“El liquidador me dice que el problema de activos en Interbolsa es bastante dramático. La situación no va a ser la más halagüeña. Esta gente tiene unos pasivos cercanos a los 340.000 millones de pesos y es muy posible que una parte significativa se quede insoluta”.
Con esa franqueza describe el nuevo Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, el tortuoso camino que aún les espera a las víctimas del colapso de Interbolsa, el grupo empresarial que lideraba Rodrigo Jaramillo Correa, actualmente cobijado con una medida de detención domiciliaria y a quien la Fiscalía le ha imputado delitos como concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies, administración desleal y operaciones no autorizadas.
De acuerdo con el Supersociedades, para responder por esos 340.000 millones de pesos de los damnificados, se cuenta, entre las principales fuentes de pago, con unos 80.000 millones de pesos de los Bonos de Luxemburgo, acciones de empresas como la aerolínea Easyfly, Fabricato, bonos Metrolínea y algo de efectivo. También hay pasivos directos en cabeza de Interbolsa y, sumando todo, “los activos que hay para responder están muy por debajo del monto de los pasivos”, reconoce el funcionario.
La recuperación del dinero que está representado en los Bonos de Luxemburgo aún está pendiente de un trámite. Reyes Villamizar le dijo a El Colombiano que la justicia de ese país aún no ha autorizado la modificación del contrato de fiducia inicialmente pactado y que se deriva de la emisión de los bonos. Ese reglamento dice que los pagos se harán en efectivo y, ahora, lo que se quiere es que los créditos se puedan cancelar también en especie.
Se espera que el tema quede finiquitado en este mes y, de ocurrir así, los inversionistas de los Bonos de Luxemburgo podrían recibir, como dación en pago, acciones de Easyfly y Fabricato, por ejemplo.
Los líos de Premium
Por el lado del Fondo Premium Capital las cosas tampoco pintan muy favorables para quienes de buena fe pusieron el dinero bajo la custodia de sus creadores, o sea Juan Carlos Ortíz Zárrate y Tomás Jaramillo Botero, este último hijo del expresidente de Interbolsa.
En efecto, el Supersociedades manifestó que a las víctimas se les debe del orden de 300.000 millones de pesos, de acuerdo con las reclamaciones presentadas y reconocidas dentro del proceso de intervención.
Para honrar esas obligaciones, el funcionario destacó que a 25 personas presuntamente responsables del colapso del Fondo Premium les han embargado bienes que suman 500.000 millones de pesos. Ahí están, por ejemplo, 109.000 millones en bienes inmuebles, inversiones por 124 mil millones y bienes muebles por 752 millones.
Es decir, en principio hasta sobraría plata. Pero no es así. Reyes Villamizar comienza por destacar que “algunos activos no son totalmente recuperables”. El más tóxico es la cartera, que es del orden de 280.000 millones de pesos, la cual –puntualiza el funcionario– está cuantificada por los saldos de capital, o sea sin contabilizar los intereses. Mucho dinero, pero, expresa Reyes Villamizar, “una parte sustancial no es recuperable, es mala o no está debidamente sustentada, no tiene garantías para el cobro y no se puede confiar en que la recuperación sea plena”.
¿En el mejor de los casos, cuánto se recuperaría de esos 500.000 millones de pesos en bienes embargados?
Es muy difícil hacer un cálculo de esa naturaleza, porque todo dependerá de la manera como se comporte la cartera, que representa el valor más importante de los activos. En esa medida, no sería responsable que hiciéramos un cálculo a mano alzada. El interventor sí ha estimado que una parte de esas deudas es cartera mala y que no se va a lograr recuperar todo para cubrir lo que se debe.
¿Parte de esa cartera corresponde, a su vez, a personas cuyos bienes han sido embargados?
Es posible que haya créditos con ellos mismos o con personas vinculadas, porque las operaciones no eran las más ortodoxas y esa práctica, llamaríamos de autopréstamos, es bastante conocida y puede haberse detectado en este caso.
Si esas personas ya tienen bienes embargados, se supone que no tendrán, entonces, con qué pagar créditos.
Es muy posible, puede suceder, pero no nos podemos anticipar al cobro de ese activo, de 280.000 millones de pesos. Es necesario ser prudente con cualquier información sobre el particular, partiendo de la base de que una parte de esa cartera no es recuperable. Ese mensaje es claro, porque, de lo contrario, habríamos tenido un superávit y realmente todavía no podemos dar ese estimado.
Si la plata no alcanza para reunir los 300.000 millones de pesos, ¿qué camino queda?
“La mayoría de las sociedades intervenidas son de riesgo limitado y se podría intentar que los accionistas de las compañías satisfagan esas obligaciones. Pero es difícil si se trata de entidades que no tienen más activos que los que aparecen declarados y los que han podido ser embargados por la Supersociedades. Es incierto lo que pueda incurrir en caso de que no sean suficientes los activos para pagar los pasivos. Una parte puede quedar insoluta, claro, como sucede en cualquier proceso de intervención o liquidación. Esperamos que sea lo mínimo posible”.
¿Qué efecto tiene esto sobre el proceso penal contra los presuntos responsables del colapso de Premium? ¿No lo agrava?
“Claro. Son dos procesos distintos. Si no alcanzan los activos, esto puede representar un agravante en cualquier tipo de procedimiento que se cumpla, incluido el penal”.
