El panorama de la competitividad en las economías más desarrolladas parece mejorar cada vez más, mientras que Colombia permanece con los mismos rezagos. Aún es un desafío controlar aspectos tributarios y de infraestructura para que empecemos a avanzar en esa materia.
A finales de octubre se lanzó la décimo quinta versión del reporte Doing Business del Banco Mundial. Desde que se lanzó su primera edición, el ambiente regulatorio a nivel mundial ha tenido enormes cambios, en donde hay casos de economías que han mostrado extraordinarios avances, y otros considerables rezagos para facilitarle las cosas al sector empresarial.
De 190 economías evaluadas en este, Colombia apareció en el puesto 59, siendo la tercera nación de América Latina, conjunto a México (49), Chile (55) y Perú (58) se consolidaron los primeros puestos a nivel latinoamericano. Por otra parte, la lista a nivel mundial la lideró Nueva Zelanda y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE manifestó una mayor facilidad para hacer negocios.
El aspecto que más reflejó avance en las regiones menos desarrolladas, como África y América Latina, fue la implementación de sistemas electrónicos para facilitar las operaciones, aspecto que produce una enorme eficiencia gracias a la reducción de tiempo de los procesos y la reducción de la llamada carga burocrática. De igual forma, no cabe duda en que esto contribuye al manejo de prácticas regulatorias mucho más transparentes.
En el análisis nacional, Colombia retrocedió seis puestos por los efectos que han producido los impuestos. Las empresas de nuestro país gastan casi 239 horas por año pagando impuestos y tienen una de las cargas impositivas más altas sobre sus utilidades, correspondiente al 69,8%. Asimismo, no debemos olvidar que en Colombia los impuestos vienen más de personas jurídicas que de personas naturales, todo lo contario a lo que sucede en la OCDE.
En contraste, en Nueva Zelanda las empresas tardan alrededor de 140 horas al año para cumplir con todas sus obligaciones tributarias y tienen una tasa impositiva de 34,5% sobre sus ganancias. Obviamente, es un criterio que facilita la subsistencia de las empresas nacionales.
Sin embargo, yendo un poco más allá, para subir en los escalafones mundiales de competitividad, hace falta realizar una variedad de reformas que faciliten mucho la tarea al sector privado, que impulsen el desarrollo económico y que promuevan la generación de empleo. No basta con una reforma tributaria que sigue siendo regresiva.
Por otra parte, según el Consejo Privado de Competitividad, la productividad es la clave del crecimiento del país, dado que permite un desarrollo de largo plazo, con factores adheridos que se relacionan con mejorar el bienestar de la población. Conjugando el crecimiento económico y social, se puede hablar de verdaderos procesos de desarrollo, mientras tanto no es muy viable.
En el informe nacional de competitividad más reciente publicado por el Consejo (2017-2018), la infraestructura continúa siendo uno de los eslabones más débiles. De hecho, esta debilidad pudo profundizarse por los recientes escándalos de contratación y atrasos de proyectos fundamentales a nivel nacional, que se fraguaban para mejorar el tránsito comercial y poblacional. Aún se nos dificulta establecer la viabilidad de las estrategias con visión de desarrollo territorial para fortalecer nuestro desarrollo regional.
De acuerdo con varios referentes a nivel global, como el Foro Económico Mundial, Colombia obtuvo una calificación total de 3,11 sobre 7 en términos de infraestructura. Por su parte, el Banco Mundial le calificó 2,61 sobre 5, lo que nos posicionó en el puesto 12 de 18 países en América Latina. En resumen, nos estamos rajando en un concepto que es clave para aumentar la competitividad de las naciones y que, sin duda alguna, es uno de los criterios más desarrollados que tienen las potencias mundiales. Nuestros avances en la materia han sido fuertes en los últimos años, pero los retos para que mejoremos estos indicadores aún son monumentales.
No obstante, debe tenerse claridad en que la infraestructura por sí sola no oferta mucho valor agregado, si no se concibe bajo el concepto de mejoras en el desempeño logístico, algo en lo cual también vamos avanzando. La idea básica es poder ser más eficientes y lograr optimizar en aspectos como tiempo y costo de movilización. Por ende, debe ser una propuesta integral que vaya alineada con mejoras en los servicios de transporte y la efectividad de las aduanas; a manera de ejemplo, el Observatorio Nacional de Logística liderado por el DNP, líder de esta articulación, debe seguir fortaleciendo estos enlaces.
Por ende, dentro del mismo informe del Consejo, se proponen planes urgentes como el hecho de lograr que los proyectos de 4G superen los problemas en su fase de financiación, y que se pongan en marcha antes de la finalización de este periodo presidencial, resolver la liquidación de algunos contratos e, incluso, buscar una mayor participación extranjera para tener una mayor magnitud de las inversiones. Todo ello con el fin de retomar la confianza de actores predominantes como la banca o los inversionistas de capital.
Aún hay mucho espacio para hacer mejoras a la infraestructura nacional. Se pueden afrontar retos importantes como la mejora de las vías terciarias para lograr una mayor conectividad en todo el territorio, o establecer mecanismos que permitan reducir los costos de transporte a nivel comercial. Hay que establecer una integralidad que permita beneficiar a la población en general, pero también que permita un mejor y mayor desarrollo del tejido empresarial colombiano. Ya está claro que se ven bastante afectadas en cuanto a cargas tributarias y barreras logísticas.
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/algunos-obstaculos-competitivos-por-raul-avila/252328?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_content=dinero&utm_campaign=2017_11_17
