La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra el superintendente financiero de Colombia, Gerardo Alfredo Hernández, y otros cinco funcionarios por el caso Interbolsa.
De acuerdo con el procurador general, Alejandro Ordóñez, los funcionarios estarían involucrados en las irregularidades que se presentaron en la financiera, hoy en liquidación.
Según el Ministerio Público, los implicados conocían desde 2011 las acciones que perjudicaron a los inversionistas de la entidad. Además no adoptaron las medidas correspondientes y omitieron información ante las autoridades competentes.
Esta decisión se dio luego de que el Ministerio Público ordenara la apertura de la investigación el 27 de febrero de 2013 donde se practicaron numerosas pruebas, entre ellas: visita especial a la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), a la Bolsa de Valores de Colombia, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Banco de la República y a la Superintendencia Financiera de Colombia.
Según el procurador Ordóñez, la conducta de los funcionarios "podría venir aparejada de la responsabilidad disciplinaria por omisión, encargados de la supervisión y vigilancia de los distintos riesgos que comprende el mercado de valores, y en otros casos, por la concurrencia de posibles causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses".
Al superintendente Financiero de Colombia, Gerardo Alfredo Hernández, le fueron imputados dos cargos en los que según la Procuraduría comprometió su función como servidor público.
"No adoptó, al parecer, las medidas preventivas correspondientes tendientes a evitar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público, al conocer desde finales de 2011, la posible manipulación del precio de la especie Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC", afirmó el Procurador.
De igual forma, el Superintendente Financiero, conocía oficialmente "desde el 18 de julio de 2012 la posible manipulación del precio de la especie Fabricato S.A y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC. Retardó la denuncia de la primera y omitió denunciar la segunda ante la Fiscalía General de la Nación, como era su deber".
Dentro de las investigaciones adelantadas fueron señalados los funcionarios delegados de la SuperIntendencia de Colombia, Mauricio Herrera Falla; en su condición de superintendente delegado para Supervisión de Riesgos de Mercado e integridad; Esther Barrios Figueroa, superintendente delegada adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado; Sandra Patricia Perea Díaz, superintendente delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes.
También están señalados Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores y Otros Agentes; Juan Pablo Arango Arango, superintendente delegado adjunto para Supervisión Institucional y Juan Pablo Coy Navarro, en su condición de director de Conductas de la Delegatura para Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad, éste último fue absuelto de investigación, porque según la Procuraduría, obró dentro del rigor que le exigen sus deberes.Comunicado de Prensa
Según el Ministerio Público, los implicados conocían desde 2011 las acciones que perjudicaron a los inversionistas de la entidad. Además no adoptaron las medidas correspondientes y omitieron información ante las autoridades competentes.
Esta decisión se dio luego de que el Ministerio Público ordenara la apertura de la investigación el 27 de febrero de 2013 donde se practicaron numerosas pruebas, entre ellas: visita especial a la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), a la Bolsa de Valores de Colombia, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Banco de la República y a la Superintendencia Financiera de Colombia.
Según el procurador Ordóñez, la conducta de los funcionarios "podría venir aparejada de la responsabilidad disciplinaria por omisión, encargados de la supervisión y vigilancia de los distintos riesgos que comprende el mercado de valores, y en otros casos, por la concurrencia de posibles causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses".
Al superintendente Financiero de Colombia, Gerardo Alfredo Hernández, le fueron imputados dos cargos en los que según la Procuraduría comprometió su función como servidor público.
"No adoptó, al parecer, las medidas preventivas correspondientes tendientes a evitar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público, al conocer desde finales de 2011, la posible manipulación del precio de la especie Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC", afirmó el Procurador.
De igual forma, el Superintendente Financiero, conocía oficialmente "desde el 18 de julio de 2012 la posible manipulación del precio de la especie Fabricato S.A y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC. Retardó la denuncia de la primera y omitió denunciar la segunda ante la Fiscalía General de la Nación, como era su deber".
Dentro de las investigaciones adelantadas fueron señalados los funcionarios delegados de la SuperIntendencia de Colombia, Mauricio Herrera Falla; en su condición de superintendente delegado para Supervisión de Riesgos de Mercado e integridad; Esther Barrios Figueroa, superintendente delegada adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado; Sandra Patricia Perea Díaz, superintendente delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes.
También están señalados Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores y Otros Agentes; Juan Pablo Arango Arango, superintendente delegado adjunto para Supervisión Institucional y Juan Pablo Coy Navarro, en su condición de director de Conductas de la Delegatura para Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad, éste último fue absuelto de investigación, porque según la Procuraduría, obró dentro del rigor que le exigen sus deberes.Comunicado de Prensa
