Existen caminos alternativos para reducir inequidades pensionales. Estos ejemplos lo harán reflexionar.
Partamos de tres hechos. Primero, en 1967 se proyectó que los aportes pensionales deberían ser del 22% del ingreso de los trabajadores. Empresarios, trabajadores y Estado pondrían, cada uno, un tercio de dicho monto. Pese al deseo, el valor del aporte se quedó por casi dos décadas en 4,5%, el Estado le hizo conejo a su parte y nunca llegamos al nivel de ahorro visualizados.
Segundo hecho. Aún hay pensionados beneficiados de generosos subsidios estatales. En este grupo hay jubilados que negociaron pactos colectivos que hicieron posible, por ejemplo, retirarse desde los 45 años.
Asimismo, 1.5 millones de colombianos pobres reciben un subsidio de la Nación hasta por $75.000 mensuales, a través de un programa llamado Colombia Mayor. Con este valor, inferior a la línea de pobreza, mitigan parte de sus necesidades fundamentales.
Bajo estas realidades, pensemos en los pensionados que ya están siendo subsidiados por el Estado, al recibir una pensión pública, y terminan siendo beneficiarios de la que tenía su cónyuge al momento de fallecer. Revisemos dos historias.
Viudos privilegiados
Diana Anzola* y Sergio Bernal* lo lograron. Tenían entre 70 y 75 años, un matrimonio de 45 años, un hijo de 40 y recibían pensiones públicas. La primera fue auxiliar en un banco, cotizó al Seguro Social (Ahora Colpensiones) y tiene una pensión de $1 millón. Sergio aprovechó una “palomita” dos décadas atrás. Había sido empleado público toda su vida, pero el último año fue senador y se benefició de las condiciones especiales definidas en la Ley 4, según la cual, el valor de la pensión de los congresistas dependía de la cotización del último año y se calculaba sumando todos los conceptos de ingreso (viáticos, pasajes, etc.). A Sergio le consignaban $23 millones mensualmente, ya no lo hacen porque murió recientemente.
La historia de Cristina Salamanca* y Carlos Vargas* es similar. Cristina cuenta con dos pensiones, por haber sido docente del Magisterio, que sumadas son cercanas a los $5 millones. Carlos hizo lo propio en una empresa departamental y por eso recibe $7 millones por mes. En este caso Cristina falleció, dejando viudo a Carlos.
En Colombia existen pensiones de sobrevivencia, las cuales hacen que el cónyuge o compañero permanente, entre otros beneficiarios, reciban el 100% de la misma, una vez fallece el pensionado. Por esta razón, el Estado ahora le asigna mensualmente $24 millones a Diana y $12 millones a Carlos. Ellos, además de no tener hijos menores, tienen un ingreso superior al promedio del país, se benefician de un esquema en el que ahorraron poco, están exentos de impuestos y son financiados por esta generación de trabajadores.
Cuando se dice que las pensiones exacerban la desigualdad del país, también nos referimos a situaciones como las de Diana y Carlos. En un escenario en el que 1,5 millones de pobres perciben menos de $80 mil al mes, nos desbordamos con este par de privilegiados. Cabría preguntarse si las pensiones de sobrevivencia existen para proteger al que quedó viudo o para enriquecerlo.
Propuesta de reforma
Preocuparse por la equidad implica plantear caminos para promoverla. Por eso, dentro de una gran reforma pensional, quienes ya reciban una pensión pública, no deberían ser beneficiarios de una pensión de sobrevivencia pública. Esta visión tiene matices, y aquí es útil el ejemplo de Diana Anzola, quien recibe una pensión no tan alta porque tomó decisiones laborales con otra expectativa. Allí se podría establecer un techo razonable en la suma de las dos pensiones.
Para construir una sociedad más equitativa, debemos emprender acciones que piensen en esta y en las próximas generaciones.
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