martes, 30 de abril de 2019

Esta es la nueva póliza de seguro que protege a los compradores de vivienda en Colombia


El Decreto 282 del 2019 obliga a los constructores y vendedores a responderle, por un período de diez años, a quienes adquieran una vivienda nueva en caso de que la edificación presente fallas estructurales, amenaza de ruina o colapso. Existen tres mecanismos de resarcimiento. 

Con la expedición del Decreto 282 de 2019 o “Decreto de amparos”, el cual hace parte de la Ley de vivienda segura o Ley Anti Space, los constructores y vendedores están en la obligación de responderle, por un período de 10 años, desde febrero del 2021, a las personas que adquieran una vivienda nueva, en caso que la edificación presente fallas estructurales, amenace ruina o colapso. 
“el patrimonio de los compradores de vivienda se protegerá a través de tres mecanismos de resarcimiento como son: fiducia en garantía, garantía bancaria o una póliza de seguro”

Gracias a la normatividad, el patrimonio de los compradores de vivienda se protegerá a través de tres mecanismos de resarcimiento como son: fiducia en garantía, garantía bancaria o una póliza de seguro. 

Es así como los propietarios que reporten fallas en las viviendas serán indemnizadas con dinero, en reconstrucción de la misma o intervención para garantizar la estabilidad y seguridad de la construcción. 

Si la familia se encuentra habitando el inmueble en condición de arriendo, el Gobierno otorgará un subsidio por un valor mensual de hasta 1,5 smmlv. 

“Queremos que los colombianos que compran vivienda nueva tengan la tranquilidad que su inversión económica no se va a perder si las construcciones colapsan o amenazan ruina. Con este decreto se completa el paquete de medidas dispuestas en la Ley de Vivienda Segura o Ley Anti Space, que están vigentes y que garantizan mayor control de las licencias urbanísticas, mejores materiales de construcción y mayor control en el momento de iniciar un proyecto”, dijo al respecto el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón. 
Seguro se puede adquirir desde ya 

Así la nueva normatividad se aplique desde el 2021, los constructores ya pueden comenzar a hacer factible el seguro (tercer mecanismo de resarcimiento). Al respecto, Jorge Humberto Botero, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos –Fasecolda– explicó que en la escritura pública de transferencia de la propiedad se deberá señalar la información de la garantía adquirida por el constructor. 

Según un comunicado de prensa publicado por Fasecolda, a través del seguro se busca garantizar que las firmas que ejecutan proyectos residenciales cuenten con respaldo financiero para responderle a los propietarios, en caso que se presenten situaciones como los de las urbanizaciones Space, Asensi y Continental Towers de la capital antioqueña. 

Igualmente, se suman como mecanismo de protección la garantía bancaria y el patrimonio autónomo mediante la constitución de fiducia en garantía, entre otros. 

Desde el punto de vista de la entidad, gracias al seguro se fortalece a la industria constructora, porque contribuye con la gestión de los riesgos asociados a la actividad y minimiza la ocurrencia de fallas en la etapa de diseño y construcción, todo ello en beneficio del consumidor de vivienda. 

Fasecolda explica, finalmente, que el costo del seguro dependerá de cada proyecto y cada asegurador establecerá la tarifa según variables como la calidad de los diseños, el tamaño del proyecto, la calidad del constructor, la calidad de los materiales utilizados, entre otros. 

“Dicho costo no se traduce necesariamente en un aumento del valor de la vivienda, pues existe en el mercado competencia entre los constructores. A ello se suma la masificación de la cobertura, que genera competencia entre las aseguradoras”, explica la entidad en el comunicado.


https://actualicese.com/actualidad/2019/03/01/esta-es-la-nueva-poliza-de-seguro-que-protege-a-los-compradores-de-vivienda-en-colombia/?referer=email&campana=20190301&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190301&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Personas naturales no tendrán que presentar el formato 2517 del año gravable 2018


Así lo confirmó la Dian en un comunicado publicado en su portal web el 26 de marzo de 2019, en el cual destacó la instrucción contenida en el artículo 5 de la Resolución 000016 de marzo 7 de 2019. Dicho formato solo se tendrá que elaborar y conservar, pero no se tendrá que presentar. 

El pasado 26 de marzo de 2019, cuando se anunció que ya se encontraba disponible el prevalidador para elaborar el formato 2516 (versión 2) del año gravable 2018 (el cual es un anexo para quiénes declararán renta en el formulario 110), la Dian también aclaró que el formato 2517 (versión 1), el cual había sido prescrito con la Resolución 000052 de octubre 30 de 2018, y debía ser elaborado y/o entregado por primera vez por parte de las personas naturales residentes que lleven contabilidad y declaren renta en el formulario 210 (como es justamente el caso de muchas personas naturales residentes y grandes contribuyentes que deben declarar renta en abril de 2019), al final solo será elaborado y conservado, pero nadie tendrá que presentarlo virtualmente. 

En efecto, en el comunicado especial que se publicó en el portal de la Dian se lee lo siguiente: 

“Los contribuyentes que declaran en el formulario 210 (Personas Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes Residentes) por el año gravable 2018 NO están en la obligación de presentar el Reporte de Conciliación a través del Servicio Informático Electrónico – SIE; solamente deben diligenciarlo y conservarlo para su exhibición cuando la administración así lo requiera (parágrafo 3 del artículo 1 de la Resolución 000052 del 30 de octubre de 2018, adicionado por el artículo 5 de la Resolución 000016 del 7 de marzo de 2019). Para este caso, el formato que deben utilizar es el Reporte de Conciliación Fiscal anexo formulario 210, formato modelo 2517.” 

Así mismo, en la respuesta a la pregunta 2 de un cuestionario de preguntas frecuentes sobre el formato 2516 publicado la semana pasada, la Dian menciona lo siguiente: 

“2. ¿Las Personas Naturales residentes y las sucesiones ilíquidas de causantes residentes deben presentar el Reporte de conciliación fiscal, formato 2516? 

No, el formato diseñado para las personas naturales residentes y las sucesiones ilíquidas de causantes residentes obligados a llevar contabilidad es el 2517, denominado Reporte de Conciliación Fiscal anexo formulario 210. Adicionalmente, por el año gravable 2018, las personas naturales residentes y las sucesiones ilíquidas de causantes residentes no están en la obligación de presentar reporte de conciliación fiscal; solamente deberán diligenciarlo y tenerlo disponible para cuando la administración tributaria lo solicite (parágrafo 3 del artículo 1 de la resolución 052 del 30 de octubre de 2018, adicionado por el artículo 5 de la Resolución 000016 del 7 de marzo de 2019).” 

Como puede verse, la Dian sustenta dicha instrucción haciendo siempre una cita del parágrafo 3 del artículo 1 de la Resolución 000052 de 2018, el cual fue adicionado por el artículo 5 de la Resolución 000016 de marzo 7 de 2019.

Al respecto, cuando se leen en primera instancia los “considerandos” de la Resolución 000016 de 2019, se lee lo siguiente: 

“Que el literal b) del artículo 1 de la Resolución número 000052 del 30 de octubre de 2018 prescribió el formato de Reporte de Conciliación Fiscal anexo formulario 210, formato modelo número 2517, para los años gravables 2018 y 2019, que deberá ser diligenciado por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, obligados a llevar contabilidad o quienes de manera voluntaria decidan llevar contabilidad y que declaren en el formulario número 210, cuyo diseño y estructura corresponde al sistema cedular previsto por la Ley 1819 de 2016, el cual fue modificado por la Ley 1943 de 2018, circunstancia que conlleva cambios significativos en la estructura del formato modelo 2517, a aplicar para el año gravable 2019, conllevando al desarrollo e implementación de un formato para el año gravable 2018 y otro para el año 2019 y, subsiguientes, situación que acarrea esfuerzo administrativo, tanto para la entidad como para el contribuyente” 

Posteriormente, a través del artículo 5 de la mencionada Resolución 000016 de 2019, se dispuso lo siguiente: 

“Artículo 5. Adicionar el parágrafo 3 al artículo 1 de la Resolución número 000052 del 30 de octubre del 2018. Adiciónese el parágrafo 3 al artículo 1 de la Resolución número 0052 del 30 de octubre del 2018, el cual quedará así: 

Parágrafo 3. Por el año gravable 2018, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, declarantes mediante formulario número 210 deberán diligenciar el Reporte de conciliación fiscal anexo 210, formato modelo número 2517 y conservarlo para su exhibición en los términos previstos por el artículo 1.7.3 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Para ello podrán utilizar la versión en Excel que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ponga a disposición en forma virtual en la página web www.dian.gov.co.” 
“la Dian sí podía haber recibido, al menos para el año gravable 2018, el formato 2517 que ya había diseñado en octubre de 2018”

No es claro entonces por qué la Dian decidió cancelar la presentación virtual del formato 2517 del año gravable 2018, pues aunque la Ley 1943 de diciembre de 2018 haya introducido cambios a la liquidación del impuesto de renta de las personas naturales residentes, es claro que dichos cambios solo aplicarán a las declaraciones del año gravable 2019. Por tanto, la Dian sí podía haber recibido, al menos para el año gravable 2018, el formato 2517 que ya había diseñado en octubre de 2018. No obstante, parece que “les cogió la noche” y no alcanzaron a tener a tiempo el prevalidador tributario para generar el archivo XML del formato 2517 para el año gravable 2018, el cual se tenía que haber usado durante abril de 2019 para las declaraciones de renta de las personas naturales grandes contribuyentes. Y si lo anterior es válido, sería por eso entonces que prefirieron establecer que toda persona natural residente obligada a llevar contabilidad (sin importar si es o no gran contribuyente) queda exonerada de presentar el formato 2517, pero no de, por lo menos, elaborarlo y conservarlo. 

Ahora bien, si las personas naturales sí deben elaborar y conservar el formato 2517 del año gravable 2018, lo preocupante sería cuánto se tardará la Dian en liberarles el archivo de Excel al que se hace referencia en el parágrafo 3 del artículo 1 de la Resolución 000052 de 2018, el cual citamos anteriormente.


https://actualicese.com/actualidad/2019/04/02/personas-naturales-no-tendran-que-presentar-el-formato-2517-del-ano-gravable-2018/?referer=email&campana=20190402&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190402&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

lunes, 29 de abril de 2019

Consultas y diferencias de opinión en el control de calidad del encargo de auditoría


Hace parte del proceso de control de calidad el supervisar y hacer seguimiento a la realización del encargo. En esta segunda parte analizamos los requerimientos de la NICC 1 en cuanto a las consultas y diferencias de opinión que se presenten en los encargos de auditoría. 

En nuestro editorial anterior, el primero de esta serie, expusimos los requerimientos de la NICC 1 en cuanto a la planificación, supervisión y revisión de la realización del encargo de auditoría. En esta segunda parte realizamos un análisis de otros lineamientos relacionados con la realización de encargos, como las consultas y diferencias de opinión. 
Consultas 

Se espera que la firma de auditoría o el revisor fiscal establezcan políticas y procesos que permitan tener una seguridad razonable de que: 
En el desarrollo de la auditoría se están realizando las consultas pertinentes sobre situaciones complejas o que generan controversia (cuestiones clave). 
Se dispone de los recursos necesarios para una oportuna fluidez de la información (hay canales de comunicación, no hay limitantes). 
Existe una documentación adecuada que permite la revisión de las consultas y comunicaciones realizadas tanto por los miembros del equipo de auditoría como por quienes responden dichas inquietudes. 
Se adjunta una conclusión por parte del equipo a cada consulta llevada a cabo. 

Para obtener tal seguridad razonable, se requiere que las consultas que se soliciten sean claras, de manera que las personas que las reciban, ya sean miembros de la firmas de auditoría o terceros (sin desatender el principio de confidencialidad), comprendan la discusión o situación que se desea analizar. Se espera que las consultas ayuden a esclarecer la situación, e incluso a refutar la opinión del miembro de la firma de auditoría, por tanto se debe hacer uso de los recursos investigativos adecuados, como también de la experiencia técnica y especializada de colegas, con el fin de promover la calidad en el desarrollo de los encargos y mejorar la aplicación del juicio profesional de los miembros del equipo. 

Así pues, en un proceso eficiente de consulta: 
Se informan los hechos relevantes. 
Se asesora sobre la consulta ante cualquier inquietud o mal interpretación que se presente. 
Se espera que la consulta sea dirigida a quienes tengan los conocimientos pertinentes, rango jerárquico y experiencia necesarias (ya sea a un miembro de la firma o a un tercero especialista o experto). 
Se documenta el proceso de consulta. 
Se realiza una retroalimentación de la respuesta y del caso en general. 
“En caso de que no se ponga en práctica o no se tenga en cuenta la respuesta expuesta por el tercero; el equipo tendrá que documentar por qué difiere de esta opinión, y la conclusión a la que llega en el encargo”

En caso de que no se ponga en práctica o no se tenga en cuenta la respuesta expuesta por el tercero; el equipo tendrá que documentar por qué difiere de esta opinión, y la conclusión a la que llega en el encargo. Cabe anotar que esto debe hacerse siempre teniendo en cuenta los lineamientos éticos requeridos por el Código de Ética de la IFAC y por la Ley 43 de 1990, ya que se debe velar porque no se dirija una conclusión por beneficio de la firma o del tercero. Todo el asunto debe estar libre de conflictos de interés, aplicando un alto grado de objetividad e independencia. 

Por último, cabe anotar que los asuntos que dan lugar a consultas según la Guía de control de calidad para pequeñas y medianas firmas de auditoría pueden estar relacionados con problemas en la continuidad del negocio, sospechas sobre irregularidades, dudas sobre la gestión del administrador, comunicar salvedades, reclamaciones de terceros, cambios de miembros clave de la entidad, problemas de riesgo ambiental, malos manejos contables, entre otros. 
Diferencias de opinión 

Se puede dar el caso en que surjan diferencias de opinión entre miembros de la firma y las personas consultadas, e incluso con el supervisor del encargo o el revisor de control de calidad de este; por tanto la firma o el revisor fiscal deben establecer políticas y procesos a seguir para resolver dichas diferencias. No quiere decir que al seguir un proceso se solucione automáticamente la disparidad, pero es posible que en la ejecución de este se pueda obtener información adicional que permita que los miembros de la firma lleguen a otra conclusión, o atiendan aspectos que no habían sido observados con anterioridad. 

Entre las situaciones más comunes por las que se presentan diferencias de opinión se encuentran: 
Cambios, inserciones o derogación de las normas aplicables en la entidad. 
Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera y de las Normas de Aseguramiento de la Información. 
Condiciones contractuales de la entidad con terceros, y las implicaciones de estas en los hechos económicos. 
Origen y naturaleza de una transacción. 
Cambios en los procesos que deben seguir los miembros de la firma de auditoría. 

Ante esto, se requiere que las personas que estén a cargo de la auditoría: 
Se abstengan de atender sus prejuicios y propendan por esclarecer el asunto, siendo objetivos. 
Tengan una actitud asertiva frente a la solución de conflictos. 
Elaboren una lista de chequeo de los aspectos que van a evaluar para esclarecer la opinión. 
No fechen el informe hasta que no se esclarezcan las diferencias de opinión. 
Consideren todos los hechos relevantes y las razones que dan lugar a diferencias de opinión. 
Utilicen herramientas como software, material de investigación, normatividad, entre otros, que les permitan evaluar cada punto de vista. 
Realicen reuniones con el fin de llegar a un consenso. 

Si una persona no está de acuerdo con la solución que se la dará al asunto y ya no hay más alternativas para llegar a un acuerdo, debe considerar cómo esto la afecta en el desarrollo de su labor y si esta situación le genera algún riesgo como profesional, con el objeto de decidir si puede seguir trabajando con el revisor fiscal o la firma.


https://actualicese.com/actualidad/2019/02/28/consultas-y-diferencias-de-opinion-en-el-control-de-calidad-del-encargo-de-auditoria/?referer=email&campana=20190228&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190228&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Personas naturales comerciantes deben aplicar Estándares Internacionales


Muchas veces los comerciantes personas naturales no tienen claro si hay alguna norma que los obligue a llevar contabilidad de acuerdo con los nuevos marcos normativos contables vigentes en Colombia. En este editorial hablamos sobre la normatividad existente al respecto, con el fin de aclarar dudas. 

A continuación daremos respuesta a la siguiente inquietud: ¿las personas naturales comerciantes también se encuentran obligadas a aplicar los nuevos marcos contables? 

Para empezar es necesario aclarar que en el Código de Comercio se encuentran establecidas las condiciones para determinar cuándo una persona está en la obligación de llevar contabilidad, y teniendo presente que en Colombia son de forzoso cumplimiento los anexos del DUR 2420 de 2015, cualquier contabilidad que no se lleve con base en esos marcos técnicos carece de validez fiscal, trayendo las implicaciones correspondientes a quienes certifiquen y dictaminen los estados financieros que se presenten con esa información. 

El artículo 19 del Código de Comercio señala que es obligación de todo comerciante “llevar [la] contabilidad de sus negocios conforme a las prescripciones legales”. 

De la lectura de este artículo se puede entender que todos los comerciantes, independientemente de si son personas naturales o jurídicas, están obligados a llevar contabilidad, y por consiguiente, a hacerlo conforme a los marcos técnicos-normativos vigentes en Colombia, para lo cual deberán verificar las condiciones necesarias para pertenecer a cada uno de esos marcos. 

Por otra parte, debido a que llevar contabilidad facilita la administración y el control que las personas tienen sobre sus negocios, algunas de las personas naturales que la llevan sin estar obligadas (en el evento de que no sean comerciantes), pues voluntariamente deciden hacerlo, deben ser consecuentes con ese razonamiento y plantearla de acuerdo con los marcos normativos vigentes en Colombia. 

Es cierto que los comerciantes muchas veces no tienen la práctica de llevar la contabilidad en debida forma, pues se presentan casos en los que no facturan la totalidad de sus ventas, por ejemplo. Esto puede afectar el análisis que realiza el comerciante para definir su grupo de convergencia. Cabe advertir que no hay excusa para no aplicar el marco normativo que les corresponda.


https://actualicese.com/actualidad/2019/04/03/personas-naturales-comerciantes-deben-aplicar-estandares-internacionales/?referer=email&campana=20190403&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190403&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

domingo, 28 de abril de 2019

Tenencia de criptoactivos según interpretación del CINIIF


El CINIIF se reunió en marzo para adelantar la discusión sobre el tratamiento contable que debe seguirse en el reconocimiento de los criptoactivos. En este editorial abordamos las conclusiones a las que llegó el comité, y que se encuentran a la espera de comentarios por parte de los interesados. 

El Comité de Interpretaciones de Normas de Información Financiera –CINIIF– es el órgano encargado de brindar orientaciones sobre la aplicación de los Estándares Internacionales a situaciones particulares que pueden presentar confusión por parte de los preparadores de la información. 

En desarrollo de esta función el CINIIF se reunió el 5 y 6 de marzo de 2019, para evaluar, entre otros temas, el reconocimiento contable para una entidad que adquiere criptoactivos. Debido a que las interpretaciones emitidas por el CINIIF son de obligatoria observancia en Colombia para las entidades del grupo 1 y pueden ser utilizadas por las pymes cuando no se encuentre referencia específica a algún tema en el Estándar para Pyme, a continuación presentamos los aspectos de la discusión que adelantó el CINIIF en esta oportunidad. 

Es importante aclarar en primer lugar que las siguientes son decisiones tentativas por parte del comité y están sujetas a la espera de comentarios que podrán hacer llegar los usuarios interesados hasta el 15 de mayo de 2019, en el sitio de comentarios de la página oficial del IFRS

Para realizar su discusión, el CINIIF parte de reconocer que los criptoactivos son activos para las entidades que los adquieren, puesto que cumplen con los criterios establecidos para tal reconocimiento. 
La tenencia de criptoactivos ya había sido discutida por el CTCP 

Dado que el tema de los criptoactivos es un tema reciente, sumado a que no existe suficiente regulación acerca de su tratamiento y este no se encontraba especificado en ninguna de las normas que componen el marco de las entidades del grupo 1, el Concejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– inicialmente emitió el Concepto 472 del 16 de julio de 2018, el cual fue abordado en nuestro análisis Tratamiento contable de criptoactivos: ¿qué ha dicho el CTCP al respecto? para tratar de dilucidar el tratamiento contable de estos en ausencia de un pronunciamiento oficial del IASB o el CINIIF al respecto. 

Con la discusión que adelantó el CINIIF se hace necesario revisar este tema nuevamente, para entender como deberá ser reconocido este tema a la luz de las decisiones tentativas del CINIIIF. 
Discusión del CINIIF y comentarios del CTCP 

En su concepto, el CTCP realizó el análisis de las siguientes categorías de activo, para tratar de comprender hasta qué punto se adaptaban a las características propias de los criptoactivos: efectivo, activos financieros, propiedades de inversión, activos intangibles e inventarios. Mientras tanto, el CINIIF discutió se cumplían con la definición de activo intangible, inventario, activo financiero o efectivo. 

“Para el CINIIF, los criptoactivos, dependiendo de la intención con la cual los mantiene la entidad, pueden tratarse como activos intangibles o bien como inventarios”

Para el CINIIF, los criptoactivos, dependiendo de la intención con la cual los mantiene la entidad, pueden tratarse como activos intangibles o bien como inventarios, mientras que el CTCP consideró en ese momento que debían tratarse como una categoría separada de activos, puesto que no cumplía con ninguna de las mencionadas. Veamos en qué argumentos basaron sus discusiones: 
Activos intangibles 

Ambos organismos estuvieron de acuerdo con que los criptoactivos cumplen con la definición de activos intangibles señalada en la NIC 38, pues es claro que no poseen una sustancia física, y además pueden ser identificables, es decir, separables de la entidad que los posee, de manera que esta los puede transferir o vender individualmente. 

En este sentido, el CINIIF considera que puede aplicarse la NIC 38 al reconocimiento de los criptoactivos. Sin embargo, consideramos que los comentarios hechos por el CTCP en su concepto son oportunos a esta discusión, puesto que dicha entidad resalta que la NIC 38 no se diseñó para “tratar con activos que se mantienen con fines especulativos o de inversión”, como es el caso de los criptoactivos, y que en el evento que se utilice esta NIC, el modelo de costo ni el modelo de revaluación serían apropiados para la medición correspondiente, pues se requiere de la amortización de estos valores para reflejar un patrón de consumo innecesario para los criptoactivos que se mantiene con fines de especulación. 

Inventarios 

Para la CINIIF los criptoactivos pueden considerarse inventarios si la entidad que los adquiere los mantiene para venderlos en el curso normal de sus operaciones. 

El CTCP opinó en su concepto que la NIC 2 no está redactada para tratar partidas que se mantienen con fines de inversión, y que las mediciones del costo o del valor neto de realización no pueden considerarse apropiadas, puesto que estas requieren que el inventario se mida por el valor más bajo entre los dos, mientras que un criptoactivo se espera que le genere un rendimiento a quien lo adquiera. 

Efectivo o equivalente de efectivo 

Este punto no presenta discusión, en el sentido de que en los criterios establecidos por los Estándares Internacionales para reconocer el efectivo se identifica claramente que los criptoactivos no pueden pertenecer a esta categoría, porque no están reconocidos como una moneda legal por ningún banco central, representando entonces un medio de pago limitado. Así, el Banco de la República considera que la moneda legal debe tener respaldo de una institución estatal y gozar de aceptación general, mas estos criterios no se cumplen en los criptoactivos. 

Tampoco es posible reconocerlos como equivalentes de efectivo, por la volatilidad que presentan este tipo de activos. Esto último, puesto que el equivalente a efectivo debe tener la característica de adquirirse para cumplir con compromisos a corto plazo, de manera que deben estar sometidos a riesgos mínimos. 

Activo financiero 

Esta discusión también se dio por parte del CINIIF. Sin embargo, debido a que la tenencia de una criptomoneda no otorga ningún derecho contractual con otra entidad, no podría considerarse como tal. 

Conclusión 

El CINIIF dejó la puerta abierta a la discusión del reconocimiento de los criptoactivos, pero se inclina por tratarlos como activos intangibles o, en su defecto, como inventarios, según la intensión de la entidad que las adquiere. El CTCP, cuyas conclusiones son válidas, expresó su preocupación antes del pronunciamiento de la CINIIF por la medición de estos activos en estas dos categorías (intangibles e inventarios), y concluyó que para los fines de tenencia de criptoacitivos sería de mayor utilidad usar el valor razonable, puesto que con los modelos de medición de estas dos normas podrían presentarse los problemas expuestos en este editorial.

https://actualicese.com/actualidad/2019/04/03/tenencia-de-criptoactivos-segun-interpretacion-del-ciniif/?referer=email&campana=20190403&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190403&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

sábado, 27 de abril de 2019

Revisión del control de calidad del encargo de auditoría


El proceso de control de calidad implica realizar un seguimiento a cada uno de los encargos que desarrolla un auditor o revisor fiscal. En esta tercera parte analizamos los requerimientos de la NICC 1 en cuanto a la revisión del control de calidad que debe implementarse en los encargos de auditoría. 

En la primera parte de nuestro editorial expusimos los requerimientos de la NICC 1 en cuanto a la planificación, supervisión y revisión de la realización del encargo de auditoría. En la segunda parte realizamos un análisis de otros lineamientos relacionados con la realización de encargos, como las consultas y diferencias de opinión. En esta tercera parte se abordan las exigencias ligadas a la revisión del control de calidad del encargo. 
Revisión del control de calidad del encargo –RCCE– 
“La revisión de control de calidad del encargo es el conjunto de políticas y procedimientos elaborados por una firma de auditoría, que le permiten realizar una evaluación de la ejecución de su trabajo”

La revisión de control de calidad del encargo es el conjunto de políticas y procedimientos elaborados por una firma de auditoría, que le permiten realizar una evaluación de la ejecución de su trabajo durante la realización de un encargo, con el fin de generar confianza para la emisión del informe sobre los siguientes dos elementos: 
Los juicios significativos que se haya formulado. 
Las conclusiones alcanzadas para efectos de la formulación del informe. 

A continuación, se abordan una serie de inquietudes que permiten conocer cómo realizar una adecuada RCCE: 
¿Por qué es necesario realizar una RCCE? 

Durante la etapa de planeación, o incluso durante la ejecución de un encargo, pueden existir diferentes circunstancias que influyen en los juicios y las conclusiones que se formarán el equipo y el socio del encargo. Estas circunstancias pueden estar a asociadas con el objeto del encargo, o directamente con el socio del encargo. De ahí la necesidad de realizar una RCCE sobre estos elementos, dado que estos son los insumos que utiliza el socio al final del encargo para la emisión de su informe. 

Es importante señalar que aunque la RCCE no reduce la responsabilidad del socio de la firma frente al encargo, si es verdad que permite resolver oportunamente cualquier cuestión significativa que hubiese surgido en la fecha del informe, o incluso antes. 
¿En qué encargos es necesario realizar una RCCE? 

La NICC 1 define dos situaciones en las que se debe determinar la conveniencia o no de realizar una RCCE: 
Cuando se trate de encargos de auditorías de estados financieros de entidades cotizadas siempre se requiere de una RCCE. 
Para encargos distintos al mencionado en el punto anterior, la firma de auditoría es quien debe establecer los criterios para determinar si resulta adecuado realizar la RCCE, esto en función de los riesgos asociados y la complejidad que conlleva la ejecución de cada uno de ellos. 

El documento Guía de control de calidad para pequeñas y medianas empresas de la IFAC menciona algunas situaciones que podrían dar lugar a que se realice la RCCE una vez se haya iniciado el trabajo, entre ellas se mencionan las siguientes como algunas de las más relevantes: 
Cuando de alguna forma resulta comprometida la independencia de los socios del encargo frente al cliente. 
Cuando el objeto del encargo se relacione con organizaciones importantes para comunidades específicas o el público en general. 
Cuando se presentan limitaciones en el alcance de la auditoría. 
¿En qué momento debe realizarse? 

Cuando se trata de clientes nuevos, la revisión se debe adelantar antes de aceptar el encargo. 
Cuando se trata de un cliente con el que se continúe la relación, es útil llevar a cabo esta evaluación durante la etapa de planificación del encargo. 
¿Quién debe elaborar los criterios para realizar la RCCE? 

Para efectos de realizar una RCCE, la firma de auditoría que realiza el encargo es quien tiene la responsabilidad de elaborar las políticas y procedimientos que se utilizarán en esta revisión, y de designar los procedimientos y criterios para la selección del revisor de control de calidad, considerando, entre otros elementos, su objetividad, experiencia y autoridad en el tema, su tiempo y disponibilidad, y, además, políticas para preservar su objetividad. 
¿Quién está facultado para realizar la RCCE? 

El revisor de control de calidad del encargo es la persona que cumple con los criterios establecidos por la firma de auditoría en cuanto a objetividad, formación práctica, experiencia, especialización técnica y autoridad, así como en capacidad y tiempo para desempeñar esta función. Es posible que se designe más de un revisor de control de calidad con el fin de que se cumplan estos criterios. 

Es importante mencionar que entre las políticas es necesario incluir que el revisor de control de calidad: 
No puede ser miembro del equipo del encargo. 
No puede ser designado por un socio del encargo, cuando sea factible para la firma de auditoría. 
No puede revisar su propio trabajo, directa o indirectamente, ni tomar decisiones importantes en cuanto a la realización del encargo. 

Asimismo, la NICC 1 permite que cuando se trate de pequeñas auditorías se contrate a un revisor externo a la misma, con el fin de no comprometer la objetividad de la revisión en los casos en que no existieran suficientes miembros del equipo para la selección. 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben considerarse para realizar una RCCE? 

Los aspectos mínimos que se deben incluir según el párrafo 7 de la NICC 1 son: 

“(a) la discusión de las cuestiones significativas con el socio del encargo;
(b) la revisión de los estados financieros o de otra información sobre la materia objeto de análisis, y del informe propuesto;
(c) la revisión de la documentación del encargo seleccionada relativa a los juicios significativos que el equipo del encargo haya formulado y a las conclusiones alcanzadas; y
(d) la evaluación de las conclusiones alcanzadas para la formulación del informe y la consideración de si el informe propuesto es adecuado.” 
¿Cómo realizar una RCCE? 

Se recomienda: 
Elaborar un listado estándar de verificación de control de calidad del encargo, con el que la firma de auditoría pueda completar la revisión y facilitar una documentación adecuada de la misma.


https://actualicese.com/actualidad/2019/02/28/revision-del-control-de-calidad-del-encargo-de-auditoria/?referer=email&campana=20190228&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190228&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Estados financieros consolidados: exenciones para entidades del grupo 1 y 2


Tanto la NIIF 10 como la sección 9 explican cuándo una entidad empresarial, de los grupos 1 y 2, deberá preparar y presentar información financiera consolidada. De igual forma, se establece cuándo una entidad controladora no requiere preparar y presentar estados financieros consolidados. 

La Supersociedades, en su Guía práctica de aplicación del método de la participación y preparación de estados financieros consolidados y combinados, tiene un aparte dedicado a los estados financieros consolidados, así como las exenciones y excepciones de consolidación. 

Al respecto, la guía afirma que las presunciones de control señaladas en la NIIF 10 – Estados financieros consolidados y en la sección 9 – Estados financieros consolidados y separados, determinan cuándo es necesario que una entidad empresarial clasificada en los grupos 1 y 2 prepare y presente información financiera consolidada. 
Procedimiento de consolidación 

Al preparar los estados financieros consolidados se tendrá en cuenta como mínimo: 
Combinar los estados financieros de la entidad controladora y sus subsidiarias, línea por línea, en las partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 
Eliminar el efecto correspondiente a la aplicación del método de la participación en las subsidiarias. 
Eliminar el importe en libros restante de la inversión de la entidad controladora y la parte correspondiente del patrimonio en cada una de las subsidiarias. 
Eliminar activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados con negocios entre las entidades del grupo. 
Reconocer en el estado financiero consolidado las participaciones no controladoras y presentarlas como se indica en el numeral 4.6. 
Realizar los ajustes relacionados con diferencias temporarias surgidas en el proceso de consolidación y que puedan generar impuestos diferidos activos o pasivos. 
Exenciones para entidades clasificadas en el grupo 1 
“Su controladora final, o alguna de las subsidiarias total o parcialmente participada por esta, elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público”

Según la NIIF 10, una entidad controladora no requiere preparar y presentar estados financieros consolidados, si cumple en su totalidad las siguientes condiciones: 
Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad; todos sus propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la entidad no presentará estados financieros consolidados, siempre que no se hubiesen manifestado objeciones al respecto. 
Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público. 
No registran ni están en proceso de hacerlo sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público. 
Su controladora final, o alguna de las subsidiarias total o parcialmente participada por esta, elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público (siempre que cumplan con las Normas Internacionales de Información Financiera), en los cuales las subsidiarias se consoliden o midan a valor razonable, con cambios en resultados de acuerdo con dichas normas. 
Exenciones para entidades clasificadas en el grupo 2 

Según la sección 9, una entidad controladora no requiere preparar y presentar estados financieros consolidados, siempre y cuando:

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Sea una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad. 
Su controladora o cualquier subsidiaria total o parcialmente participada por esta elabore estados financieros de propósito general consolidados respecto de los cuales se cumpla el Estándar Pleno o el Estándar para Pymes. 

La guía explica que las exenciones de consolidación previstas para las entidades clasificadas en los grupos 1 y 2 serán aplicables para las entidades que cumplan con todas las condiciones anteriormente citadas.


https://actualicese.com/actualidad/2019/04/03/estados-financieros-consolidados-exenciones-para-entidades-del-grupo-1-y-2/?referer=email&campana=20190403&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190403&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

viernes, 26 de abril de 2019

Cambios en la tributación sobre dividendos, luego de la Ley de financiamiento

La Ley 1943 de 2018 modificó los artículos 242, 245 y 246 del ET, fijando nuevas tarifas a partir del año gravable 2019 para el impuesto sobre dividendos gravados y no gravados, recibidos por personas naturales residentes y no residentes, sociedades nacionales, extranjeras y sus establecimientos permanentes. 


Los artículos 27, 50, 51 y 52 de la Ley 1943 de 2018 modificaron y/o crearon los artículos 242 (tributación de los dividendos gravados y no gravados que perciban las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas residentes), 242-1 (nueva tributación sobre los dividendos gravados y no gravados que perciban las sociedades nacionales), 245 (tributación sobre los dividendos gravados y no gravados que perciban en Colombia las entidades extranjeras y las personas naturales no residentes) y 246 (tributación sobre los dividendos gravados y no gravados que perciban en los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras) del Estatuto Tributario –ET–, introduciendo de esa forma grandes cambios en materia de la tributación en el impuesto de renta bajo el régimen ordinario (y su respectiva retención en la fuente) para las rentas por dividendos. 

Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 246-1 del ET (creado con el artículo 9 de la Ley 1819 de 2016, y que no fue modificado con la Ley 1943 de 2018) establece que las instrucciones que se incorporen a los artículos 242, 245 y 246 del ET solo se pueden aplicar a los casos en que se perciban dividendos gravados y no gravados de los ejercicios 2017 y siguientes. Por tanto, si los terceros allí mencionados llegan a percibir dividendos de un ejercicio 2016 o anteriores, se aplicarán las instrucciones que tenían dichos artículos hasta diciembre de 2016, más las incorporadas en los artículos 1.2.1.10.3, 1.2.4.7.1 y 1.2.4.7.2 del DUT 1625 de octubre de 2016 (luego de ser modificados con los artículos 1 y 11 del Decreto 2250 diciembre 29 de 2017). Además, en el caso del nuevo artículo 242-1 del ET (creado con el artículo 50 de Ley 1943 de 2018) se entiende que las instrucciones allí contenidas aplican para los casos en los cuales las sociedades nacionales perciban dividendos gravados y no gravados de cualquier ejercicio que no estuviese decretado a diciembre de 2018 (pues la norma no hizo ninguna distinción).


https://actualicese.com/modelos-y-formatos/cambios-en-la-tributacion-sobre-dividendos-luego-de-la-ley-de-financiamiento/?referer=email&campana=20190228&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190228&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Clasificación de microempresas en el grupo 3 después de la derogatoria del artículo 499 del ET


Dado que la Ley 1943 de 2018 derogó el artículo 499 del ET, que listaba los requisitos para pertenecer al régimen simplificado que se utilizaban, además, para clasificar a una microempresa en el grupo 3 de aplicación de Estándares Internacionales, el CTCP aclaró mediante concepto cómo debe procederse. 

Uno de los cambios más relevantes que trajo la Ley de financiamiento es el referente a los regímenes del impuesto sobre las ventas, que modificó los términos “régimen simplificado” y “régimen común” para referirse ahora a los responsables y no responsables del IVA. Estos cambios quedaron establecidos en los artículos 4 y 123 de la mencionada ley. 

Es así como el artículo 122 de la Ley 1943 de 2018 derogó el artículo 499 del Estatuto Tributario –ET–, que antes contenía los requisitos para que “las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios” se inscribieran en el régimen simplificado, mientras que el artículo 4 de la misma ley adicionó el parágrafo 3 al artículo 437 del ET, estableciendo ahora los requisitos para los no responsables del impuesto sobre las ventas. 

Como es sabido, con el proceso de convergencia hacía Estándares Internacionales iniciado con la Ley 1314 de 2009 se dividieron a las personas naturales y entidades en tres grupos de aplicación, permitiendo que “ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado”, los cuales debían observar los requisitos establecidos en el artículo 499 del ET (ver el artículo 2 de la Ley 1314 de 2009). 

Por tanto, en el capítulo I del marco técnico normativo del grupo 3 de convergencia compilado en el anexo 3 del Decreto 2420 de 2015 (utilizado para clasificar a una microempresa en este grupo de aplicación), además de los requisitos del párrafo 1.2 (tener menos de 10 trabajadores; activos totales, excluida la vivienda, menores a 500 smmlv e ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 smmlv) quedó establecido en el párrafo 1.3 que: 

“También deben aplicar el presente marco técnico normativo las personas naturales y entidades formalizadas o en proceso de formalización que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario y las normas que lo modifiquen o adicionen.” 

(El subrayado es nuestro) 
“cuando se modifique o adicione lo establecido en dicho artículo, las entidades deberán observar tales cambios para determinar si pueden o no seguir perteneciendo a este grupo de convergencia”

De la lectura de lo anterior puede entenderse que, si bien la norma establece que deben cumplirse la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del ET, también explica que cuando se modifique o adicione lo establecido en dicho artículo, las entidades deberán observar tales cambios para determinar si pueden o no seguir perteneciendo a este grupo de convergencia. 
Anteriores modificaciones al artículo 499 del Estatuto Tributario 

Es necesario recordar que en el momento de la expedición de la Ley 1819 de 2016 se presentó una situación similar. En dicha ocasión, la reforma tributaria de ese entonces modificó los criterios establecidos para pertenecer al llamado régimen simplificado, en lo relacionado con los topes que debían evaluarse. Así, el monto de los ingresos brutos totales pasó de 4.000 UVT a 3.500 UVT; el valor individual de contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados, de 3.300 UVT a 3.500 UVT; y el monto de consignaciones bancarias, de 4.500 UVT a 3.500 UVT. 

En dicho momento, quienes pertenecían al grupo 3 debieron observar estas modificaciones y evaluar sus condiciones para constatar que seguían cumpliendo con ellas. Por su parte, quienes obtuvieron una respuesta negativa se vieron obligados a trasladarse a un grupo superior en caso de tampoco cumplir con los requisitos del párrafo 1.2 del anexo 3 del Decreto 2420 de 2015
Implicaciones de la derogatoria del artículo 499 del Estatuto Tributario 

De la misma forma ocurre con la derogatoria del artículo 499 del Estatuto Tributario por parte de la Ley de financiamiento. Las entidades deben entender que la referencia a este artículo ahora hace alusión al parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, pues como se expuso anteriormente, en el evento de que exista alguna modificación o adición a este artículo deberán empezar a observarse los criterios de la norma que lo modifique o adicione, o en este caso, que lo sustituya. Así quedo ratificado en el Concepto 028 del 17 de enero de 2019 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, en el cual este organismo se vio en la necesidad de aclarar este tema nuevamente, debido a que sigue suscitando confusiones por parte de los usuarios. 
Requisitos establecidos en el artículo 437 del Estatuto Tributario 

El parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario establece los siguientes requisitos, que ahora deberán observarse para la clasificación de entidades en el grupo 3: 
Que en el año anterior o en el que está en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT ($116.046.000 para 2018 y $119.945.000 para 2019). 
Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde se desarrolle su actividad. 
Que en ese establecimiento de comercio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalías, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación del intangibles. 
Que no sean usuarios aduaneros. 
Que no hayan celebrado en el año anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por un valor individual igual o superior a 3.500 UVT. 
Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el año actual no supere la suma de 3.500 UVT. 
Que dichas entidades no estén registradas como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. 

Como puede observarse, no hubo modificaciones en ninguno de los topes que debe evaluarse, por lo cual la evaluación de los que ya pertenecen al grupo 3 no debería sufrir modificaciones por el cambio del artículo. El único cambio que puede verse es el incluido en el último numeral del parágrafo, el cual resalta que no deben estar registrados como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. 

De esto podría surgir la inquietud de si las microempresas que se acojan al régimen simple no pueden pertenecer al grupo 3 del marco de información financiera del DUR 2420 de 2015 con la consecuencia de tener que trasladarse a un grupo superior, en caso de que no cumplan con los requisitos del párrafo 1.2 de este anexo, en el entendido de que se hace referencia al cumplimiento de la totalidad de los requisitos allí establecidos. 

En nuestro criterio, quienes se acojan al régimen simple sí podrían aplicar el marco normativo de información financiera del grupo 3, toda vez que dichas personas naturales o jurídicas podrán acogerse voluntariamente por el año 2019, siempre y cuando sus ingresos sean inferiores a $2.652.480.000 (80.000 UVT), tope que es significativamente inferior al que establece el párrafo 1.2 del Decreto 2420 al que nos referimos líneas atrás (6.000 smmlv).


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jueves, 25 de abril de 2019

Pensando en el futuro: competencias profesionales del contador público frente a la cuarta revolución industrial

La convergencia de múltiples innovaciones digitales, físicas y biológicas está generando cambios sustantivos en las dinámicas económicas y sociales, en las relaciones humanas y en nuestra interacción como especie con la naturaleza[1]. Las tendencias parecen indicar una intensificación de estas innovaciones, aunque con ritmos disimiles, diferentes grados de penetración y muy diversos efectos en las distintas regiones del mundo. 

En el campo económico y social, estos cambios están impactando en los negocios, en las estructuras industriales y en las profesiones. Uno de los fenómenos más contundentes es la transformación de los procesos productivos y de gestión organizacional, fruto de la digitalización y la integración de múltiples tecnologías duras y blandas (sistemas y computación en la nube, blockchain, big data, fintech, analítica de datos, ciencia de datos, economía de algoritmos, inteligencia artificial, internet de las cosas, entre otras). 

Asimismo, la necesidad de enfrentar los problemas globales y locales en materia ambiental y social reclamará mayores esfuerzos, acciones e innovaciones por parte de las empresas, los gobiernos y la sociedad civil, de cara a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible –ODS[2]–. Todo ello implica profundos retos para el trabajo, la educación formal, el ejercicio y el desarrollo profesional continuo. En este documento nos proponemos caracterizar, de forma resumida, algunos de los impactos más relevantes para la contaduría pública y algunas de las competencias requeridas para que los contadores públicos enfrenten asertivamente los retos de estas transformaciones. También resaltaremos algunos riesgos que se pueden avizorar para la profesión y, por ello, la necesidad de coopetencia y de visión y acción proactivas.

Préstamo para vivienda: modalidad de cuota fija en pesos


La modalidad de crédito de vivienda en pesos, bajo la metodología de amortización de cuota fija, consiste en que la cuota es la misma a lo largo del crédito, pero al interior de esta se inicia pagando mayor valor de interés y menor abono a capital. Aquí te presentamos un formato ilustrativo. 

Teniendo en cuenta que existen diferentes modalidades de amortización de créditos de vivienda, en pesos o bajo UVR, en este formato presentaremos la modalidad de crédito en pesos, bajo la metodología de amortización de cuota fija: esta es muy común en los créditos a largo plazo y consiste en que la cuota es la misma a lo largo del crédito, pero al interior de esta se inicia pagando mayor valor de interés y menor abono a capital, situación que cambia proporcionalmente a medida que se realiza cada pago. Finalmente, los intereses son mínimos y casi todo el valor de la cuota se abona al capital. 

La presente herramienta permite revisar los intereses, abono a capital, cuota y saldo en cada uno de los meses en los que se proyecte el crédito de vivienda. Al final podrá visualizar un resumen detallado de cuánto terminará pagando en total por cada uno de estos conceptos, cuando se trate de un crédito con abonos a capital y cuotas diferentes, además de una tasa de interés vencida. 

Tenga en cuenta que este liquidador está programado para calcular un plazo entre 60 y 240 cuotas, correspondiente al plazo que regularmente se maneja en el sector financiero para este tipo de créditos. 


https://actualicese.com/modelos-y-formatos/prestamo-para-vivienda-modalidad-de-cuota-fija-en-pesos-2/?referer=email&campana=20190424&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190424_contable&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

NIIF 16 sobre tratamiento de los contratos de arrendamiento: algunas apreciaciones importantes


La norma sobre arrendamientos produjo un cambio significativo en la forma como las entidades deben reconocer este tipo de contratos y los activos involucrados en ellos. En este editorial resaltamos algunos aspectos importantes que deben tenerse en cuenta al considerar individualmente cada contrato. 

Los contratos de arrendamiento han existido en las economías durante muchos años, pues son una forma sencilla de obtener un activo sin necesidad de disponer de los recursos para comprarlo. El arrendamiento ha sido siempre una fuente de financiación eficiente, y ha evolucionado hasta convertirse en un contrato de gran complejidad. 
“la primera labor importante que realiza esta NIIF es la eliminación del “apellido” de los contratos, de tal forma que ya no existen financieros y operativos, sino simplemente contratos de arrendamiento”

Antes de la existencia de la NIIF 16 los contratos se dividían en dos grupos: los financieros y los operativos. Por lo que la primera labor importante que realiza esta NIIF es la eliminación del “apellido” de los contratos, de tal forma que ya no existen financieros y operativos, sino simplemente contratos de arrendamiento. Partiendo de ese punto, se elimina la necesidad de llevar a cabo la evaluación de la transferencia de riesgos y ventajas relacionadas con la titularidad del activo. 
Exenciones al reconocimiento de contratos 

Dado que la norma ubica a todos los contratos en la misma categoría es posible que en algunos casos la aplicación estricta de dicha reglamentación sea muy costosa, o simplemente no agregue valor alguno a los estados financieros.
Por esa razón, la normatividad también establece una exención para su aplicación en aquellos contratos que cumplan cualquiera de las siguientes dos condiciones: 

a. El activo alquilado es de bajo valor. 

b. El contrato es de corto plazo. 
Ejemplo 1 

Una entidad que tiene activos totales por un valor de $50.000.000.000 firmó un contrato de leasing por un vehículo cuyo valor es de $34.000.000. El plazo del contrato es de tres años, con una opción de compra del 1%. ¿Se puede aplicar la exención relacionada con el bajo valor del activo? 

En este caso no se puede aplicar la exención por bajo valor del activo, pues esta evaluación no depende de las circunstancias de la entidad (como su volumen de activos totales), sino que es una evaluación propia del activo individualmente considerado. Esta condición dará como resultado que cualquier entidad, independientemente de su tamaño, concluya que este activo no es de bajo valor, y proceda a aplicar la NIIF 16. 
Ejemplo 2 

Una entidad alquiló cuatro computadores portátiles, por un período de tres años, con un valor de $1.200.000 cada uno. ¿Se puede aplicar la exención relacionada con el bajo valor del activo? 

En este caso, y para estos contratos, sí se puede aplicar la exención de bajo valor, pues para cualquier entidad, grande o pequeña, un activo cuyo costo sea de $1.200.000 se considera de bajo valor. 
Ejemplo 3 

Una entidad alquiló una oficina con un canon mensual de $12.000.000 por un período de un año, renovable indefinidamente. ¿Se puede aplicar la exención relacionada con el corto período de duración del contrato? 

Debido a que el contrato tiene una duración corta, la entidad puede optar por no aplicarle los requerimientos de la NIIF 16, y en su lugar puede tratar los cánones como un gasto por arrendamiento a lo largo de la duración del contrato, o utilizar otra base que represente la forma como la entidad obtiene los beneficios derivados del uso del activo. 
Ejemplo 4 

Una entidad alquiló un local comercial por un período de dos años, con un canon mensual de $6.000.000. ¿Se puede aplicar la exención relacionada con el corto período de duración del contrato? 

Debido a que la norma no establece un límite a lo que se denomina “corto plazo”,no hay ningún motivo por el cual se pueda llegar a la conclusión de que no se puede utilizar esta exención.


https://actualicese.com/actualidad/2019/04/03/niif-16-sobre-tratamiento-de-los-contratos-de-arrendamiento-algunas-apreciaciones-importantes/?referer=email&campana=20190403&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190403&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

miércoles, 24 de abril de 2019

Qué cualidades deben tener las personas que componen la junta directiva de su empresa


Resistencia al cambio, ausencia de evaluaciones sólidas para sus miembros, una cultura de no fomentar cuestionamientos, así como la presencia de directores que por su antigüedad tienen asegurado un puesto, son algunos puntos que atentan contra la conformación de una junta directiva competitiva. 

Para toda empresa debería ser una prioridad revisar la composición de su junta directiva, y así responder eficazmente a los asuntos inherentes a la ejecución de las estrategias a corto y largo plazo. Así lo plantea KPMG en su publicación Juntas Directivas Eficientes.

Actualmente, la alineación de las juntas directivas se compone por los directores, que en muchas ocasiones tienen su lugar “dada su antigüedad y no necesariamente porque resulten conocedores acérrimos de la estrategia o porque probablemente no cuentan con los conocimientos técnicos o experiencia internacional, que les brinden las herramientas necesarias para desempeñar el rol con efectividad”, indica la publicación. Otro error que se puede presentar en estas es el esfuerzo por mantener el statu quo de los directores, dado que administrar en la incertidumbre no brinda las garantías de un ambiente estable. 
“Buscar los elementos que subyacen a la estrategia y los talentos que puedan enfrentarlos con la competencia requerida es, sin duda, la clave para lograr la composición correcta de la junta directiva”

Buscar los elementos que subyacen a la estrategia y los talentos que puedan enfrentarlos con la competencia requerida es, sin duda, la clave para lograr la composición correcta de la junta directiva. Pero, ¿cuáles herramientas y enfoques utilizan hoy los directores para lograr la composición correcta de habilidades, trayectoria, experiencias y perspectivas de la junta directiva? 

El informe de KPMG, basado en una encuesta realizada a más de 2.300 directores y ejecutivos senior en 46 países alrededor del mundo revela contundentemente que muchas juntas directivas están reevaluando la forma en la que abordan el proceso completo de la composición de la junta desde la contratación e incorporación hasta su evaluación y sucesión. 

El 61 % de los encuestados manifestó la necesidad de tener una mayor diversidad en las trayectorias y perspectivas. «Un director señaló que la diversidad en términos de “trayectoria” de los miembros de la junta es importante, tanto en términos de conocimiento técnico o especialidad como en términos de conocimiento del negocio y experiencia internacional», indica el informe. 

Los encuestados también identificaron otras razones para este profundo enfoque en la composición de la junta, incluyendo la necesidad de tener directores con un entendimiento del ambiente competitivo, la velocidad del cambio tecnológico y las potenciales disrupciones en los modelos de negocio. Un miembro de la junta manifestó que la tecnología es “acerca de mantenerse competitivos”, y que encontrar directores con una “sazonada experiencia empresarial y un entendimiento de la tecnología es un desafío real”. 

También se enfatiza en la importancia de la diversidad de industrias y organizaciones en la junta directiva traducido, por ejemplo, en contratar a directores con trayectorias en academia, gobierno y sociedad civil, así como a emprendedores y aquellos provenientes de organizaciones familiares. 
Obstáculos que se presentan para tener una junta directiva de alto nivel 

El informe revela los principales obstáculos para construir y mantener una junta directiva de alto rendimiento: 
Encontrar directores con la experiencia general del negocio y los conocimientos específicos que este necesita se constituye en el mayor obstáculo. 
Identificar las futuras necesidades del talento de la junta directiva. 
Resistencia al cambio debido a un pensamiento de statu quo. 
La cultura de la junta directiva que no fomenta los cuestionamientos y discusiones abiertas. 
Ausencia de evaluaciones sólidas de los miembros de la junta. 
Dificultades para remover miembros de la junta con bajo desempeño. 
Pérdida gradual de independencia (real o percibida) de los directores de mayor antigüedad. 
Ausencia de incorporación efectiva de nuevos directores. 

Un punto importante, y que se convierte en desafío, es lograr una composición óptima de una junta directiva que implemente un plan formal de sucesión. Sin embargo, el 33 % de los encuestados reportó poca o ninguna discusión sobre la sucesión de la junta; un 36 % reportó solo discusión informal, cuando es necesario ocupar un asiento. Solo el 17 % reportó que las discusiones sobre un plan de sucesión sólido estaban en proceso, y únicamente el 14 % reportó tener un plan formal de sucesión, alineado con las necesidades futuras, implementado y revisado periódicamente.


https://actualicese.com/actualidad/2019/02/28/que-cualidades-deben-tener-las-personas-que-componen-la-junta-directiva-de-su-empresa/?referer=email&campana=20190228&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190228&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Leaseback: la NIIF 16 requiere expresamente la evaluación de la transacción de venta

Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas. Si detecta algún error, por favor avísenos haciendo click en “Reportar un error” (más abajo en esta misma página). Mil gracias. 


Las transacciones de venta con arrendamiento posterior requieren que primero se evalúe si se cumple la transacción de venta. Si no se cumplen los criterios de venta, el desenlace del tratamiento contable es totalmente distinto al de los arrendamientos. Veamos cómo se realiza esta evaluación.

Los contratos de venta con arrendamiento posterior son utilizados con mucha frecuencia para financiar las operaciones o las inversiones en las compañías. Este tipo de contratos ha generado un gran reto en cuanto a su reconocimiento contable, pues siempre ha existido la problemática del tratamiento de la utilidad o pérdida generada en la venta de un activo que luego será tomado en arrendamiento.

La NIIF 16 aclara este tema al incluir un requerimiento expreso en relación con la evaluación de la transacción de venta del activo que posteriormente será tomado en arrendamiento.
“si se concluye que la transferencia del activo cumple las condiciones para satisfacer una obligación de desempeño de conformidad con la NIIF 15, la entidad debe reconocer la ganancia o pérdida derivada de la venta del activo” 

En relación con este tema, el párrafo 99 de la citada NIIF 16 requiere que la entidad evalúe si la transferencia del activo satisface una obligación de desempeño de acuerdo con la NIIF 15. Dicho esto, si se concluye que la transferencia del activo cumple las condiciones para satisfacer una obligación de desempeño de conformidad con la NIIF 15, la entidad debe reconocer la ganancia o pérdida derivada de la venta del activo, siguiendo lo establecido en los párrafos 100 al 102 de la NIIF 16.

Si la transferencia del activo no se considera una venta según lo establecido en la NIIF 15, el vendedor-arrendador solo debe reconocer un pasivo financiero por el monto de financiación obtenida, mientras que el comprador-arrendador no debe reconocer ningún activo, y en su lugar reconocerá un activo financiero que debe medirse conforme a la NIIF 9.
Ejemplos:

Una entidad es propietaria de un edificio cuyo valor en libros es de $500.000.000, y su valor razonable es de $2.000.000.

La entidad firmó un contrato de leaseback con el Banco Latinoamericano, por un valor de $800.000.000, y otorga escritura pública en favor de la entidad en mención, en la cual le vende el inmueble por un monto igual al valor del contrato ($800.000.000). Una vez firmada la escritura, las entidades firman un contrato de arrendamiento, según el cual la entidad le pagará 120 cuotas por $11.442.899, y una opción de compra por $8.000.000.

Otras condiciones establecidas en el contrato son:
La entidad vendedor-arrendatario es responsable por el impuesto predial y cualquier otro tributo relacionado con la propiedad.
Cualquier daño ocasionado en el inmueble debe ser cubierto por el vendedor-arrendatario.
El valor de los cánones y la opción de compra no se modifican por variaciones en el valor razonable del inmueble.
El vendedor-arrendatario conserva la gestión y el control efectivo sobre el activo y sus beneficios.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la transacción no cumple con las condiciones para ser considerada una venta conforme a la NIIF 15 y la sección 23 de la NIIF para Pymes, por lo cual la entidad debe conservar el activo en sus estados financieros, tal como estaba antes de la operación de leaseback. Lo anterior da como resultado que la entidad reconozca un pasivo financiero por el valor de los recursos obtenidos, de forma similar a cualquier otro crédito recibido.

La transferencia de la titularidad del edificio en favor de la entidad financiera no genera ningún reconocimiento contable; solo generará algunas revelaciones en los estados financieros del ejercicio, y los cánones pagados por la entidad al Banco Latinoamericano deben contabilizarse en parte como abono a capital, y en parte como gasto por intereses.
Cuota
Saldo inicial
Cuota
Intereses
Abono
Saldo final
1
 $800.000.000 $11.442.899 $8.000.000 $   3.442.899 $796.557.101
2
 $796.557.101 $11.442.899 $7.965.571 $   3.477.328 $793.079.773
3
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53
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57
 $543.225.203 $11.442.899 $5.432.252 $   6.010.647 $537.214.556
58
 $537.214.556 $11.442.899 $5.372.146 $   6.070.753 $531.143.803
59
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60
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61
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62
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63
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64
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65
 $493.422.962 $11.442.899 $4.934.230 $   6.508.669 $486.914.293
66
 $486.914.292 $11.442.899 $4.869.143 $   6.573.756 $480.340.536
67
 $480.340.536 $11.442.899 $4.803.405 $   6.639.494 $473.701.042
68
 $473.701.042 $11.442.899 $4.737.010 $   6.705.889 $466.995.153
69
 $466.995.154 $11.442.899 $4.669.952 $   6.772.947 $460.222.207
70
 $460.222.206 $11.442.899 $4.602.222 $   6.840.677 $453.381.529
71
 $453.381.529 $11.442.899 $4.533.815 $   6.909.084 $446.472.445
72
 $446.472.445 $11.442.899 $4.464.724 $   6.978.175 $439.494.270
73
 $439.494.271 $11.442.899 $4.394.943 $   7.047.956 $432.446.315
74
 $432.446.314 $11.442.899 $4.324.463 $   7.118.436 $425.327.878
75
 $425.327.878 $11.442.899 $4.253.279 $   7.189.620 $418.138.258
76
 $418.138.258 $11.442.899 $4.181.383 $   7.261.516 $410.876.742
77
 $410.876.741 $11.442.899 $4.108.767 $   7.334.132 $403.542.609
78
 $403.542.610 $11.442.899 $4.035.426 $   7.407.473 $396.135.137
79
 $396.135.137 $11.442.899 $3.961.351 $   7.481.548 $388.653.589
80
 $388.653.589 $11.442.899 $3.886.536 $   7.556.363 $381.097.226
81
 $381.097.226 $11.442.899 $3.810.972 $   7.631.927 $373.465.299
82
 $373.465.299 $11.442.899 $3.734.653 $   7.708.246 $365.757.053
83
 $365.757.053 $11.442.899 $3.657.571 $   7.785.328 $357.971.725
84
 $357.971.724 $11.442.899 $3.579.717 $   7.863.182 $350.108.542
85
 $350.108.542 $11.442.899 $3.501.085 $   7.941.814 $342.166.728
86
 $342.166.729 $11.442.899 $3.421.667 $   8.021.232 $334.145.497
87
 $334.145.497 $11.442.899 $3.341.455 $   8.101.444 $326.044.053
88
 $326.044.053 $11.442.899 $3.260.441 $   8.182.458 $317.861.595
89
 $317.861.594 $11.442.899 $3.178.616 $   8.264.283 $309.597.311
90
 $309.597.311 $11.442.899 $3.095.973 $   8.346.926 $301.250.385
91
 $301.250.385 $11.442.899 $3.012.504 $   8.430.395 $292.819.990
92
 $292.819.990 $11.442.899 $2.928.200 $   8.514.699 $284.305.291
93
 $284.305.290 $11.442.899 $2.843.053 $   8.599.846 $275.705.444
94
 $275.705.444 $11.442.899 $2.757.054 $   8.685.845 $267.019.599
95
 $267.019.600 $11.442.899 $2.670.196 $   8.772.703 $258.246.897
96
 $258.246.896 $11.442.899 $2.582.469 $   8.860.430 $249.386.466
97
 $249.386.466 $11.442.899 $2.493.865 $   8.949.034 $240.437.432
98
 $240.437.432 $11.442.899 $2.404.374 $   9.038.525 $231.398.907
99
 $231.398.907 $11.442.899 $2.313.989 $   9.128.910 $222.269.997
100
 $222.269.997 $11.442.899 $2.222.700 $   9.220.199 $213.049.798
101
 $213.049.798 $11.442.899 $2.130.498 $   9.312.401 $203.737.397
102
 $203.737.397 $11.442.899 $2.037.374 $   9.405.525 $194.331.872
103
 $194.331.872 $11.442.899 $1.943.319 $   9.499.580 $184.832.292
104
 $184.832.291 $11.442.899 $1.848.323 $   9.594.576 $175.237.715
105
 $175.237.715 $11.442.899 $1.752.377 $   9.690.522 $165.547.193
106
 $165.547.193 $11.442.899 $1.655.472 $   9.787.427 $155.759.766
107
 $155.759.766 $11.442.899 $1.557.598 $   9.885.301 $145.874.465
108
 $145.874.464 $11.442.899 $1.458.745 $   9.984.154 $135.890.310
109
 $135.890.310 $11.442.899 $1.358.903 $10.083.996 $125.806.314
110
 $125.806.314 $11.442.899 $1.258.063 $10.184.836 $115.621.478
111
 $115.621.478 $11.442.899 $1.156.215 $10.286.684 $105.334.794
112
 $105.334.794 $11.442.899 $1.053.348 $10.389.551 $   94.945.243
113
 $   94.945.242 $11.442.899 $    949.452 $10.493.447 $   84.451.795
114
 $   84.451.796 $11.442.899 $    844.518 $10.598.381 $   73.853.415
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 $   73.853.414 $11.442.899 $    738.534 $10.704.365 $   63.149.049
116
 $   63.149.050 $11.442.899 $    631.491 $10.811.409 $   52.337.642
117
 $   52.337.641 $11.442.899 $    523.376 $10.919.523 $   41.418.118
118
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