Por Marta Ruiz
El director de la DIAN anunció que se va del país por amenazas en su contra. Esa es una realidad que Santos no puede soslayar.
En medio de la emoción del fútbol y del triunfo holgado de Santos, ocurrió uno de los hechos más graves de este gobierno. El director de la DIAN anunció que se va del país por las amenazas que existen en su contra. La entrevista que dio al diario El Espectador retrata un país bastante lejos de ser próspero y moderno.
Ortega pinta un panorama aterrador: dice que el negocio del licor es una “ratonera”, y no hay que olvidar que lo manejan las gobernaciones. Que el 60 % de las empresas del país evaden el pago de impuestos, y que, por ejemplo, los ganaderos, que financiaron a manos llenas a los paramilitares, no existen tributariamente. Que el contrabando no entra, como se piensa, a media noche, por caminos de herradura sino por los puertos y aeropuertos. Y que en el país el 65 % de las tiendas de barrio pagan vacuna a las bandas del crimen. A eso hay que sumar la siniestra suma de 12 funcionarios de la DIAN asesinados, y que el proceso por evasión del IVA que abrió la Fiscalía hace unos años, que está concentrado en empresas de reciclaje, se ha vuelto ridículamente kafkiano, con capturas de mensajeros y secretarias que terminarán sus días en la cárcel mientras no se ha tocado a los poderosos empresarios que hay tras esa red mafiosa.
En últimas, el país que pinta Ortega es aquel en el que el Estado no es capaz de poner a sus ciudadanos a pagar impuestos, y penetrado por las mafias hasta el tuétano. Dos pequeños problemitas que se pueden convertir en grandes obstáculos para la paz de Santos.
La tributación por razones obvias, pues sin plata no habrá de donde invertir en desarrollo rural, para ampliar la democracia, o para reparar a las víctimas. No sé por qué tengo el presentimiento de que no serán los grandes ganaderos los que se meterán la mano al bolsillo para tal propósito. Tampoco creo que los empresarios, tan disciplinados en el pago del impuesto al patrimonio que aceitó la máquina de guerra, hagan la tarea esta vez, en virtud de una paz con equidad.
El obstáculo de las mafias es aún más espinoso y se reduce a un problema que Colombia no ha podido, o a lo mejor no ha querido resolver: el lavado de activos.
Desde cuando se produjo la desmovilización de los paramilitares, la economía ha recibido miles de millones que se han ido legalizando en empresas fachada, negocios temporales, grandes inversiones.
En Ralito nunca se habló de desmontar el narcotráfico, pero a los paramilitares y sus aliados se les abrió la puerta trasera, disfrazada de confianza inversionista, para que blanquearan su dinero a manos llenas. El proceso que se sigue contra la familia de la Gata, por haber lavado miles de millones de Mancuso a través del chance, es apenas la punta del iceberg de esa gran operación. Pero falta todo por saber, todo por investigar, todo por incautar.
Presumo que con el proceso de paz con las FARC puede pasar algo similar. Muchos querrán blanquear los miles de millones sucios que circulan alrededor del negocio de la guerra. Máxime cuando la promesa de este, a diferencia del que hizo Uribe con las AUC, es ponerle fin al narcotráfico. Basta ver quiénes son los nuevos ricos en países donde ha habido armisticios, para entender cómo es la jugada. Y a dónde va a parar el dinero que otrora sostenía ejércitos y combatientes.
Esa es una realidad que Santos no puede soslayar. Su segundo gobierno empieza con una baja muy sensible en la DIAN, que muestra dónde está uno de los flancos más débiles del Estado, de cara a retomar el monopolio de la fuerza, y como no, de los impuestos. Ojalá no nos salga ahora con que la paz lo que requiere es una reforma tributaria para la clase media, mientras los evasores, y las mafias, siguen de fiesta.
