 1.797 hombres y con 523 mujeres, entre otros.
Aproximadamente 20% de los colombianos que tienen una pensión más alta reciben 80% de los subsidios que entrega el Estado, mientras que 80% de los jubilados, que ganan apenas entre uno y dos salarios mínimos, les llega la porción más baja del subsidio.
Los fondos
A 31 de diciembre de 2014, el total de los recursos administrados por los diferentes tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias (FPO), los Fondos de Pensiones Voluntarias (FPV), los Fondos de Cesantías (FC), y los Fondos de Reservas de Pensiones del Régimen de Prima Media (FRPM) ascendió a $181,14 billones. Con respecto al mismo mes del año anterior, representó un aumento de 16,81%, 5,63%, 13,22% y -16,31% respectivamente. El total de recursos administrados por los Fondo de Pensiones Obligatorias ($ 12,02 billones) corresponden a recursos del Fondo de Pensión Mínima.
