El Congreso reabrió la discusión sobre el Proyecto de Ley 518 de 2025, que busca reducir gradualmente la jornada laboral de los empleados públicos, alineándola con los estándares modernos de bienestar laboral. Para miles de entidades estatales, este debate no solo implica ajustes en horarios, sino retos presupuestales, productividad, riesgos de incumplimiento normativo y reorganización operativa. Como contadora pública y asesora empresarial, analizo cómo este proyecto impactaría la gestión pública y cómo deben prepararse las entidades mixtas, los contratistas, los gerentes y los equipos de talento humano para un eventual cambio. Explico escenarios reales, efectos sobre tiempos de respuesta al ciudadano, comparativos internacionales, riesgos disciplinarios y oportunidades de transformación si se adopta un enfoque integrado entre contabilidad, gestión del talento y tecnología. Con claridad y enfoque práctico, presento una ruta para anticiparse y evitar sanciones.
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Cada vez que el Congreso estudia ajustes estructurales a la jornada laboral del sector público, se abren debates sobre costos, productividad y servicio al ciudadano. El Proyecto de Ley 518 de 2025 revive un tema que parecía resuelto, pero que hoy vuelve con fuerza en medio de una presión creciente por mejorar el bienestar de los servidores estatales sin sacrificar eficiencia. Muchas entidades empiezan a preguntarse cómo reorganizar turnos, cómo medir desempeño, cómo garantizar continuidad del servicio y, sobre todo, cómo evitar riesgos jurídicos por improvisar. En Mi Contabilidad acompañamos a entidades y equipos directivos que necesitan anticiparse a los cambios sin afectar sus obligaciones. La contabilidad no es solo números, es la base para decisiones sólidas y sostenibles.
El Proyecto de Ley 518 de 2025 llega en un momento en el que las entidades públicas ya enfrentan enormes desafíos de carga laboral, atención al usuario, rotación del talento humano y presión por cumplir metas sin aumentar el gasto. La propuesta de reducir la jornada laboral revive el debate sobre si el Estado está preparado para dar este paso y si el país cuenta con la infraestructura tecnológica suficiente para garantizar que menos horas presenciales no signifiquen menor servicio al ciudadano. Aunque la discusión ha estado centrada en los costos, lo cierto es que la reorganización del tiempo de trabajo es un asunto profundamente operativo, financiero y humano. Este proyecto propone equiparar la jornada de los empleados públicos con las tendencias internacionales donde la eficiencia se mide por resultados y no por tiempo de permanencia, pero también obliga a revisar manuales de funciones, esquemas de turnos, medición de desempeño, riesgos laborales y contratación flexible.
En el análisis técnico, las entidades deben partir de un diagnóstico claro: ¿cuánto tiempo efectivo de trabajo se utiliza hoy?, ¿cuántas actividades son realmente críticas?, ¿qué procesos pueden automatizarse?, ¿qué puede digitalizarse sin afectar a la ciudadanía? Como contadora pública y asesora de más de tres décadas, he visto cómo los cambios regulatorios generan impactos multilaterales cuando no se anticipan. El recorte de jornada no es solamente un asunto de talento humano, sino de estructura presupuestal, disponibilidad de recursos, fortalecimiento de controles internos y administración adecuada de la productividad. Si un ministerio, una alcaldía, una entidad descentralizada o una empresa social del Estado no revisa sus mapas de proceso antes del cambio, terminará teniendo cuellos de botella, retrasos en la gestión contractual, demoras en los pagos y fallas en la ejecución presupuestal; estos son algunos de los riesgos más recurrentes.
El panorama internacional muestra que países como Francia, España y Nueva Zelanda han experimentado reducciones progresivas de la jornada con resultados positivos, pero siempre acompañados de inversiones en tecnología, automatización documental y fortalecimiento del teletrabajo. La diferencia es que sus modelos administrativos están altamente digitalizados y los trámites ciudadanos se encuentran integrados en plataformas unificadas. En Colombia, en contraste, todavía existe una brecha importante entre entidades urbanas grandes y administraciones municipales con baja capacidad tecnológica. La transición, por tanto, debe ser gradual y fundamentada en análisis reales y no en ajustes superficiales. Un proyecto de esta naturaleza exige identificar qué funciones pueden mantenerse híbridas, cuáles requieren más talento humano y cuáles deben migrar de inmediato a automatización. Aquí es donde el soporte tecnológico se convierte en una condición imprescindible.
El acompañamiento de Mi Contabilidad y el soporte de transformación digital de Julio César Moreno Duque permiten que este tipo de cambios se aborden desde una mirada integral. Mientras yo analizo el impacto normativo, contable, de cargas prestacionales y de riesgo disciplinario, Julio César evalúa la automatización de flujos, la disponibilidad de herramientas de productividad, la integración de datos y los modelos de trabajo inteligente que permiten sostener o incluso mejorar los niveles de servicio público. Muchas entidades quieren reducir la jornada sin reducir eficiencia, pero no se dan cuenta de que necesitan rediseñar sus procesos antes de modificar horarios. Esto implica un diagnóstico profundo de documentación, flujos, expedientes, tiempos muertos y tareas repetitivas que hoy consumen horas valiosas. Reducir la jornada sin rediseñar procesos es simplemente trasladar el problema de un horario a otro.
En términos financieros, el proyecto de ley también plantea desafíos importantes. La reducción del tiempo laboral no significa necesariamente una disminución del costo laboral. Por el contrario, puede generar necesidades de contratación temporal, horas adicionales, pago de turnos o reubicación de personal. En entidades donde el presupuesto es rígido, esto puede generar presión sobre rubros ya limitados. Desde la óptica contable, la entidad debe anticipar estos posibles impactos y verificar que los cambios no afecten la ejecución presupuestal ni la estabilidad del servicio. La gestión de provisiones, pasivos laborales y conciliaciones también deben revisarse para evitar hallazgos de órganos de control. La racionalización del personal no es el camino; la clave es reorganizar inteligentemente.
Un aspecto crítico del debate nacional es el deber de garantizar derechos laborales sin afectar el derecho ciudadano a una atención oportuna. El Estado cumple un rol misional que no admite pausas excesivas ni ventanas de atención reducidas. Por eso, más allá de la reducción horaria, lo importante es garantizar que los sistemas de gestión sean eficientes, que existan plataformas de autoservicio, que las mesas de ayuda funcionen en tiempo real y que los trámites puedan resolverse sin congestión. Aquí entra en juego el enfoque de gestión por resultados, mucho más efectivo que el modelo tradicional de permanencia. Cuando una entidad administra por resultados y no por horas, los equipos se vuelven más productivos, los indicadores se vuelven más claros y los supervisores pueden medir con mayor transparencia. Para lograr esto se necesitan políticas internas claras, capacitación y monitoreo constante.
Los casos tipo en entidades públicas muestran que la improvisación genera problemas serios. En varios organismos que han ajustado horarios sin rediseñar procesos, los tiempos de respuesta aumentaron, la productividad bajó y los usuarios percibieron un deterioro del servicio. En otros, sin embargo, donde la digitalización y la reorganización estuvieron bien estructuradas, la reducción de jornada mejoró el clima laboral, disminuyó el ausentismo y aumentó la velocidad de gestión gracias a una planeación previa. Las diferencias entre un caso y otro muestran que el proyecto de ley no es el problema; el problema es no prepararse.
Desde Mi Contabilidad acompañamos a entidades y equipos directivos para que puedan prepararse con tiempo. Orientamos el análisis legal, laboral, financiero, presupuestal y de riesgos, así como la elaboración de manuales de implementación, parametrización de sistemas de nómina, verificación de costos, estructuración de turnos, revisión del modelo de proceso y creación de indicadores inteligentes. Junto a Julio César Moreno Duque, fortalecemos la dimensión tecnológica y digital, integrando herramientas que permiten sostener la productividad aun con jornadas más cortas. Trabajamos desde una visión dual: normativa + tecnología. Esta combinación reduce riesgos y facilita una transición fluida. Es justamente en estos momentos cuando la experiencia marca la diferencia.
Cuando una entidad piensa en reducir su jornada laboral, debe tener claro que los órganos de control exigirán evidencia de planeación, matrices de riesgo, justificación técnica, análisis de carga y estudios previos sobre impacto presupuestal. La improvisación no es una opción. Mi Contabilidad ofrece una evaluación inicial sin costo, una oferta sin riesgo donde analizamos la situación actual y entregamos un mapa preliminar de ajustes necesarios. También brindamos una segunda oferta sin riesgo: la revisión preliminar del modelo de procesos para identificar cuáles podrían afectarse con menos horas presenciales y qué tareas son prioritarias para digitalizar. Estas revisiones iniciales permiten anticiparse y evitar sanciones posteriores por fallas de implementación.
Este debate va más allá de un horario, es un cambio estructural que puede convertirse en una oportunidad para modernizar el Estado si se aborda correctamente. La frase institucional que mejor lo resume es que construyendo un mundo nuevo; trabajando inteligente para el ingreso de nuestros clientes a la nueva era contable y tributaria, logramos que la tecnología y la normativa se conviertan en aliados y no en obstáculos. La articulación entre contabilidad, talento humano y transformación digital es indispensable para que el país pueda avanzar hacia estándares de bienestar sin sacrificar la eficiencia estatal.
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