miércoles, 31 de julio de 2019

Casi 180.000 personas más pagarían Imporrenta este año

Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, 1,1 millones de ciudadanos serían responsables de cancelar el tributo.


Este año, según cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, unas 180.000 personas más pagarían renta.

Alguno de los cambios hechos en la ley de financiamiento, con respecto al pago del impuesto de renta de personas naturales, ya los están sintiendo cada vez más ciudadanos.

Más exactamente, esto se debe por el cambio hecho a la tabla de la retención en la fuente, que antes comenzaba en $3,2 millones y ahora lo hace en $2,9 millones, y también por la unificación de cédulas para la depuración del impuesto de renta.

Sobre el primer tema, si bien el rango cambia solo en $300.000, unos 180.000 colombianos entrarían al grupo de personas impactados en las retenciones en la fuente que se hacen cada mes, las cuales aplican para sus ingresos laborales.

Según Horacio Ayala, exdirector de la Dian, “la cifra de arranque de tabla es más baja, lo que quiere decir que más personas entrarán dentro de ese criterio, lo que hace que la base se reduzca y el recaudo aumente levemente”.

En esto coincidió Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien añadió que “sí aumenta el número de personas a quienes se les tiene que hacer la retención, pero es importante decir que esto no implica que más personas paguen impuestos. En principio, esos dineros que se les retienen son de los ciudadanos y se les debería devolver, pero no es común que suceda”.

Según cálculos hechos por Juan Manrique, asesor del Observatorio, los ajustes hechos aquí y allá en la reforma tributaria llevarían a que el número de contribuyentes que pagan impuesto de renta llegue a 1,1 millones.

En cuanto al recaudo esperado, el Ministerio de Hacienda proyectó, en su momento, que todos los ingresos por parte de personas naturales implicarían recoger $3,3 billones este año. Sin embargo, de allí se deben descontar unos $800.000 millones que llegarían por concepto de impuesto al patrimonio, con lo cual el impuesto de renta le dejaría al país $2,5 billones en el 2019.

Esto significaría que el recaudo por dicho tributo aumentaría en unos $200.000 millones frente al año anterior, según cálculos hechos por diferentes académicos. 

En cualquier caso, el incremento se deberá, además, por otras dos razones relacionadas con la ley de financiamiento. Uno tiene que ver con la unificación de cédulas y la otra con las nuevas tarifas para quienes más ingresos tienen.

Lo primero tiene que ver con la eliminación del sistema cedular para depurar los ingresos que reciben los contribuyentes, de tal modo que en una sola ‘fórmula’, se liquiden los impuestos a pagar por las rentas de trabajo, de pensiones, de capital y las no laborales. En tanto, lo segundo responde a la imposición de tarifas levemente superiores a quienes reciben mayores recursos mes a mes, de tal modo que tributen más.

Según la exposición de motivos de la ley de financiamiento, “este conjunto de medidas facilitará los trámites a los contribuyentes y limitará a su vez el uso de prácticas de evasión y elusión que beneficiaban a las personas de mayores ingresos”.

De hecho, según una presentación de hace unas semanas del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ambas medidas le permitirían al país recibir $1,9 billones este año y, con lo cual, los demás contribuyentes aportarían los $600.000 millones restantes, para completar los $2,5 billones esperados.

REGLAMENTACIÓN

Anticipándose al inicio de las declaraciones y pagos de este gravamen, que todos los años comienzan hacia agosto, la cartera de Hacienda alista una reglamentación de todos los cambios incluidos en la ley de financiamiento, puntualmente relacionados con la renta de personas naturales.

En un borrador de decreto, el Gobierno señala que es necesario clarificar los cambios hechos en la ley de financiamiento y el Plan de Desarrollo, de tal modo que los ciudadanos impactados tengan seguridad jurídica a la hora de tributar.

Puntualmente, se reconfirma que los aportes voluntarios a fondos de pensiones y cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) no pagarán impuestos hasta por $85 millones, pero si estos son retirados antes de tiempo, serán sometidos a una retención en la fuente mayor (pasó del 15% al 35%).

Vale recordar que si bien en la reforma no quedaron incluidos estos cambios, el Gobierno prestó atención a las alertas hechas por los fondos privados de pensiones, quienes aseguraron que los recursos allí invertidos de forma voluntaria superaban los $20 billones, por lo cual su tributación haría que estos fueran retirados de masivamente.

Los ajustes necesarios fueron enmendados en la ley del PND, pero en la de financiamiento se incluyeron otros cambios. Uno de ellos tiene que ver con las exenciones que tenían los trabajadores independientes que tuvieran máximo dos personas a su cargo.

Según Ayala, “al contrario de lo que venía figurando antes, una persona independiente que tiene dos personas a cargo por más de 90 días tenía derecho a unas deducciones, y en la ley de financiamiento las limitaron. Se supone que la norma anterior estaba intentando estimular la contratación y el empleo, pero lo que aparece es todo lo contrario”.

Finalmente, el Minhacienda también busca darle claridad a quienes pidan préstamos, con el fin de comprar una casa o apartamento. Según el borrador de decreto, “se requiere precisar el valor a deducir mensual por concepto de intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para la adquisición de vivienda”. En este sentido, el valor a deducir mensualmente de la base de Retefuente será del 100%.

Estos cambios seguirán aplicando en lo corrido del año, pero también en el 2020, ya que según la Dian, la mayor parte de la ley de financiamiento se verá reflejada en las declaraciones del próximo año.

DIPLOMÁTICOS Y CONSULARES
En el borrador de decreto del Minhacienda también se detalla que el Gobierno busca darles claridad a los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos de la Cancillería. En este sentido, los recursos recibidos por concepto de primas especiales y de costo de vida que reciben estas personas no estarán sometidas a los límites de deducción que sí tienen las rentas de trabajo de todos los demás trabajadores en Colombia. 

Esto es puntualmente el 40% o 5.040 unidades de valor tributario (UVT), que vienen siendo algo más de $172,7 millones. Lo anterior, debido a que una ley de 1992 establece normas claras para este tipo de trabajadores públicos y los beneficios que reciben por las primas ya mencionadas.


https://www.portafolio.co/economia/impuestos/casi-180-000-personas-mas-pagarian-imporrenta-este-ano-530551

Costos estándar: contabilización y evaluación de las variaciones (parte I)

Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas. Si detecta algún error, por favor avísenos haciendo click en “Reportar un error” (más abajo en esta misma página). Mil gracias. 


El costeo estándar evalúa el uso eficiente de recursos de la organización, y para ello compara las cantidades y precios reales de los elementos del costo de un producto con los presupuestados por la entidad. A continuación, abordamos la contabilización del costo del producto utilizando este sistema.

Las entidades toman decisiones apoyándose en la información que poseen, de manera que cuanto más exacta sea, será de mayor utilidad. El costo de un producto permite evaluar el desempeño financiero de una entidad durante un período, señalando la rentabilidad que ha logrado obtener la gerencia de la entidad con los recursos que le han encargado. Por lo mismo, el sistema de costos es de gran relevancia y debe elegirse de acuerdo con las necesidades de información de cada entidad.
“Para el caso de entidades que fabrican un gran volumen de productos y que requieren información detallada, el costeo estándar facilita la evaluación de la eficiencia con la cual se han utilizado los recursos” 

Para el caso de entidades que fabrican un gran volumen de productos y que requieren información detallada, el costeo estándar facilita la evaluación de la eficiencia con la cual se han utilizado los recursos. En este análisis señalamos los pasos necesarios para la contabilización de los tres elementos del costo utilizando el sistema de costos estándar.
El sistema de costos estándar

El sistema de costos estándar se centra en evaluar lo que debería ser el costo de un producto si se utilizaran los recursos eficientemente. Por tanto, este parte de evaluar las cantidades, tiempos y precios estándar para fabricar una unidad de producto, a partir de las cuales se examinan las variaciones que se obtienen sobre estas tarifas. De esta forma, la entidad podrá conocer cuáles de sus procesos resultan más costosos y tomar las decisiones al respecto.
¿Se puede utilizar este sistema bajo Estándares Internacionales?

Sí es posible, siempre y cuando el costo de los inventarios se aproxime al que se obtiene siguiendo los requerimientos de la sección 13 de inventarios del Estándar para Pymes y que las tarifas estándar se calculen utilizando los niveles normales de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad (puede ampliar esta información en nuestro análisis Técnicas de medición del costo aceptadas por las Normas de Información Financiera).
Contabilización de los elementos del costo bajo el sistema de costos estándar
1. Tarjeta de costos estándar

En esta tarjeta se registran las cantidades (Qs) y los precios estándar (Ps) de cada uno los elementos del costo (MPD, MOD, CIF fijos y variables) necesarios para fabricar una unidad del producto, de acuerdo con las mediciones realizadas por la entidad. Puede usarse un diseño similar al siguiente:

Recursos
Qs
Ps
Cs (Qs * Ps)
MPD – V
6
 $8,10
 $48,60
MOD – V
3
 $6,25
 $18,75
CIF – V (*)
3
 $6,25
 $18,75
CIF – F (*)
3
 $3,75
 $11,25
Total

 
 $97,35



(*) Los CIF fijos y variables deben calcularse utilizando la tasa presupuestada de CIF de la entidad. Para ello se deben establecer el nivel de producción presupuestado que tenga en cuenta la capacidad normal de la entidad (puede establecerse en horas de MOD, horas máquina, unidades de producción, entre otros). En este ejemplo se usaron los siguientes datos:
CIF variables: $300.000.
CIF fijos: $500.000.
80.000 horas de MOD.
2. Registros de compra de materiales

Las compras en el sistema de costos estándar deben registrarse a los precios (Pr) y cantidades reales (Qr) en que se adquieren, no utilizando las tarifas estándar. Estas últimas solo se utilizarán en el momento de contabilizar los consumos. El registro contable se muestra a continuación:
Cuenta
Débito
Crédito
Inventario de MPD
Pr * Qr
Proveedores
Pr * Qr


3. Registro de consumo de materiales

Cuando la entidad consume los materiales para iniciar el proceso de producción, debe realizar el traslado correspondiente del inventario de MPD al inventario de productos en proceso. En ese momento aparecen las variaciones de cantidades (Vq) y precios (Vp) por las desviaciones de las tarifas estándar. La evaluación debe realizarse como se muestra a continuación:
Variación de precio: compara el precio real con el precio estándar multiplicado por la cantidad real de consumo: 
Si esta variación resulta positiva, es desfavorable para la entidad, porque pagó más por adquirir los materiales y deberá reconocerse como un débito, aumentando el costo de los inventarios.
Si la variación es negativa, es favorable para la entidad, debido a que obtuvo los materiales por un precio inferior al presupuestado, y se reconoce como un crédito, disminuyendo el costo de los inventarios. La fórmula se muestra a continuación:
Vp = (Pr – Ps) * Qr de consumo
Variación de consumo: compara la cantidad real con la cantidad estándar multiplicada por el precio estándar: 
Si esta variación resulta positiva, es desfavorable para la entidad, debido a que consumió una cantidad mayor de la que se tenía presupuestada. Por tanto, se registra como un débito, aumentando el costo de los inventarios.
Si la variación resulta negativa, es favorable para la entidad, ya que su consumo estuvo por debajo del presupuestado y se registra como un crédito, disminuyendo el costo de los inventarios. La fórmula se muestra a continuación:
Vq = (Qr – Qs) * Ps
Una vez evaluadas las variaciones de precio y consumo, el inventario de producto en proceso se registra utilizando las tarifas estándar y el inventario de MPD, empleando las tarifas reales; las diferencias se llevan a las cuentas de las variaciones como un crédito o débito, dependiendo de la evaluación realizada. Un ejemplo del registro se muestra a continuación:
Cuenta
Débito
Crédito
Inventario de producto en proceso – MPD
Qs * Ps
Vp (**)
XXX
Vq (**)
XXX
Inventario MPD
Qr * Pr

(**) Nota: las variaciones de precio y cantidad se registrarán en el débito o crédito, dependiendo de si son desfavorables o favorables para la entidad como se explico anteriormente.

https://actualicese.com/actualidad/2019/06/12/costos-estandar-contabilizacion-y-evaluacion-de-las-variaciones-parte-i/?referer=email&campana=20190612&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190612_contable&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

martes, 30 de julio de 2019

Por qué subió tanto el valor de la declaración de renta?

A más de 2 millones de colombianos les tocó estar al día con su declaración de renta y algunos de este grupo pagaron por primera vez. Sin embargo, los que venían disfrutando de algunas deducciones les correspondió pagar más este año.


La declaración de renta es un informe que un contribuyente presenta a la DIAN para dar cuenta de todos lo que constituye ingreso o renta: desde su salario, sus pensiones, pasando por lo que es capital, como su patrimonio (bienes inmuebles y muebles) como también lo que recibe por dividendos o participaciones. 

Este año, los vencimientos para estar al día con la declaración y pagar el impuesto a cargo empezaron el 9 de agosto de 2018 y terminan el próximo 19 de octubre de 2018. Las personas naturales deben estar muy pendientes de estas fechas o puede ocurrir que al presentar la declaración, el impuesto de 2018 a cargo le de $0. Pero por no estar al día con la fecha comienza a pagar la sanción mínima, que es de 10 UVT (unos $332.000 este año). 

Pero otros tuvieron que pagar más. Ya sea porque no hicieron la suficiente planeación o porque ya no disfrutan de algunas deducciones. Por ejemplo, alguien que el 2016 pagó intereses de vivienda, puede que en 2017 haya terminado de pagar el crédito hipotecario y no tiene intereses que declarar. En ese caso, es posible que termine pagando de impuesto desde $500.000, según el caso. 

Precisamente, para aclarar estos temas, FinanzasPersonales.co se unió con Semana.com para hacer el podcast de ¿por qué subió el valor a pagar por la declaración?. El tema surge con fuerza porque precisamente, el gobierno nacional entrante tiene entre sus planes presentar una nueva reforma tributaria, bajo el argumento que el actual sistema es caótico y que debe aumentar los ingresos nacionales. 

Por eso, los recientes anuncios en la materia tienen a los colombianos de a pie muy preocupados. Por un lado, se ha anunciado que el Impuesto a las Ventas (IVA) se aplicará a más productos de la canasta familiar, a las pensiones y matrículas, útiles escolares y a los almuerzos corrientes y otras comidas preparadas. 

También se podría aumentar la base de contribuyentes, haciendo que las personas con ingresos de $1.900.000 en adelante tengan que presentar la declaración de renta.


https://www.finanzaspersonales.co/impuestos/articulo/por-que-subio-tanto-el-valor-de-la-declaracion-de-renta/77511?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_content=finanzaspersonales&utm_campaign=2019_06_12
Indicadores a la baja en algunos sectores no han frenado ventas de gasodomésticos y electrodomésticos, asegura el gerente de la compañía Haceb.


Santiago Londoño, gerente general de la compañía de electrodomésticos Haceb.

Alianzas con algunas firmas constructoras y apuestas tecnológicas e innovadoras a la hora de crear y ofrecer nuevos productos a los consumidores, son algunas de las fórmulas que tiene Haceb para enfrentar los cambios de una industria que avanza rápidamente.

“Hoy competimos con marcas muy grandes, pero tenemos una propuesta de valor ganadora con la cual estamos en capacidad de hacer la diferencia”, explica Santiago Londoño, gerente de la compañía de electrodomésticos, que en el año corrido, a abril, registró un crecimiento del 17%.

Según el directivo, en esto ha sido determinante el buen desempeño de la línea blanca, y, con esta, el lanzamiento de nuevos productos, entre ellos, las neveras Himalaya, que disminuyen 38% el consumo de energía, o las lavadoras supereco, entre otras.

A esto les suma, además del consumidor tradicional que ha fidelizado la marca, otros clientes como las firmas constructoras, que a través de la comercialización de los proyectos inmobiliarios también les ha permitido hacer presencia de una manera diferente.

Por eso, al consultarle sobre eventuales alianzas con las compañías comercializadoras de finca raíz en un entorno complicado para esa industria, tal como lo reveló la caídad de 8,8% del Producto Interno Bruto (PIB)del subsector de edificaciones, Londoño reconoce que aunque el desarrollo de nuevas obras no se ha cancelado, hay casos en los cuales las entregas sí se han aplazado y, en alguna medida, afecta lo que se maneja con ellos.

“Sin embargo, creo que lo peor que le puede pasar a una economía es la incertidumbre. Por eso, soy optimista y, la verdad, lo que veo es que hay construcciones con buenas especificaciones que siguen demandando gasodomésticos y electrodomésticos”, anota.

Esa alianza es importante para las partes –comenta el directivo–, ya que para un constructor la posventa generalmente es un problema y, por eso, al contar con Haceb en el proceso, esteno se ‘enreda’ y tiene las garantías necesarias.

NEGOCIO DIVERSIFICADO

“Pero vamos más allá –resalta Londoño–, ya que al ser sus aliados hacemos convenios para que los compradores adquieran nuestros productos a un mejor precio. Esto significa ofrecer una propuesta integral, acompañándolos en todo el proceso: ventas, instalaciones, etc.”, explica el directivo, que –además– ve más oportunidades en la diversificación del negocio.

Por ejemplo, hay proyectos que entregan vivienda dotada; incluso, algunos están ensayando figuras como el renting de electrodomésticos, que se complementan con el consumo colaborativo o los centros de lavandería en las edificaciones, que Haceb monitorea para estar al tanto de las nuevas tendencias.

De hecho, bajo la premisa de estar en línea con lo que sucede en el mundo, la compañía presentó recientemente el Hogar Conectado, que no es otra cosa que un inmueble residencial que les ofrece a quienes lo habitan la posibilidad de administrar los gasodomésticos y demás sistemas a través de internet, con el valor agregado de ahorros y seguridad remota, entre otros.

Todos estos frentes del negocio también obligaron a los directivos a conformar un equipo con personal propio, que a la fecha suma 260 técnicos directos que cubren gran parte del país. 

Según el gerente, “están en capacidad de atender más de 28.000 solicitudes al mes. Esto significa, servicios de mantenimiento preventivo, arreglos de gasodomésticos o electrodomésticos, que simplemente confirman que la industria trasciende más allá de fabricar y comercializar productos.

“Esto, además, lo complementamos con 21 centros de servicio directo en el país y presencia directa en 18 ciudades capitales, con las cuales –a la fecha– abarcamos el 82% del territorio nacional”, reveló.

A esta dinámica, Londoño le suma la presencia en mercados como grandes superficies, retail, comercio electrónico y firmas instaladoras de gas, además de la atención a otros canales en el país y en el exterior.

Precisamente, al consultarle sobre un eventual impacto por el aumento en el precio del dólar, el gerente de Haceb explica que aunque gran parte del portafolio se fabrica localmente, es un hecho que la volatilidad de la tasa de cambio afecta.

“Esto sucede, especialmente, en las importaciones que hacemos de algunas materias primas; de todas formas, es una situación que tratamos de compensar con las exportaciones que realizamos al Caribe”, señala Londoño, quien agrega que, precisamente, de esa incursión en el exterior y de tener en el país una conciencia medioambiental más fuerte, también surgió otro compromiso: ser sostenibles y amigables con el medioambiente.

EN LÍNEA CON LO SOCIAL
El gerente general de Haceb, Santiago Londoño, también destaca que a través de algunos de los productos han llegado a las familias de menos recursos. “Esto, de hecho, abre las posibilidades de reforzar la idea de trabajar de mano con los constructores para que, de acuerdo con las especificaciones de su oferta, podamos participar, por ejemplo, a través del acceso a créditos para algunos de nuestros productos. Es algo que en el caso de la vivienda social aportaría al objetivo de consumir menos energía, agua etc…”.


https://www.portafolio.co/negocios/lo-peor-que-le-puede-pasar-a-la-economia-es-la-incertidumbre-530559

lunes, 29 de julio de 2019

Formulario 210 y formato 2517 para renta AG 2018 – Residentes obligados a llevar contabilidad


Compartimos esta plantilla en Excel que sirve como guía para elaborar el formulario 210 y formato 2517 para las declaraciones de renta y complementario de personas naturales y asimiladas residentes, y de sucesiones ilíquidas de causantes residentes, que estén obligadas a llevar contabilidad. 
*Documento realizado por nuestro líder de investigación tributaria y contable, Diego Guevara Madrid. 
(Última actualización: 25 de junio de 2019) 

En el archivo en sus manos se incluye el formulario 210 en versión Excel, como guía para elaborar las declaraciones de renta del año gravable 2018 de personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes que estén obligadas a llevar contabilidad o que la llevan de forma voluntaria. Cabe anotar que dicho formulario fue prescrito por la Dian a través de su Resolución 000016 de marzo 7 de 2019 (publicada en el Diario oficial 50894 del 13 de marzo de 2019, el cual empezó a circular en internet el día viernes 15 de marzo de 2019). 

El formulario en cuestión no servirá para elaborar declaraciones por fracción del año gravable 2019, pues para ese tipo de declaraciones se necesita otro formulario especial en el que se apliquen los cambios que introdujo la Ley 1943 de diciembre de 2018 (la cual modificó la cedulación de personas naturales, indicando que a partir del año gravable 2019 la renta ordinaria no estará descompuesta en cinco cédulas, sino en tres). 

Adicionalmente es importante señalar que junto al formulario 210 se incluyen en esta plantilla, en versión Excel, las siete páginas (secciones) que componen el formato 2517 v.1 (reporte de conciliación fiscal, artículo 772-1 del ET y Decreto 1998 de noviembre 30 de 2017) para el año gravable 2018, prescrito con la Resolución 000052 de octubre 30 de 2018 (la cual fue modificada con la Resolución 000016 de marzo de 2019). 

De acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 1 de dicha resolución, y con un comunicado especial que publicó la Dian en su portal el 26 de marzo de 2019, el formato 2517 solo se deberá elaborar y conservar por el período de firmeza de la declaración, pero no se deberá presentar virtualmente en ningún caso por el portal de la Dian, pues esta entidad no elaboró el respectivo prevalidador. 

Además, aunque el artículo 4 de la Resolución 000052 de octubre de 2018 indica que quienes se liquiden durante 2019 solo deberán elaborar y conservar el formato 2517 por la fracción del año gravable 2019, y que tampoco tendrán que presentarlo virtualmente; ese formato 2517 prescrito en octubre de 2018 no se puede utilizar para declaraciones por fracción del año gravable 2019, dado que no refleja los cambios que la Ley 1943 de diciembre de 2018 le efectuó al impuesto de renta de las personas naturales residentes. 

Del mismo modo, esta plantilla incluye los modelos de los principales anexos que se sugiere elaborar y conservar para soportar las cifras que se llevarán a los diferentes renglones de dichos documentos.
Las hojas que encontrará en este archivo son: 
Presentación. 
Formulario 210. 
Detalle de los renglones del formulario 210 (adaptado para los no obligados a llevar contabilidad). 
Conciliación de utilidades. 
Tablas para la asignación de tarifas. 
Ejercicio de subcapitalización del artículo 118-1 del ET. 
Cálculo de intereses presuntivos por préstamos en dinero a sociedades donde se era socio o accionista durante 2018. 
Determinación de la renta presuntiva (artículo 189 del ET). 
Determinación del anticipo al impuesto de renta por el año gravable 2019. 
Modelo para realizar el cálculo de la sanción por extemporaneidad. 
Conciliación patrimonial. 
Inversiones en asociadas. 
Propiedad, planta y equipo. 
Carátula del formato 2517. 
ESF – Patrimonio. 
ERI – Renta líquida. 
Impuesto diferido. 
Ingresos y facturación. 
Activos fijos. 
Resumen ESF – ERI.

https://actualicese.com/modelos-y-formatos/formulario-210-de-declaracion-de-renta-por-el-ag-2018-residentes-obligados-a-llevar-contabilidad/?referer=email&campana=20190611&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190611_impuestos&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

INC de bienes inmuebles fue reglamentado con el Decreto 961 de junio 5 de 2019



La reglamentación efectuada permite concluir que los vendedores de bienes inmuebles no tendrán que facturar ni declarar el impuesto al consumo. Será el notario quien se encargue de cobrárselo directamente al comprador, el cual tendrá que asumirlo y tomarlo como mayor valor del bien raíz comprado. 

Luego de haberlo anunciado como un proyecto de decreto desde el pasado 25 de enero de 2019, el Ministerio de Hacienda finalmente expidió su Decreto 961 de junio 5 de 2019, a través del cual se agregaron los artículos del 1.3.3.9 hasta el 1.3.3.30 al DUT 1625 de octubre de 2016, con el propósito de reglamentar el nuevo impuesto nacional al consumo –INC– del 2 % sobre bienes inmuebles con precio de venta superior a $26.800 UVT ($918.436.000 para 2019) contenido en el artículo 512-22 del Estatuto Tributario –ET– (norma que fue creada con el artículo 21 de la Ley 1943 de 2018 y que empezó a regir desde enero 1 de 2019). 

Al respecto es necesario destacar, en primer lugar, que la lectura de la norma superior contenida en el artículo 512-22 del ET había dado a entender que toda persona natural o jurídica (nacional o extranjera, residente o no residente) que llegara a vender a partir de enero 1 de 2019 un inmueble (nuevo o usado) ubicado en Colombia (sin incluir los inmuebles expresamente exonerados dentro del artículo en mención), y que lo hiciera por un valor superior a 26.800 UVT ($918.436.000), tendría la tarea de registrarse en el RUT como responsable del INC (responsabilidad 33) y luego, facturar (incluso de forma electrónica) y declarar bimestralmente el respectivo impuesto nacional al consumo con la tarifa del 2 %. 

Además, se entendía que todo aquel que actuara como comprador tenía que inscribirse en el RUT como agente de retención a título del INC (responsabilidad 51) y luego sería preciso que retuviera y pagara el 100 % del INC que le hubiera cobrado el vendedor (haciéndolo primero con un formulario 490), de forma que pudiera presentarle al notario, antes de la elaboración de la respectiva escritura, la prueba de que ya se había retenido y pagado el mencionado impuesto. Posteriormente, debería presentar el formulario mensual de retenciones en la fuente (formulario 350), incluyendo en el renglón 84 el mismo valor que ya se había pagado con un formulario 490. 

Sin embargo, esa interpretación natural de la norma superior (con la cual se iban a generar muchos traumatismos en la aplicación práctica, pues era obvio que resultaba complejo exigir, por ejemplo, que una persona natural residente o no residente se tuviera que convertir en facturadora del INC cuando vendiera un bien raíz superior a 26.800 UVT, o que se convirtiera en agente retenedora de dicho impuesto cuando actuara como compradora) se empezó a volver más compleja cuando la Dian expidió su Resolución 000016 de marzo 7 de 2019 para prescribir el formulario 310 de declaraciones bimestrales del INC durante 2019

La reglamentación que finalmente se hizo con el Decreto 961 de junio 5 de 2019 

Sabiendo entonces que la aplicación literal de la norma contenida en el artículo 512-22 del ET iba a generar muchas complicaciones en la práctica, lo que hizo el Ministerio de Hacienda con su Decreto reglamentario 961 de junio 5 de 2019 fue establecer un sistema en el cual el INC sobre bienes inmuebles operará de la siguiente forma, mucho más simplificada: 
“Ningún vendedor de los bienes inmuebles sujetos al INC tendrá que inscribirse en el RUT como responsable por ese impuesto, ni tendrá que facturarlo electrónicamente, ni declararlo bimestralmente en el formulario 310”

a. Ningún vendedor de los bienes inmuebles sujetos al INC tendrá que inscribirse en el RUT como responsable por ese impuesto, ni tendrá que facturarlo electrónicamente, ni declararlo bimestralmente en el formulario 310. 

b. Cuando en Colombia se esté ante la venta de bienes raíces frente a notario público, lo que este funcionario hará es tomar el total del precio de venta que figure en la escritura. Si supera las 26.800 UVT, le calculará un valor del 2 %, y cobrará dicho monto directa y únicamente al comprador del bien raíz, el cual tendrá que tomarlo fiscalmente como un mayor valor del bien raíz que compró (ver artículos 1.3.3.17 y 1.3.3.19, agregados al DUT 1625 de 2016). 

En esa operación sería entonces el notario el único obligado a inscribirse en el RUT como un “agente de retención del INC”, y también tendría que incluir el valor del INC en el renglón 84 del formulario 350 para declaraciones mensuales de retención en la fuente

c. Cuando se trate de una cesión de derechos fiduciarios sobre patrimonios autónomos que no cotizan en bolsa y que tengan como activo subyacente a un bien inmueble, se tendrán que efectuar primero los cálculos especiales del parágrafo del artículo 1.3.3.15, y con ello determinar si dentro del precio de los derechos fiduciarios que se están vendiendo está involucrado el valor de uno o varios bienes raíces con un monto superior a 26.800 UVT. 

De cumplirse dicha regla, será entonces el administrador de la fiducia o patrimonio autónomo quien se encargará de calcular el valor del INC (2 %) a los bienes inmuebles que técnicamente se están vendiendo, y ese valor se lo cobrará directa y únicamente al comprador del bien raíz, el cual lo tomará como un mayor costo fiscal de los derechos fiduciarios que estaría comprando (ver artículos 1.3.3.17 y 1.3.3.19, agregados al DUT 1625 de 2016). 

En esa operación sería entonces el administrador de la fiducia (patrimonio autónomo) el único obligado a inscribirse en el RUT como un “agente de retención del INC”, y también tendría que incluir el valor del INC en el renglón 84 del formulario 350 para declaraciones mensuales de retención en la fuente

d. En relación con lo mencionado en los puntos b) y c), deberá tenerse en cuenta adicionalmente lo dispuesto en el artículo 1.3.3.29, agregado al DUT 1625 de 2016, en el cual se indica que si entre enero 1 y junio 5 de 2019 se habían hecho operaciones de compra-venta de bienes inmuebles sujetas al INC y dicho impuesto no había sido cancelado a la Dian, los compradores de dichos inmuebles tendrían que ir hasta donde el respectivo agente de retención (es decir, ante el notario o el administrador de la fiducia) a más tardar en julio 5 de 2019 (es decir, dentro los 30 días siguientes a la expedición del Decreto 961 de junio 5 de 2019), y entregarle el valor del respectivo INC. 

e. La norma del inciso segundo del artículo 1.3.3.18, y del último inciso del artículo 1.3.3.21, agregados al DUT 1625 de 2016, mencionan que cuando se presenten operaciones en las cuales no intervengan ninguno de los dos agentes de retención antes mencionados, entonces será el comprador quien deba encargarse de pagar el impuesto directa y únicamente en un formulario 490 (recibo de pago en bancos). Sin embargo, esta parte de la norma tendrá que ser aclarada por alguna doctrina de la Dian, pues creemos que siempre terminarán interviniendo como agentes de retención el notario o el administrador de las fiducias (no entendemos cuál sería un caso en el que ninguno de esos dos agentes de retención pudiera intervenir). 

f. La norma del artículo 1.3.3.9, agregada al DUT 1625 de 2016, dejó en claro que cuando se efectúen aportes de bienes raíces en la constitución de una sociedad comercial, o cuando los bienes raíces queden involucrados en procesos de fusiones o escisiones de sociedades, no se causará el INC de bienes inmuebles si dichas operaciones se efectúan cumpliendo las reglas de los artículos 319, 319-4 y 319-6 del ET.
“cuando se venden derechos fiduciarios sobre patrimonios autónomos que sí cotizan en bolsa, y dichos derechos involucran como activo subyacente a un bien inmueble, entonces no se generará el INC”

g. La norma del artículo 1.3.3.11, agregada al DUT 1625 de 2016, dejó en claro que cuando se venden derechos fiduciarios sobre patrimonios autónomos que sí cotizan en bolsa, y dichos derechos involucran como activo subyacente a un bien inmueble, entonces no se generará el INC (todo por causa de que el patrimonio autónomo cotiza en bolsa). 

h. La norma de los artículos 1.3.3.25 y 1.3.3.26, agregados al DUT 1625 de 2016, indica los requisitos que se deben cumplir para que se puedan aplicar las exoneraciones del INC a los bienes inmuebles expresamente mencionados entre los parágrafos 2 y 4 del artículo 512-22 del ET. Dichas normas indican que no se genera el INC cuando se vendan predios rurales destinados a actividades agropecuarias, o predios destinados a la ejecución de proyectos de vivienda de interés social, o destinados a equipamientos colectivos de interés público social (en este último caso, solo si el adquirente es una entidad estatal o una entidad que sí está calificada en el régimen tributario especial).

https://actualicese.com/actualidad/2019/06/11/inc-de-bienes-inmuebles-fue-reglamentado-con-el-decreto-961-de-junio-5-de-2019/?referer=email&campana=20190611&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190611_impuestos&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

domingo, 28 de julio de 2019

Retención en la fuente sobre prima legal en junio de 2019



Teniendo en cuenta los cambios que introdujo la Ley de financiamiento 1943 de 2018, y dependiendo de si al trabajador del sector privado se le aplica el procedimiento 1 o 2 de retención en la fuente, es posible que el pago de su prima legal, si es inferior a $3.975.000, no sufra retención en la fuente. 
“Para efectos de calcular la retención en la fuente sobre la prima legal de servicios que se cancelará durante junio de 2019, es necesario distinguir si el trabajador pertenece al sector privado o al sector público”

Para efectos de calcular la retención en la fuente sobre la prima legal de servicios que se cancelará durante junio de 2019, es necesario distinguir si el trabajador pertenece al sector privado o al sector público, y adicionalmente si a dicho trabajador se le está aplicando el procedimiento 1 o el procedimiento 2 de retención en la fuente (ver los artículos 1.2.4.1.3 y 1.2.4.1.4 del DUT 1625 de octubre de 2016, luego de ser modificados con el Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017). 

Para ello, los artículos 385 y 386 del Estatuto Tributario –ET– (que no fueron modificados con la Ley 1943 de diciembre 28 de 2018) indican lo siguiente (citamos la parte pertinente): 

«Artículo 385. Primera opción frente a la retención. Para efectos de la retención en la fuente, el retenedor deberá aplicar el procedimiento establecido en este artículo, o en el artículo siguiente: 

Procedimiento 1. 

Con relación a los pagos gravables diferentes de la cesantía, los intereses sobre cesantía, y la prima mínima legal de servicios del sector privado o de navidad del sector público, el “valor a retener” mensualmente es el indicado frente al intervalo de la tabla al cual correspondan la totalidad de dichos pagos que se hagan al trabajador, directa o indirectamente, durante el respectivo mes. Si tales pagos se realizan por períodos inferiores a treinta (30) días, su retención podrá calcularse así: 

(…) 

Cuando se trate de la prima mínima legal de servicios del sector privado, o de navidad del sector público, el “valor a retener” es el que figure frente al intervalo al cual corresponda la respectiva prima. 

Artículo 386. Segunda opción frente a la retención. El retenedor podrá igualmente aplicar el siguiente sistema: 

Procedimiento 2 

Cuando se trate de los pagos gravables distintos de la cesantía y de los intereses sobre las cesantías, el “valor a retener” mensualmente es el que resulte de aplicar a la totalidad de tales pagos gravables efectuados al trabajador, directa o indirectamente, en el respectivo mes, el porcentaje fijo de retención semestral que le corresponda al trabajador, calculado de conformidad con las siguientes reglas (…)» 

(Los subrayados son nuestros) 

Adicionalmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 388 del ET (reglamentado con lo dispuesto en el artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016, luego de ser modificado con el Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017), cuando se estén efectuando las depuraciones de los pagos mensuales que se realicen a las personas naturales que perciban rentas de trabajo se hará necesario verificar que la sumatoria de sus “deducciones” y “rentas exentas” no superen el equivalente al 40 % de los ingresos netos totales del mes (ingresos netos que se obtienen al tomar los “ingresos brutos totales del mes” y restarle los valores que se puedan restar como “ingresos no gravados”). Además, en valores absolutos ese 40 % no debe exceder las 420 UVT mensuales ($14.393.000 para 2019). 

De acuerdo con todo lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 
Tratándose de trabajadores del sector privado, y sometidos a retención en la fuente por el procedimiento 1, el pago de su prima legal de servicios (es decir, sin incluir las demás posibles primas extralegales que le lleguen a dar) no se suma con los demás pagos laborales del mes, sino que se depura aparte (en forma independiente). Lo anterior significa que al valor bruto de la prima se le podrá restar el 25 % como renta exenta (sin que tal porcentaje en valores absolutos exceda las 240 UVT; ver numeral 10 del artículo 206 del ET y el Concepto Dian 076176 de octubre de 2005). Si el valor final que allí se obtiene supera las 87 UVT (primer rango de la tabla del artículo 383 del ET, equivalente a $2.981.000), entonces se practicarían retenciones en la fuente con los rangos de la tabla del artículo 383 del Estatuto (consulta nuestra herramienta: “Retención en la fuente con procedimiento 1 para quienes perciban rentas de trabajo durante el 2019” ). Se entiende entonces que en el caso de quienes están sometidos al procedimiento 1 de retención, si el pago de su prima legal no es superior actualmente a $3.975.000, entonces no sufrirían retención en la fuente, pues el 75 % de esa prima arrojaría un valor inferior a las 87 UVT. Debe tenerse cuidado en todo caso de que durante el mes en que se cancela la prima legal se cumpla con el límite del 40 % de “rentas exentas y deducciones” a que se refiere el artículo 388 del ET. Por tanto, aunque la prima legal se depure por aparte y no se sume con los demás pagos laborales del mes, el agente de retención tendría que comprobar que el valor por “renta exenta” que le haya restado a la prima legal de servicios, sumado a los valores por “rentas exentas y deducciones” que le haya restado a los demás pagos laborales del mes, no supere el 40 % del total de “ingresos netos del mes” (ingresos brutos menos ingresos no gravados) que haya percibido el asalariado. 
Tratándose de trabajadores del sector privado sometidos a retención en la fuente por el procedimiento 2, o de trabajadores del sector público sometidos al procedimiento 1 o 2, su prima legal de servicios sí se suma en una única base con los demás pagos labores del mes, para efectuar una única depuración y obtener así un único valor de pagos laborales gravables en el período al cual se le aplicaría la tabla del artículo 383 del ET o el porcentaje fijo definido, por ejemplo, en diciembre de 2018. 
Les va mejor a los que están sometidos al procedimiento 1 
“a los trabajadores del sector privado que reciben valores pequeños por concepto de prima legal de servicios sí les va mejor cuando sus pagos están sometidos a retención con el procedimiento 1”

En este orden de ideas, sería válido decir que, en la mayoría de los casos, a los trabajadores del sector privado que reciben valores pequeños por concepto de prima legal de servicios sí les va mejor cuando sus pagos están sometidos a retención con el procedimiento 1, en lugar de cuando están sometidos a retención con el procedimiento 2

Lo anterior es así por cuanto en el procedimiento 1 la prima legal no se suma con los demás ingresos del mes, pudiendo de esta manera quedar libre de retención. En su lugar, a los que se les aplique el procedimiento 2, y si el porcentaje fijo de retención que les vienen aplicando durante el semestre es superior a 0 %, se entendería que el 75 % de su prima legal terminaría sufriendo retención en la fuente. 

Recuérdese además que, según lo indicado en los artículos 385 y 386 del ET antes citados, es el empleador (y no el trabajador) el que decide qué procedimiento de retención se aplicará a cada uno de sus trabajadores, pues incluso es posible que a algunos de sus trabajadores les aplique el procedimiento 1 mientras a los demás les aplique el procedimiento 2. Finalmente, cabe resaltar que el procedimiento que se le aplique a un determinado trabajador debe ser el mismo durante todo el año fiscal (ver Concepto Dian 2340 de enero 20 de 1993).

https://actualicese.com/actualidad/2019/06/11/retencion-en-la-fuente-sobre-prima-legal-en-junio-de-2019/?referer=email&campana=20190611&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190611_impuestos&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

sábado, 27 de julio de 2019

Renta presuntiva: tratamiento en la declaración de renta del año gravable 2018


La renta presuntiva es una renta líquida especial cuyos lineamientos se encuentran señalados entre los artículos 188 y 189 del Estatuto Tributario. Se considera como tal, pues la ley presume que el contribuyente obtuvo una rentabilidad mínima de su patrimonio líquido a diciembre 31 del año anterior. 

Cuando se ha realizado la depuración de los ingresos de las personas naturales en la declaración de renta por medio del sistema ordinario, y se obtiene un menor valor que el de la renta presuntiva, el contribuyente deberá tributar sobre esta última; de lo contrario, deberá hacerlo sobre la renta ordinaria. 

La renta presuntiva se calcula sobre el patrimonio líquido depurado a diciembre 31 del año anterior al gravable. De acuerdo con el artículo 188 del Estatuto Tributario –ET–, modificado por el artículo 95 de la Ley 1819 de 2016, la tarifa aplicable para el año gravable 2018 corresponde al 3,5 % (para el año gravable 2019 será del 1,5 %). 

Así pues, los contribuyentes personas naturales obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta deben calcular la renta presuntiva (incluso aquellos contribuyentes que declaran por primera vez). Recordemos que el artículo 191 del ET señala cada una de las situaciones en las que no se debe efectuar dicho cálculo, las cuales mencionamos a continuación. 
Exoneración de la renta presuntiva 

Una importante complejidad tributaria se pone al descubierto cuando se examina lo sucedido con ciertas actividades económicas que antes de los cambios introducidos por la Ley 1819 de 2016 figuraban como rentas exentas en el artículo 207-2 del ET, pero que luego de la entrada en vigor de dicha ley fueron trasladadas al artículo 235-2 del ET (creado con el artículo 99 de la Ley 1819 de 2016). 

En efecto, la norma contenida en el numeral 13 del artículo 191 del ET estipula que los contribuyentes que exploten ciertas actividades económicas mencionadas en el artículo 207-2 del ET no tendrán que calcular renta presuntiva. 

En dicha norma se lee: 

“13. A partir del 1 de enero de 2003 y por el término de vigencia de la exención, los activos vinculados a las actividades contempladas en los numerales 1, 2, 3, 6 y 9 del artículo 207-2 de este Estatuto, en los términos que establezca el reglamento.” 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la norma del numeral 6 del artículo 207-2 del ET, que se relacionaba con la actividad de aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales (la cual desde el 2003 se trataba como renta exenta y sin límite en el tiempo), dejó de existir jurídicamente a partir de enero 1 de 2017, pues así lo dispuso el numeral 1 del artículo 376 de la Ley 1819 de 2016. Sin embargo, el numeral 4 y el parágrafo 2 del artículo 235-2 del ET (antes de ser modificado por el artículo 79 de la Ley 1943 de 2018) retoman el tratamiento que se daba en el numeral 6 del artículo 207-2 del ET, pero esta vez de 2017 hasta 2036, para lo cual citamos: 

“4. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, según la calificación que para el efecto expida la corporación autónoma regional o la entidad competente. 

En las mismas condiciones, gozarán de la exención los contribuyentes que a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley realicen inversiones en nuevos aserríos vinculados directamente al aprovechamiento a que se refiere este numeral. 

También gozarán de la exención de que trata este numeral, los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, posean plantaciones de árboles maderables debidamente registrados ante la autoridad competente. La exención queda sujeta a la renovación técnica de los cultivos. 

La exención de que trata el presente numeral estará vigente hasta el año gravable 2036, incluido.” 

(Los subrayados son nuestros) 

Dado lo anterior, es inevitable entonces preguntarse lo siguiente: ¿teniendo en cuenta que el numeral 6 del artículo 207-2 del ET pierde vigencia jurídica a partir de 2017, y que sus disposiciones fueron retomadas por el numeral 4 del artículo 235-2 del ET, a quienes exploten la actividad económica allí mencionada, ¿no se les podrá seguir aplicando el beneficio de exoneración de renta presuntiva indicado en el numeral 13 del artículo 191 del ET

Al respecto, y si se hace una interpretación exegética (leyendo la norma literalmente), se tendría que concluir que esa actividad perdió –a partir de 2017– el beneficio de exoneración de renta presuntiva estipulado en el artículo 191 del ET, pues luego de dicho año no existe jurídicamente el numeral 6 del artículo 207-2 del ET. Sin embargo, si se hace una interpretación teleológica (buscando el espíritu de la norma), se podría decir que quienes exploten la actividad de aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales podrían seguir aspirando al beneficio de exoneración de renta presuntiva señalado en el artículo 191 del ET, pues, según el artículo 235-2 de dicho estatuto, la actividad seguirá constituyendo rentas exentas hasta 2036. 

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que la paradoja a la que da lugar lo expuesto aplica en igual sentido para las otras actividades mencionadas en el numeral 13 del artículo 191 del ET (por ejemplo, para la actividad económica del numeral 9 del artículo 207-2 del ET –utilidad en venta de predios destinados a fines de utilidad pública–, que también formaba rentas exentas durante un tiempo fijo, debido a que dicho numeral quedó derogado desde el 31 de diciembre de 2016, pero al mismo tiempo –en el numeral 6 y parágrafo 1 del artículo 235-2 del ET– se concedió de nuevo el tratamiento de renta exenta a la misma actividad). 
Depuración de la renta presuntiva 

La renta presuntiva cobra especial relevancia para aquellas personas que han logrado amasar un patrimonio importante, pero sus ingresos (por la etapa de la vida en que se encuentran) no son suficientemente altos. 

Esta situación suele darse después de la venta de una compañía, cuando empleados en altos cargos deciden desvincularse, o cuando se reciben herencias de bienes con alto valor, pero que no generan ingresos. 

No obstante, como su nombre lo indica, el Estado presume que el patrimonio líquido del contribuyente del año anterior debe generar un ingreso presunto mínimo. En atención a lo anterior, vale la pena mencionar que, por ejemplo, se presume que una persona con un patrimonio líquido de 10.000 millones de pesos debe rentar en el año gravable 2018 el equivalente a 350 millones de pesos; valor que una vez depurado, deberá llevarse a la tabla 2 contenida en el artículo 241 del ET, pagando el valor correspondiente. 
“al momento de calcular el impuesto de renta por este sistema, se debe tomar el patrimonio bruto menos las deudas, lo cual da lugar al patrimonio líquido”

De esta forma, al momento de calcular el impuesto de renta por este sistema, se debe tomar el patrimonio bruto menos las deudas, lo cual da lugar al patrimonio líquido, pudiéndose restar a este las deducciones señaladas taxativamente en el artículo 189 del ET. Para el caso de las personas naturales, estas deducciones son limitadas. Por ejemplo, las primeras 8.000 UVT del valor de la vivienda de habitación (equivalentes a $265.248.000 por el año gravable 2018) y el valor patrimonial neto –VPN– de las acciones de sociedades nacionales. Una vez efectuada esta depuración, se obtiene la base gravable y esta, a su vez, se multiplica por el 3,5 %. El resultado de esta operación se entenderá como el ingreso presunto. 

No obstante, hay una deducción adicional no contemplada en el ET, pero sí en la jurisprudencia del Consejo de Estado, e incorporada en el ordenamiento de la Dian y es la señalada por el Consejo de Estado en la Sentencia 18024 de 2011, mediante la cual se señaló que es posible restarse de la depuración de renta presuntiva la totalidad del valor patrimonial bruto de los aportes voluntarios a los fodos de pensiones al 31 de diciembre del año en que se está realizando la depuración. Veamos. 

«Por tanto, si bien no le asiste razón al demandante, en cuanto a que los enunciados aportes no deben hacer parte del patrimonio y de la obligación de incluirlos en la declaración de renta y complementarios, ni en que sean exentos de todos los impuestos, tasas y contribuciones de origen nacional, por tratarse de “Sumas abonadas en cuentas de ahorro pensional”, como tampoco en que no deban hacer parte de la base para el impuesto de patrimonio o para la comparación patrimonial, sí es procedente, dada la calidad de renta líquida especial de la renta presuntiva, excluirlos de la base para la liquidación de dicha renta.» 

(El subrayado es nuestro) 

Consultar nuestra plantilla Formulario 210 declaración de renta año gravable 2018 – Residentes no obligados a llevar contabilidad, la cual sirve como guía en la elaboración del formulario 210 para las declaraciones de renta y complementarios de personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes (que no estén obligadas a llevar contabilidad). 
Tratamiento para el año gravable 2019 

Para los años 2019 y 2020, las personas que continúen tributando sobre la renta presuntiva deberán aplicar la tabla del artículo 241 del ET modificado por el artículo 26 de la Ley 1943 de 2018. Sin embargo, el nuevo texto del artículo 333 del ET, modificado por el artículo 31 de la Ley 1943 de 2018, propone un manejo equivocado de la renta presuntiva al señalar que esta solo debe ser comparada con la cédula general. Por lo anterior, las personas que posean ingresos en la cédula de dividendos y/o de pensiones y a su vez tengan renta presuntiva, deberán tributar sobre al menos dos rentas –pudiendo incluso ser sobre tres–, aplicando las tablas de los artículos 241 y 242 del ET, lo que les incrementará su impuesto a cargo. Para ampliar la información sobre este tema, puede consultar nuestro editorial titulado: Ley de financiamiento propone manejo equivocado de renta presuntiva de personas naturales residentes.

https://actualicese.com/actualidad/2019/06/11/renta-presuntiva-tratamiento-en-la-declaracion-de-renta-del-ano-gravable-2018/?referer=email&campana=20190611&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190611_impuestos&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Personas y empresas corruptas quedarán inhabilitadas para contratar con el Estado

Aunque este artículo fue aprobado, el proyecto anticorrupción del fiscal volvió a frustrarse por falta de quórum.

Congreso de la República.

La plenaria del Senado retomó la votación, en último debate, del proyecto de ley anticorrupción que impulsa el fiscal general de la nación. Sin embargo, la falta de quórum evitó que la iniciativa pudiera aprobarse en su totalidad. 

Los congresistas comenzaron a estudiar los artículos más polémicos de la norma y lograron sacar adelante el que le establece una inhabilidad de por vida para contratar con el Estado, a las personas y empresas que hayan incurrido en delitos de corrupción.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que esto perjudicará “a las personas naturales que hacen parte de la administración de las personas jurídicas que sean demandadas y sancionadas por hechos de corrupción y a aquellas personas jurídicas a las que se le cancele la personería, también van a quedar inhabilitadas de por vida”.

Sin embargo, aún queda pendiente el tema más álgido, que tiene que ver con la eliminación de los beneficios penales como la casa por cárcel para quienes haya cometido faltas contra la administración pública.

El fiscal general (e), Fabio Espitia, espera que haya quórum porque “para la Fiscalía es un tema central que no existan esos beneficios para los funcionarios que sean hallados responsables”.

Otro de los artículos polémicos tiene que ver con las penas de cárcel para los funcionarios públicos que filtren información reservada o noticias a la prensa. Dicho punto será modificado para garantizar que la medida no afecte el secreto profesional de los periodistas.

El senador Germán Varón Cotrino dijo que “estableceremos dentro del artículo la excepción de que aquellas personas amparadas por ley para guardar una reserva de orden profesional, no estarán obligadas y no serán sujetas de dicha sanción”.

En el proyecto de ley también quedó estipulado que la prescripción de los delitos de corrupción se ampliará a 20 años, para evitar que haya impunidad en la investigación y sanción de estas conductas.


https://www.rcnradio.com/politica/personas-y-empresas-corruptas-quedaran-inhabilitadas-para-contratar-con-el-estado

viernes, 26 de julio de 2019

Régimen de entidades controladas del exterior: aspectos relevantes a tener en cuenta


El régimen de entidades controladas del exterior fue introducido por la Ley 1819 de 2016, como una medida antielusión y antievasión internacional que busca proteger la base gravable y contrarrestar el riesgo de que los contribuyentes trasladen sus beneficios a entidades no residentes. 

De acuerdo con el artículo 883 del Estatuto Tributario –ET–, están obligados a cumplir con dicho régimen aquellos residentes fiscales colombianos que tengan una participación igual o superior al 10 % en el capital o en los resultados de las entidades controladas del exterior –ECE–. Recordemos que los lineamientos para estipular si una persona natural es o no residente para efectos tributarios se encuentran consagrados en el artículo 10 del ET (ver nuestro editorial Certificados de residencia fiscal y requisitos para su solicitud). 

Así pues, según el artículo 882 del ET, una entidad se considerará controlada del exterior si: 

1. Es controlada por uno o más residentes colombianos,y si la entidad es: 
Subordinada, que cumple con alguno de los siguientes casos: 

a. El 50 % de la sociedad pertenece a una matriz, sin tener en cuenta las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

b. La matriz y las subordinadas tienen el derecho de emitir votos que constituyen la mayoría mínima decisoria, o tienen el número de votos necesarios para elegir la mayoría de los miembros de la junta directiva. 

c. Cuando una o varias personas naturales o jurídicas, o esquemas de naturaleza no societarios poseen más del 50 % del capital y configuran la mayoría mínima para la toma de decisiones, o ejercen influencia dominante en la dirección o en la toma de decisiones. 

d. Cuando una misma persona natural o unas mismas personas naturales o jurídicas, un mismo vehículo no societario o unos mismos vehículos no societarios tengan derecho a percibir el 50 % de las utilidades. 

Según el parágrafo 3 del artículo 882 del ET, para los casos anteriores debe entenderse que “la tenencia de opciones de compra sobre acciones o participaciones en el capital de la ECE, se asimila a la tenencia de las acciones o participaciones directamente.” 
Vinculado económico del exterior. Se consideran como tal aquellas que cumplen con cualquiera de las siguientes condiciones: 

a. Se realizan operaciones entre dos subordinadas de una misma matriz. 

b. Las operaciones se llevan a cabo entre dos subordinadas que pertenezcan a una persona natural o jurídica, o a un esquema de naturaleza no societaria. 

c. Las operaciones se dan entre dos empresas donde una misma persona natural o jurídica participa en la administración, control o en el capital de estas, dicha participación se da cuando se posee más del 50 % del capital o se ejerce control sobre las decisiones de las empresas. 

d. Las operaciones se realizan entre dos empresas, donde más del 50 % del capital pertenece a personas casadas o con parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o único civil. 

e. Las operaciones se ejecutan entre vinculados a través de terceros no vinculados. 

f. Más del 50 % de los ingresos brutos de la empresa provienen de los socios o accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares. 

g. Cuando existan formas asociativas que no den origen a personas jurídicas (por ejemplo, los contratos de colaboración empresarial). 

2. La entidad no tiene residencia fiscal en Colombia. 

3. La entidad está domiciliada, constituida o ejerce operaciones en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición. En este caso, se considera que el residente fiscal ejerce control sobre la entidad independiente de su porcentaje de participación, es decir, que es indiferente si su participación sobre el capital o sobre los resultados de la entidad es inferior al 10 %. 

4. La entidad se encuentra sometida a un régimen tributario preferencial. Para este caso, también se considera que el residente fiscal ejerce control sobre la entidad, independientemente de su porcentaje de participación. Las características de los territorios considerados como regímenes tributarios especiales se encuentran estipuladas en el artículo 260-7 del ET, modificado por el artículo 109 de la Ley 1819 de 2016
“las entidades controladas del exterior también incluyen los vehículos de inversión, tales como sociedades, patrimonios autónomos, trusts, fondos de inversión colectiva, negocios fiduciarios y fundaciones de interés privado”

Sobre el tema, es válido destacar que el parágrafo 1 del artículo 882 del ET establece que las entidades controladas del exterior también incluyen los vehículos de inversión, tales como sociedades, patrimonios autónomos, trusts, fondos de inversión colectiva, negocios fiduciarios y fundaciones de interés privado que hayan sido constituidos y se encuentren en funcionamiento o domiciliados en el exterior. 
Tributación sobre rentas pasivas 

De acuerdo con los artículos 883, 890, 891 y 892 del ET, los residentes colombianos contribuyentes del impuesto de renta cuya participación en una ECE sea igual o superior al 10 %, deberán incluir en su declaración del impuesto de renta, las rentas pasivas según su porcentaje de participación en la ECE o en los resultados de esta, siempre y cuando dichas rentas sean iguales o superiores a cero. Bajo estas condiciones, los contribuyentes mencionados cuentan con la posibilidad de acceder al descuento tributario por impuestos pagados en el exterior, contemplado en el artículo 254 del ET, pero atendiendo los límites del artículo 259 del ET

Cuando se origine una renta pasiva inferior a cero, esta no se incluirá en la declaración de renta, y tampoco podrá compensarse en los términos del artículo 147 del ET, el cual establece que las pérdidas fiscales podrán compensarse en los doce períodos gravables siguientes, con las rentas líquidas ordinarias que se obtengan. 
¿Cómo determinar las rentas pasivas? 

Según el artículo 889 del ET, las rentas pasivas resultan de sumar los ingresos pasivos realizados por la ECE y detraer los costos y deducciones asociados a dichos ingresos. Para tal efecto, deben seguirse los lineamientos consagrados en los artículos 884 a 888 del ET

Se consideran ingresos pasivos obtenidos por una ECE los siguientes: 
Dividendos y cualquier otra forma de distribución, o la realización de utilidades que tienen los contribuyentes por participar en otras sociedades o en vehículos de inversión. 
Intereses o rendimientos financieros. 
Ingresos que se obtengan por ceder el uso, goce o explotación de activos intangibles. 
Ingresos por la venta o cesión de derechos sobre activos que generan rentas pasivas. 
Ingresos que se generen por la enajenación o arrendamiento de bienes inmuebles. 
Ingresos provenientes de la compra o venta de bienes corporales. 
Ingresos que se obtengan por la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica, administrativos, ingeniería, arquitectura, científicos, calificados, industriales y comerciales, siempre y cuando sean para partes relacionadas de la entidad pero que se encuentran en una jurisdicción distinta a la de la residencia de la ECE. 

Es necesario tener en cuenta que a varios de los ingresos descritos aplican ciertas salvedades que se encuentran señaladas en el mismo artículo 884 del ET. Además, es válido destacar que si los ingresos pasivos de la ECE son iguales o superiores al 80 % de sus ingresos totales, todos los ingresos, costos y deducciones de la entidad darán lugar a rentas pasivas. 

En torno a la realización de los ingresos, costos y deducciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 886 a 888 del ET, estos se entenderán realizados en cabeza del contribuyente en el año gravable en que la entidad controlada del exterior los realizó. Para tal efecto, se recuerda que la realización de dichos criterios varía si el contribuyente se encuentra o no obligado a llevar contabilidad. 
Conceptos considerados ingresos no gravados 

El artículo 893 del ET establece que si las utilidades obtenidas por las entidades del exterior estuvieron sometidas al régimen previsto entre los artículos 882 a 893 del ET, una vez los dividendos o beneficios sean distribuidos por la ECE, el contribuyente podrá considerarlos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional al momento de su realización, según su porcentaje de participación en la entidad o en los resultados de la misma. Estas condiciones también aplican a los remanentes que se distribuyan con motivo de la liquidación de la ECE. 
“El sujeto obligado al régimen ECE también podrá considerar como ingresos no gravados las rentas o ganancias ocasionales originadas por la venta de acciones o participaciones en la entidad del exterior”

El sujeto obligado al régimen ECE también podrá considerar como ingresos no gravados las rentas o ganancias ocasionales originadas por la venta de acciones o participaciones en la entidad del exterior, siempre y cuando las utilidades hayan sido sometidas a dicho régimen. 
Cambios con la Ley de financiamiento 

Por medio del artículo 59 de la Ley 1943 de 2018 se modificó el artículo 885 del ET, para reiterar que cuando los ingresos pasivos de la ECE representen un 80 % o más de los ingresos totales, la totalidad de los ingresos, costos y deducciones de la misma darán origen a rentas pasivas; sin embargo, se agregó una nueva consideración al contemplar que cuando los ingresos activos o de las actividades económicas reales de la ECE represente un 80 % o más de los ingresos totales, la totalidad de los ingresos, costos y deducciones de la misma darán origen a rentas activas.

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