La reunión que tiene en líos al Superfinanciero por el caso Interbolsa

Alejandro Ordóñez abrió pliego de cargos disciplinarios contra Gerardo Alfredo Hernández.

Una reunión que convocó el 18 de julio del año pasado el superintendente financiero, Gerardo Alfredo Hernández Correa, para tratar el caso Interbolsa y en la que habría dejado de tomar decisiones frente a las irregularidades que la entidad detectó en la firma comisionista, lo tiene dando explicaciones en la Procuraduría.
Lo discutido ese día fue clave para que el procurador Alejandro Ordóñez abriera pliego de cargos disciplinarios contra Hernández y cuatro de sus delegados por omisión.
El Superintendente citó por correo electrónico a sus delegados a las 11:30 de la mañana en el quinto piso de la sede de la entidad en el centro de Bogotá, para tratar el tema de la firma corredora, a sabiendas de que ya en ese momento había evidencias suficientes para tomar medidas sobre la supuesta manipulación de las acciones de Fabricato y de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), dice Ordóñez en la decisión disciplinaria.
El pliego advierte que fue apenas el 14 de noviembre del 2012 cuando Hernández puso en conocimiento de la Fiscalía las posibles irregularidades. “La información recaudada que iba siendo consolidada por medio de avances preliminares, en concepto de este despacho, reunía para el mes de febrero del 2012 todos los requisitos necesarios para que hubieses configurado la necesidad de actuar preventivamente”, indicó la decisión disciplinaria.
Los documentos que han sido evaluados por el Procurador indican que la Superfinanciera empezó a tener noticias sobre esos dudosos negocios desde enero del 2010. Una comunicación del representante legal de Fabricato advertía a ese organismo sobre un inusual incremento en la participación accionaria de un grupo de particulares y sociedades encabezados por el inversionista Alessandro Corridori.
Esos inversionistas, agregaba la comunicación, para adquirir los títulos actuaban “como un grupo de amigos”. El representante legal de Fabricato, incluso, no descartaba que se tratara “de un mismo beneficiario” que estaba utilizando a Interbolsa en las transacciones.
Pero el caso no para ahí. Diego Herrera Falla, uno de los cuatro delegados investigados por la Procuraduría, intervino en el caso desde septiembre del 2011, al parecer, impedido por haber sido empleado de Interbolsa.
El funcionario estuvo vinculado a la firma entre abril del 2006 y el 2008 y mantuvo relaciones profesionales y de amistad con sus directivos y asesores comerciales. Lo curioso es que en cuatro ocasiones anteriores se había declarado impedido para conocer situaciones en las que estaba vinculada esa corredora de bolsa y el Superintendente las aceptó.
Herrera, –advierte el Procurador– “incurrió, al parecer, en conflicto de intereses por cuanto presuntamente tenía interés particular y directo en los asuntos sometidos a consideración debido a su gestión, control y decisiones que debía adoptar”.

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