Alejandro Ordóñez abrió pliego de cargos disciplinarios contra Gerardo Alfredo Hernández.
Una reunión que convocó el 18 de julio del año pasado el superintendente
financiero, Gerardo Alfredo Hernández Correa, para tratar el caso
Interbolsa y en la que habría dejado de tomar decisiones frente a las
irregularidades que la entidad detectó en la firma comisionista, lo tiene dando
explicaciones en la Procuraduría.
Lo discutido ese día fue clave para que el procurador Alejandro Ordóñez
abriera pliego de cargos disciplinarios contra Hernández y cuatro de sus
delegados por omisión.
El Superintendente citó por correo electrónico a sus delegados a las 11:30 de
la mañana en el quinto piso de la sede de la entidad en el centro de Bogotá,
para tratar el tema de la firma corredora, a sabiendas de que ya en ese momento
había evidencias suficientes para tomar medidas sobre la supuesta manipulación
de las acciones de Fabricato y de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), dice
Ordóñez en la decisión disciplinaria.
El pliego advierte que fue apenas el 14 de noviembre del 2012 cuando
Hernández puso en conocimiento de la Fiscalía las posibles
irregularidades. “La información recaudada que iba siendo consolidada
por medio de avances preliminares, en concepto de este despacho, reunía para el
mes de febrero del 2012 todos los requisitos necesarios para que hubieses
configurado la necesidad de actuar preventivamente”, indicó la decisión
disciplinaria.
Los documentos que han sido evaluados por el Procurador indican que la
Superfinanciera empezó a tener noticias sobre esos dudosos negocios desde enero
del 2010. Una comunicación del representante legal de Fabricato advertía a ese
organismo sobre un inusual incremento en la participación accionaria de un grupo
de particulares y sociedades encabezados por el inversionista Alessandro
Corridori.
Esos inversionistas, agregaba la comunicación, para adquirir los títulos
actuaban “como un grupo de amigos”. El representante legal de Fabricato,
incluso, no descartaba que se tratara “de un mismo beneficiario” que estaba
utilizando a Interbolsa en las transacciones.
Pero el caso no para ahí. Diego Herrera Falla, uno de los cuatro
delegados investigados por la Procuraduría, intervino en el caso desde
septiembre del 2011, al parecer, impedido por haber sido empleado de
Interbolsa.
El funcionario estuvo vinculado a la firma entre abril del 2006 y el 2008 y
mantuvo relaciones profesionales y de amistad con sus directivos y asesores
comerciales. Lo curioso es que en cuatro ocasiones anteriores se había declarado
impedido para conocer situaciones en las que estaba vinculada esa corredora de
bolsa y el Superintendente las aceptó.
Herrera, –advierte el Procurador– “incurrió, al parecer, en conflicto de
intereses por cuanto presuntamente tenía interés particular y directo en los
asuntos sometidos a consideración debido a su gestión, control y decisiones que
debía adoptar”.