Con ocasión del COVID-19, se prevé un aumento significativo en las solicitudes de reorganización empresarial.
Por eso es fundamental que tanto las personas jurídicas como las naturales conozcan más detalles sobre este proceso y cómo se pueden acoger en caso de requerirlo.
El régimen de insolvencia, regulado por la Ley 1116 de 2006, se constituye como un mecanismo legal a través del cual se estipulan los diferentes procesos a seguir por una determinada empresa en el momento en que se vea en la imposibilidad de pagar sus deudas y cumplir cada una de sus obligaciones.
Lo anterior, con el fin de dar protección del crédito y reconfigurar la recuperación y conservación del ente económico como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, proyectando el fomento de la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales, de manera que se compaginen los distintos intereses de cada una de las partes interesadas y, además, se conjuguen con las diferentes consideraciones sociales, políticas y formativas que repercuten en los objetivos económicos y jurídicos del procedimiento de insolvencia al cual nos referimos.
Con ocasión de las medidas adoptadas para atender la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, se prevé un aumento significativo en las solicitudes de reorganización empresarial.
Por eso es fundamental que tanto las personas jurídicas como las naturales conozcan más detalles sobre este proceso y cómo se pueden acoger, en caso de requerirlo.
