Además de tener que evaluar el costo de este proceso, existen otras variables para considerar como por ejemplo, las elecciones.
Mucho se ha dicho últimamente sobre la medida de eliminar tres ceros al peso; que a los ojos de una gran cantidad de la población es nueva, pero en realidad no es una idea reciente o innovadora, sino que por el contrario tiene ya un historial lleno de intentos sin materializar.
A pesar de esto, el tema de nuevo cobra relevancia ya que, diferente a experiencias pasadas, son varios los sectores quienes salieron a defender la iniciativa. Múltiples son los argumentos que hemos escuchado a favor, siendo los más sonados:
La medida es válida para simplificar los cálculos y el manejo contable en las organizaciones y entidades gubernamentales.
La medida es útil para desvirtuar los dineros provenientes de actividades ilícitas, tales como caletas de narcotraficantes o guerrillas.
Aplicando la medida Colombia se pondría a la par con estándares internacionales de países que ya adoptaron la idea como México, Argentina y Brasil.
Sin embargo, así como hay defensores, están los detractores quienes argumentan que la iniciativa implica altos costos, ya que representa un gasto que, según el mismo Banco de la República, rondará los $400.000 millones. Esto solo contando la elaboración de nuevos billetes y monedas y sin tener en cuenta los costos asociados que habría por concepto de pedagogía, logística y actualización de sistemas contables y financieros.
Adicional, se teme que en el proceso se genere un efecto redondeo, es decir y a modo de ejemplo, un chocorramo que a hoy cuesta aproximadamente unos $1.600, en vez de pasar a valer $1,6 pesos, costaría $2 pesos, generando así un impacto la inflación. En este sentido hoy en día persisten más los interrogantes que las respuestas acerca del trasfondo y el impacto de esta medida para el día a día.
Recordando un poco, la iniciativa de quitar los ceros al peso colombiano volvió a ser noticia y discusión en la agenda nacional gracias a un agente que no está directamente relacionado con estos temas y que no posee la facultad de materializarla, es el caso del fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez. Posterior a su propuesta fue que los organismos con la potestad de hacer este tipo ajuste, como el Banco de la República y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, mostraron cierto apoyo a esta medida. Los bancos, representados en Asobancaria, advirtieron que la iniciativa no era conveniente, pese a que en el pasado sí la han respaldado.
¿Todos apuntan al mismo objetivo?
Si bien los diferentes actores apoyan la medida, la forma y objetivos para implementar esta iniciativa ha sido un tema en el que no se está del todo de acuerdo. Mientras el Fiscal propone un cambio rápido y a corto plazo, como mecanismo de lucha contra los dineros ilícitos, el Banco de la República, en cabeza de su gerente general, Juan José Echavarría, visualiza un ajuste lento y progresivo en miras de hacer más eficiente el manejo de la economía a través de la simplificación de los cálculos y el manejo contable.
Al respecto, como bien afirmó el gerente general en su comunicado del 28 de febrero de 2018: “El banco apoya la iniciativa siempre y cuando se den las condiciones necesarias, además que, en el año 2020 es el momento oportuno para iniciar el proceso y el plazo mínimo de transición es de tres años en el cual circularían simultáneamente las antiguas y nuevas monedas y billetes, hasta el 2023, momento en el cual se esperaría que la totalidad de monedas y billetes circulantes correspondan a los nuevos pesos, así mismo, el diseño será exactamente el mismo al de la nueva familia de billetes que ya conocemos, con la única diferencia de que se cambiará la palabra “mil” por “nuevos pesos”, habría que decir también que la medida hará más eficiente el manejo de la contabilidad y finalmente que las condiciones macroeconómicas del país son aceptables ya que la inflación está en niveles bajos (3,37%) muy cerca de la meta que es 3%.”
De esta forma se puede observar que a pesar de estar de acuerdo en llevar a cabo el cambio, la visión de cómo y para que hacerlo no lo está. La economía no es un aspecto que se ve independiente de la política y que por el contrario, ésta afecta y se ve afectada por lo que pase en la política, ya que de esta lucha de poderes es que se observará como sería efectivamente implementado este cambio. Podríamos tener un proceso rápido de corto plazo o por el contrario uno paulatino y de mediano plazo.
Cabe sin embargo anotar, que de lo dicho por el gerente general se puede inferir que teniendo en cuenta que la inflación está muy cerca de la meta esperada y además que se cuenta con el presupuesto ($400.000 millones del costo material) y aceptación de las entidades involucradas, el país está en condiciones macroeconómicas para soportar la implementación de esta medida.
¿Es totalmente esencial esta iniciativa?
El país no se encuentra en las mejores condiciones económicas y esto junto con el ambiente de incertidumbre producto del proceso electoral en el que nos encontramos, hace que la implementación de esta propuesta quede en un segundo plano. Cuando aún no se da solución a aspectos básicos en la vida de las personas del común, como es el caso de salud y educación, pensar en invertir cerca de $400.000 millones para este proyecto no resulta que éste vaya ser lo primero en la lista de prioridades.
Llevándolo en términos medibles, los recursos que se destinarían son más altos que los 339.000 o 396.000 millones de pesos que son el presupuesto asignado para este año a ciencia y tecnología y a cultura, respectivamente.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta el impacto negativo que sentirán los ciudadanos del común quienes presentan altos índices de desconocimiento del tema, confusión y dificultad, con lo cual, sumando al efecto psicológico que puede tener en las personas al percibir y sentir que están ganando menos, verán afectados su consumo individual y por ende en el agregado llevaría a impactar gran parte del consumo nacional.
En esencia…
Es claro que la propuesta de quitar los tres ceros al peso se encuentra hoy en día polarizada. Por un lado están las personas del común quienes en su mayoría ven con preocupación están medida, temiendo las posibles consecuencias que se puedan tener. Por el otro se encuentra el gobierno, las grandes entidades y el sector financiero quienes en su mayoría parecen estar de acuerdo con la medida, al conocer los beneficios que habrán en el largo plazo en cuanto a ahorros por concepto de reducción en los costos de transacción y almacenamiento (de información en este caso).
Si bien la medida no es salida de tono, pues sus motivos y estimaciones son válidas, las preguntas más importantes aún están en discusión. ¿Que tan prioritaria es esta iniciativa para pasar por encima de otras? ¿Qué tan grandes podrían ser los beneficios en el largo plazo? ¿Se justifica el costo de la medida por el beneficio?
Por ahora, el país debe concentrarse en la coyuntura económica: las elecciones presidenciales. No obstante, no se debe olvidar de otros factores relevantes como esta medida que esta vez viene acompañada por un gran impulso por parte de las instituciones financieras y gubernamentales del país.
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