La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó la nueva metodología para la remuneración de la distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional.
La nueva metodología determina que el operador va a tener que compensarle a los usuarios el mal servicio, lo que garantizará que los responsables se preocupen por resolver los problemas a tiempo.
Además, y con el fin de cumplir con la meta de mejorar la calidad y garantizar la prestación continua y eficiente del servicio, se incentiva a los operadores para que modernicen todos sus equipos y disminuyan las pérdidas de energía que hoy tiene el sistema.
“Colombia se ha acercado a la meta de cobertura eléctrica del 100%. Hoy 97 de cada 100 hogares ya tienen servicio de energía”, destacó el director Ejecutivo de la CREG, Germán Castro Ferreira.
Según el directivo, el “siguiente paso es mejorar la calidad de ese servicio, a través de metas anuales de mejora, y llegar al máximo de todos los usuarios que aún no cuentan con el servicio. Ese es el reto al que le estamos apuntando con esta nueva metodología”.
La Resolución CREG 015 de 2018, aprobada en sesión del 29 de enero, determina cuáles las condiciones para que los operadores de la red inviertan nuevos recursos para modernizar la infraestructura utilizada en la actividad de distribución de energía eléctrica.
Con ello se busca mejorar la calidad del servicio que se presta a todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional, según lo explicó CREG en un comunicado de prensa.
La CREG es una entidad técnica que tiene la tarea de lograr que los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles líquidos se presten al mayor número posible de personas, al menor costo posible para los usuarios y con una remuneración adecuada para las empresas.
Esta entidad nació en 1994 cuando el Congreso de la República, mediante las leyes 142 y 143, creó las comisiones de regulación con el fin de controlar las actividades de los servicios públicos domiciliarios.
Entre 2012 y 2016, el Ministerio de Minas y Energía ha girado $1.1 billones a las Zonas No Interconectadas del país ZNI, las cuales no reportan la información de cobertura, calidad y pagos de compra de combustible a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las ZNI son zonas de baja densidad poblacional, bajo nivel de consumo de energía promedio, baja capacidad de pago, bajo nivel de recaudo de la cartera de las empresas y altos costos de prestación del servicio de energía eléctrica.
Lo que le preocupa a los entes de control es que estas inversiones supuestamente no se traducen en una ampliación de la cobertura o una mejor calidad en la prestación del servicio. La Superservicios afirma que son varias las empresas cuyo servicio prestado, en términos de horas, se ubica por debajo del estándar de calidad esperado a partir de la regulación vigente.
