El ministro de Hacienda ve con optimismo las perspectivas de la actividad económica y la consolidación fiscal. ¿Cómo podrá el país acelerar el crecimiento y mantener el grado de inversión?
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, accedió a compartir con Dinero sus puntos de vista sobre las perspectivas de la actividad económica, la estabilidad de las finanzas públicas y el debate sobre la regla fiscal. En su opinión, el crecimiento será más dinámico este año, gracias a un mayor consumo y a una reactivación de la inversión, con base en un afianzamiento de la confianza y la reducción de las tasas de interés. Estas son sus respuestas.
Al terminar el año pasado ocurrió la degradación de un escalón de la deuda pública del país. ¿Cómo recibieron esa noticia?
La decisión de Standard & Poor’s de degradar un escalón la calificación de la deuda pública en moneda extranjera de Colombia, de BBB a BBB-, todavía dentro del grado de inversión, fue sorpresiva.
La hubiéramos entendido hace dos años, cuando la economía había recibido un choque muy fuerte, como efecto del cual el déficit externo aumentó, la inflación subió y las finanzas públicas se resintieron. Pero no ahora, después de que el país había tomado las medidas para acomodarse al choque. El día que Standard & Poor‘s nos avisó su decisión, mi reacción fue preguntar, ¿cómo así, ahora?
En fin, cada agencia calificadora tiene sus propias metodologías, con base en las cuales realiza sus análisis y toma sus decisiones. En eso tenemos que ser respetuosos. No vamos a entrar en polémica por ello ni a generar una controversia innecesaria. Baste decir que nos pareció injustificada en la coyuntura actual.
Standard & Poor‘s manifiesta su preocupación por el futuro, por los retos hacia adelante, por la capacidad del país de cumplir las metas de la senda de reducción del déficit fiscal. Sobre eso siempre he manifestado mi opinión de que Colombia es un país serio, que elige buenos gobernantes, que se caracteriza por tener ministros de Hacienda con una alta calificación técnica. Por tanto, si yo estuviera en los zapatos de Standard & Poor’s, con su preocupación por los retos hacia adelante, le hubiera dado al país un compás de espera, mientras sucede el cambio de gobierno y la administración entrante formula e implementa con precisión sus propuestas económicas.
¿Cuál es el plan de contingencia después de la decisión?
Voy a ir a Nueva York el 8 de febrero a hablar con las tres calificadoras. Además, estamos en contacto permanente con los inversionistas, quienes nos han manifestado su tranquilidad.
Esta se refleja en las tasas de interés de la deuda pública, tanto de los TES como de los bonos que se emiten para los mercados externos, así como en la prima del riesgo del país, medida por el spread de los CDS, que son los mejores termómetros del estado de ánimo de los inversionistas.
De forma paradójica, todas esas tasas han bajado después de la degradación de la deuda pública que hizo Standard & Poor’s. Eso quiere decir que disminuyó el riesgo del país. De modo que los mercados tienen una opinión distinta de la de esa agencia.
Aprovecharé esas reuniones para reiterarles el Plan Financiero de este año y las proyecciones económicas.
¿Usted cree que Moody’s y Fitch pueden tener una opinión parecida a la de Standard & Poor’s?
Hay que hablar con ellas. Cada cual tiene una posición independiente de las otras. No necesariamente comparten la misma opinión. Cada una hace su propio análisis.
Con base en ello, espero que Moody’s y Fitch tengan una opinión diferente a la de Standard & Poor’s.
¿Quizás una de las preocupaciones principales de Standard & Poor’s fue que el recaudo de impuestos aumentó menos de los previsto?
Sí. Eso se explica porque la economía creció menos de lo que esperábamos. El menor crecimiento produjo un recaudo de los impuestos más bajo que el estimado. Eso no quiere decir que la reforma tributaria no haya sido efectiva. A pesar del lento crecimiento, el aumento del IVA incrementó los ingresos, aunque menos de lo proyectado. De todas maneras, los ingresos tributarios aumentaron cerca de 8%.
Este año desaparece el impuesto a la riqueza y comienza la reducción en la tasa del impuesto de renta para las empresas. ¿Cómo piensan compensar esos descensos?
En primer lugar, con un recorte del gasto del Gobierno, tal como quedó plasmado con una reducción de medio punto del PIB en el presupuesto aprobado para este año.
En segundo lugar, habrá un mayor recaudo de impuestos por el repunte del crecimiento de la economía y porque el incremento de la tasa del IVA a 19% arranca desde el comienzo del año, a diferencia del año pasado, cuando su recaudo en enero se hizo con la anterior tarifa de 16%, que correspondía al causado en el último bimestre de 2016. Con base en ello, el recaudo de impuestos aumentará de $126,2 billones a $135 billones entre 2017 y 2018.
Además, las utilidades de Ecopetrol en 2017 resultaron más elevadas de lo esperado, porque el precio promedio del crudo (US$55 por barril) fue mayor que el supuesto (US$ 52). Con una alta probabilidad esas utilidades superarán los $4 billones, que cuando las pronostiqué a mediados del año parecieron altas. Ahora es factible.
Aunque todavía falta determinarlo, con base en esas utilidades Ecopetrol volverá a pagar un buen dividendo este año, mucho mejor que el del anterior.
El repunte de los precios del petróleo en 2018 será bueno para las finanzas públicas en 2019, lo cual constituye una buena noticia para el próximo gobierno.
Ahora que se intensifica la campaña electoral a la Presidencia, ¿qué opina de las propuestas de algunos candidatos de reducir los impuestos a las empresas?
La dificultad estriba en el reducido espacio para disminuir los impuestos, porque al hacerlo se aumentaría el déficit fiscal. Ese incremento del desbalance público tendría consecuencias graves, porque sería penalizado por las agencias calificadoras.
Mucha gente me pregunta, ¿por qué en los Estados Unidos se puede aumentar el déficit fiscal sin consecuencias graves? La respuesta es que la actitud de esas agencias respecto de los Estados Unidos es muy distinta frente a Colombia. Su tolerancia con ese país es muchísimo más alta que con el nuestro. Como Colombia es una economía emergente, que apenas está aumentando su credibilidad en el escenario financiero internacional, le aplican unos estándares más exigentes.
Por tanto, aumentar el déficit fiscal del país como consecuencia de una reforma tributaria que redujera los impuestos tendría graves consecuencias. En tal caso, por sus secuelas colaterales, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Perder el grado de inversión de la deuda pública, padecer un incremento de la prima de riesgo país y tener un incremento de los costos financieros puede resultar más costoso para las empresas y la economía que los altos impuestos.
Aquí quiero hacer un paréntesis para hablar un poco sobre la tributación de las empresas en el país, que se considera muy alta. En la actualidad, dicha tasa es en promedio en el país de 33% y para aquellas empresas con utilidades superiores a $800 millones es 37%, porque tienen una sobretasa de 4%. En 2019 será 33% para todas, porque desaparece la sobretasa. De manera que el país ya está en una senda de reducción de la tasa del impuesto de renta para las empresas. Además, desapareció el impuesto a la riqueza. No olvidemos tampoco el desmonte de los impuestos sobre la nómina, que bajaron 13,5 puntos.
En consecuencia, resulta evidente que el país ha hecho ya un esfuerzo enorme para reducir la carga tributaria de las empresas.
A ustedes los puede sorprender entonces que en el Doing Business del Banco Mundial la tasa de tributación de las empresas aparezca reportada en 69%. Al respecto, lo primero que hay que señalar es que en 2009 esa tasa era de 80%, de modo que con la metodología de esa publicación la reducción fue de 11 puntos.
Pero nosotros creemos que hay un error metodológico en el cálculo que hace el Doing Business. Yo le mandé una carta al director de esa publicación en octubre del año pasado para plantearle una duda. Cuando se desglosa la carga de las empresas en Colombia que ellos calculan en la actualidad en 69%, 19 puntos corresponden al impuesto de renta y un porcentaje similar al de industria y comercio. En el resto se incluye otros impuestos, como el de las transacciones financieras y el de la riqueza, que desaparece a partir de este año. Nuestra inquietud estriba en que el impuesto de renta y el de industria y comercio representen de manera aproximada el mismo porcentaje de la tasa de la tributación agregada sobre las utilidades de las empresas. Esa semejanza es sorprendente, porque el recaudo del impuesto de renta de las empresas en Colombia es más o menos de $47 billones, mientras que el de industria y comercio es menor a $7 billones. Entonces, ¿cómo es posible que los dos impuestos pesen lo mismo sobre las utilidades de las empresas, cuando uno produce seis veces más recaudo que el otro? Hay algo raro en la metodología.
Sin embargo, incluso con esa metodología, la tasa de tributación de las empresas en el país se redujo de 80% a 69% durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
¿Le parece factible hacer reducciones adicionales a la carga tributaria de las empresas?
Lo veo difícil desde el punto de vista fiscal. Tendría que ser compensado de alguna manera, con otros ingresos o con menores gastos.
Hay que tener en cuenta además que la Dian tiene ya a su cargo un esfuerzo grande en materia de eficiencia, incremento del recaudo y reducción de la evasión, para aportar mayores ingresos que contribuyan al cumplimiento de las metas de disminución del déficit fiscal.
Además, una reducción compensatoria del gasto tendría que ser muy fuerte, de manera que tocaría programas sociales muy sensibles para la población pobre y vulnerable, que son de una alta importancia estratégica para la lucha contra la pobreza.
¿Usted cree que se podría “flexibilizar” la regla fiscal?
Creo que el país ha obtenido mucho con la regla fiscal. Ha ganado credibilidad, predictibilidad y confianza en la política fiscal. Gracias a ello, ha atraído inversión extranjera al mercado de títulos de deuda interna (TES), con base en lo cual sus tasas han caído de 9% a 6% para los títulos a 10 años.
Todavía tenemos unos retos importantes para llevar a cabo este año y el entrante en materia fiscal. Si nos ponemos a hablar de relajar la regla ad portas de las elecciones presidenciales, sin duda surgirán propuestas populistas de expansión del gasto público, que serían inconvenientes para la estabilidad de las finanzas públicas. Ese debate generaría una gran incertidumbre que podría espantar a los inversionistas.
¿Cuál fue su diagnóstico sobre la sorpresa a la baja del crecimiento económico el año pasado?
En el caso de la sorpresa a la baja de la actividad económica en 2017, en primer lugar, creo que subestimamos el efecto contraccionista de la subida de las tasas de interés en 2016, cuyo impacto frenó mucho la demanda de crédito el año pasado. Ese aumento de las tasas de interés fue efectivo para controlar la inflación y alinear las expectativas, pero resultó muy costoso sobre el gasto agregado, al frenar la demanda de crédito, el consumo y la inversión.
En segundo lugar, no previmos el efecto negativo sobre la confianza que se dio a comienzos del año, asociado con la reforma tributaria y los escándalos de corrupción.
Foto: La aceleración del cronograma de las obras de infraestructura vial del programa 4G jugará un papel crucial en la reactivación de la inversión este año.
En tercer lugar, quizás la variable que tuvo el comportamiento más extraño fue la construcción de las obras civiles. Teníamos muy buenas expectativas sobre la iniciación de las obras de infraestructura vial del programa de concesiones de cuarta generación (4G) y sobre la realización de los cierres financieros pertinentes. Pero, debido al escándalo de Odebrecht, sobre todo al desenlace de la concesión de la Ruta del Sol II, los bancos los frenaron hasta que no se definieron de una manera clara las nuevas reglas del juego, para diferenciar con nitidez los papeles del concesionario y la entidad financiera, que son de naturaleza distinta.
Al concesionario la ANI le adjudica. Entonces era pertinente definir con claridad esos papeles, separarlos y establecer que al banco se le puede seguir pagando, con independencia del evento de declaración de una nulidad al proyecto.
Pero se nos fue todo el año pasado tramitando en el Congreso una ley que aclara esa distinción.
¿Cuáles son las perspectivas de la actividad económica para este año?
Las perspectivas son favorables. Como consecuencia de esa ley estoy viendo los cierres financieros con una mayor dinámica. Por tal motivo, al sector de las obras civiles le va a ir mejor.
También es factible que ocurra un repunte moderado de la industria, con base en un mayor consumo, que es posible prever con fundamento.
Hay que tener presente que, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando veníamos de un ciclo de aumento de las tasas de interés; este año venimos en una senda de reducción. Entonces su coletazo ahora es en favor del crecimiento del crédito y del aumento de la demanda.
También es favorable el alza inesperada de los precios de los productos básicos, en particular del petróleo y del carbón. En el caso del primero, los mayores precios conducen a un incremento de la producción, porque las empresas del sector aceleran la extracción e incrementan la inversión.
En mi opinión, arrancamos el año bien. Las cifras que han salido apuntan en una dirección alentadora.
Foto: El afianzamiento de la confianza y la reducción de las tasas de interés estimularán la demanda del crédito, el consumo y la inversión.
¿Usted cree que la caída del puente Chirajara podría tener efecto adverso sobre los cierres financieros que se espera tengan lugar en el sector de la infraestructura vial?
En este caso, las autoridades competentes tendrán que hacer la investigación para establecer las causas y las responsabilidades en el siniestro. Pero no creo que ese evento tenga un impacto negativo en los cierres financieros del sector. Los proyectos que están en desarrollo tienen unos diseños técnicos y financieros de la mejor calidad, bien documentados, que precisan con detalle los procedimientos de ingeniería de las obras, los riesgos de construcción y operación, las labores necesarias, los montos de las inversiones y los estándares de calidad que deben cumplir para que se produzcan los cierres, se realicen los desembolsos de la financiación y tengan lugar los pagos.
De manera que un incidente desafortunado como el del puente Chirajara no tiene por qué afectar la percepción de riesgo de los proyectos adjudicados por medio de unos contratos de concesiones de última generación.
Además, los riesgos están cubiertos por pólizas de seguro y son asumidos por los inversionistas, que aportan el capital, y por las compañías de seguro, que proporcionan la cobertura, pero no por las instituciones financieras.
En el caso de la concesión de Ruta del Sol II, ¿se ha pensado en realizar alguna devolución de dinero a Odebrecht?
El tema lo maneja la ANI. Sin embargo, creo que estamos lejos de poder pagar todas las obligaciones de la Concesión con los bancos.
Además, desde ningún punto de vista conceptúo probable pagarle al concesionario.
