Utilizaban la operación bursátil para evadir el 4x1000 y le cobraban al cliente la mitad de lo que debería tributar.
Una presunta y millonaria evasión tributaria del 4x1000 o gravamen a los
movimientos financieros habría hecho InterBolsa (en liquidación) y la
comisionista Proyectar Valores, según halló la Contraloría General.
El organismo de control emitió una función de advertencia a la Dian y a la
Superintendencia Financiera, tras encontrar que se utilizaba el producto llamado
‘optimización financiera’ como una fachada para realizar operaciones que tenían
que pasar por el sistema bancario, como si se tratara de operaciones bursátiles,
que fueron exentas del tributo para no generar una cascada de impuestos entre
comisionistas, accionistas y todos los involucrados en el negocio
inversionista.
Cuando el cliente llevaba de nuevo la plata de los rendimientos financieros
de su inversión, le decían que la entregara a terceros (para pago de nómina,
servicios, proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de
obligaciones del mercado de valores).
Así la pasaban como operaciones bursátiles.
“El beneficio para las partes consistía en que la comisionista le cobraba al
cliente bajo el rubro de ‘comisión’ un porcentaje que podía llegar a ser hasta
del 50 por ciento del 4x1000 que le hubiera sido aplicable al cliente, de haber
realizado la transacción a través de una entidad financiera.
Al cliente le quedaba entonces un menor gasto en la transacción: el
diferencial entre la comisión cobrada y el gravamen que se dejó de cancelar”,
explica Ligia Elena Borrero, contralora delegada para las finanzas públicas.
La Contraloría estima que las maniobras evasoras las estarían haciendo desde
que empezó a aplicarse el gravamen a los movimientos financieros con el rango de
4x1000, y solo se detuvo hasta el 2010, cuando salió una ley que dio señales de
que estas transacciones estaban prohibidas.
En consecuencia, el monto del presunto detrimento patrimonial al Estado,
según estima el organismo de control, podría ser millonario (aunque todavía no
se ha establecido), teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y las cuantiosas
inversiones que manejan las comisionistas.
Según el contralor delegado en infraestructura, Nelson Izáciga, “hubo
falencias en la verificación y el control a los gravámenes financieros por parte
de las autoridades tributarias.
En febrero se tendrá cuantificado el detrimento para llamar a los presuntos
responsables”.
Por su parte, el contralor general (e), Felipe Córdoba, indicó que falló la
fiscalización y que “la advertencia se hace porque podría haber otras firmas que
hicieron lo mismo".
