A diferencia de las instituciones que antecedieron en tiempos de la Conquista y la Colonia, el control fiscal hoy se ejerce en nombre de todos los colombianos para impedir que los recursos públicos sean capturados para beneficio particular, o desviados para otros fines.
Los antecedentes de control fiscal en el continente se remontan al descubrimiento de América, con instituciones de la monarquía española encargadas del control de los bienes del rey, extendidas entonces al Nuevo Mundo.
En la Nueva Granada, y emancipados de la Corona, iniciamos los esfuerzos por impedir el fraude y la malversación del erario público, y Bolívar y Santander se vieron obligados a emitir decretos con castigos tan graves como la pena de muerte para quienes atentaran contra el interés público.
Un siglo después de sellada la Independencia, el presidente Pedro Nel Ospina nombró a Enrique Olaya Herrera como ministro Plenipotenciario de Colombia en Washington, con el objetivo de contratar técnicos financieros que nos asesoraran en la búsqueda de salidas a las dificultades económicas y fiscales que atravesaba el país, tras la crisis de 1921.
Los expertos, liderados por Edwin Kemmerer, efectuaron recomendaciones como la organización del Banco de la República, la creación de la Superintendencia Bancaria, la transformación de la Corte de Cuentas en Departamento de Contraloría, y otras medidas de carácter presupuestal y tributario que se tradujeron en leyes.
Luego de la Ley 42 de 1923, que dio origen a la Contraloría General de la República, se crearon contralorías en departamentos y municipios.
Está pendiente que este conjunto de órganos de control opere en un sistema unificado, con participación de entidades de vigilancia y supervisión, y otras autoridades, para combatir eficazmente la corrupción.
El más reciente Informe de Gestión rendido por la contralora general, Sandra Morelli, ante el Congreso y el Presidente de la República, con corte a junio del 2013, señala que la entidad a su cargo, durante los tres años de su administración, “ha evitado pérdidas o conseguido beneficios por más de 13 billones de pesos, representados en beneficios del proceso auditor que ascienden a $6,3 billones (…) y advertencias que alcanzan un valor de $6,8 billones”.
Si se sumaran los beneficios logrados por las contralorías territoriales en todo el país a lo largo de estos años, se reconocería el aporte del control fiscal al desarrollo del país. Pero tampoco se ha unificado la rendición de cuentas, y cada contraloría tiene una forma de cálculo diferente para los resultados que obtiene.
Por tanto, tampoco existen cifras que consoliden el monto de recursos recuperados y los beneficios generados para la administración pública, e incluso la función de advertir sobre recursos puestos en riesgo por gestores fiscales e instituciones no se aplica con rigurosidad ni de manera general.
A diferencia de las instituciones que antecedieron en tiempos de la conquista y la Colonia, el control fiscal hoy se ejerce en nombre de todos los colombianos para impedir que los recursos públicos, que pertenecen a la actual y a las siguientes generaciones, sean capturados para beneficio particular, o desviados para otros fines.
Sin embargo, todos los días los medios de comunicación registran procesos de investigación contra funcionarios del Gobierno y demás ramas del poder que, aprovechando su condición de funcionarios, utilizan su alta dignidad y condición de ‘servidores públicos’ para incurrir en delitos contra los que nuestros próceres tomaron tan drásticas decisiones.
El Banco de la República, una de las instituciones creadas a partir de la Misión Kemmerer, tiene un desempeño blindado contra injerencias externas, por las particularidades universales que identifican a la banca central en el mundo moderno: autoridad de alto nivel técnico, con autonomía e independencia.
Aun cuando estas también son características consagradas en la Constitución Política para el control fiscal, en la práctica su independencia es restringida respecto de los cuerpos corporativos que eligen a los contralores, y frente a los demás sujetos de control en los que sus miembros, sus electores, tienen influencia directa. Por otras razones, que ameritan continuar el debate a fin de impedir ciudadanos excluidos del control fiscal (técnico, especializado e independiente), la Contraloría General no solo ha sido vetada para cumplir su mandato constitucional sobre los aforados, sino que tampoco ha logrado ejercer control fiscal al Emisor.
No obstante la magnitud de los resultados informados por la Contralora General, ellos no reflejan la totalidad de los beneficios posibles.
Basta observar la cuantía estimada de la corrupción rampante o las innumerables obras que nunca se terminan, las que se pagan con sobrecostos irracionales o los elefantes blancos que se levantan en nuestro suelo tropical, para saber el camino que falta para lograr eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, y para comprender parte de las tareas pendientes en materia de control fiscal.
Se requiere adoptar instrumentos gerenciales en la máxima autoridad de control fiscal y demás órganos de esta naturaleza a nivel territorial, para surtir la réplica en los sujetos de control de todo el territorio nacional.
Ello supone definir y consensuar metas de Estado en un horizonte de corto plazo que permitan llegar al siglo de existencia con resultados que satisfagan los requerimientos de los ciudadanos presentes y futuros a quienes se representa.
