jueves, 31 de enero de 2019

Sistema de afiliación transaccional de seguridad social fue modificado


El Ministerio de Salud y Protección Social introdujo, mediante el Decreto 2058 de 2018, modificaciones al Decreto 780 de 2016, en lo referente al sistema de afiliación transaccional con la inclusión del sistema general de riesgos laborales. Además de cambios en la afiliación del régimen subsidiado en salud. 

El sistema de afiliación transaccional –SAT–, creado a través del Decreto 2353 de 2015, es una plataforma dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se registra y consultan datos de la información básica y complementaria, así como asuntos relacionados a la afiliación y novedades en el sistema general de seguridad social en salud. 
“Este sistema permite consultar la información referente al estado de pagos de las cotizaciones, en especial la de los empleadores respecto de sus trabajadores como cotizantes dependientes”

Este sistema permite consultar la información referente al estado de pagos de las cotizaciones, en especial la de los empleadores respecto de sus trabajadores como cotizantes dependientes. Este, además interopera (capacidad que tiene un sistema para funcionar con otros sistemas existentes o futuros), con la Planilla integrada de liquidación de aportes –Pila–. A este sistema pueden acceder: 
Las entidades públicas y privadas responsables del recaudo y de la vigilancia y control del pago de los aportes al sistema de seguridad social. 
Las administradoras de riesgos laborales –ARL–. 

Recientemente, el Ministerio de Salud y Protección Social introdujo cambios a este sistema (de afiliación transaccional), específicamente en los artículos 2.1.2.1 al 2.1.2.5 y 2.1.5.1.del Decreto 780 de 2016, mediante el Decreto 2058 de 2018, a través del cual introduce las administradoras de riesgos laborales a dicho sistema, para que pueda este acceder a la información de las cotizaciones a la seguridad social, además de adicionar algunos grupos poblacionales al régimen subsidiado. 
Modificaciones a la afiliación del régimen subsidiado 

El mencionado decreto (2058 de 2018) modifica el numeral 14 del artículo 2.1.5.1 y adiciona tres numerales del Decreto 780 de 2016 (dicho artículo establece las condiciones que debe cumplir una persona para pertenecer al régimen subsidiado), mediante los cuales establece que harán parte del régimen subsidiado: 
La población migrante colombiana repatriada, que ha retornado voluntariamente al país o ha sido deportada o expulsada de Venezuela, así como su núcleo familiar. 
Los voluntarios acreditados y activos de la defensa civil colombiana, cruz roja colombiana y cuerpo de bomberos, así como su núcleo familiar. El listado censal deberá ser realizado por la entidad en la que preste el servicio el voluntario. 
Las personas con discapacidad internadas en centros de protección, que tengan edades que oscilen entre los 18 y 60 años, de escasos recursos y en condición de abandono. El listado censal de esta población debe ser elaborado por las gobernaciones o las alcaldías distritales o municipales. 

Agrega también la elaboración del listado censal de la población habitante de calle (la cual es evidente pertenece al régimen subsidiado), el cual igualmente estará a cargo de las alcaldías distritales o municipales. 

Para conocer más acerca de este sistema de afiliación transaccional lo invitamos a consultar nuestro editorial Reglas para operación del sistema de reporte de novedades en régimen de salud fueron fijadas, mediante el cual podrá conocer el funcionamiento de este sistema según lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 0768 de 2018.


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/16/sistema-de-afiliacion-transaccional-de-seguridad-social-fue-modificado/?referer=email&campana=20181116&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Partícipes ocultos en contratos de cuentas en participación no deben practicarse autorretenciones


A través del Concepto 24226 de septiembre 3 de 2018 la Dian resolvió 4 preguntas sobre el manejo fiscal del contrato de cuentas en participación, luego de los cambios introducidos por la Ley 1819 de 2016. Estas preguntas complementan lo que ya se había dicho en el Concepto 8537 de abril 9 de 2018. 

El 3 de septiembre de 2018 la Dian expidió su Concepto 24226, a través del cual se resolvieron 4 interrogantes relacionados con el manejo fiscal en el impuesto de renta de los contratos de cuentas en participación, luego de los cambios que el artículo 20 de la Ley 1819 de 2016 le efectuara al artículo 18 del Estatuto Tributario –ET– . 
“el socio gestor solo declarará los activos, pasivos, ingresos y gastos que le correspondan por el desarrollo del contrato de cuentas en participación”

Como se recordará, la nueva versión del artículo 18 del ET menciona que a partir del año gravable 2017 los contratos de cuentas en participación también se deberán manejar para efectos del impuesto de renta de la misma forma en que se manejan otros “contratos de colaboración empresarial”, tales como el de los consorcios o uniones temporales. Por lo tanto, el socio gestor ya no seguiría declarando en su impuesto de renta la totalidad del ingreso que se cobra a los clientes finales, ni seguiría tomándose todos los costos o gastos en que incurra por el desarrollo del contrato de cuentas en participación, tampoco declararía la totalidad de los activos y pasivos que existan a diciembre 31 por el desarrollo del contrato, ni le liquidaría a los partícipes ocultos la utilidad o pérdida que antes les liquidaba, etc. En lugar de ello, el socio gestor solo declarará los activos, pasivos, ingresos y gastos que le correspondan por el desarrollo del contrato de cuentas en participación, y lo mismo deberán hacer los partícipes ocultos de acuerdo con la información que les reporte el socio gestor. 

Lo anterior llevó a que la Dian, en una fecha tan tardía como abril 9 de 2018, cuando estaban a punto de comenzar a cumplirse los vencimientos para presentar la declaración de renta del año gravable 2017 de las personas jurídicas, expidiera su Concepto general 8537 a través del cual derogó todas sus doctrinas anteriores sobre el manejo fiscal de los contratos de cuentas en participación y llegó a conclusiones como las siguientes: 

a. El socio gestor será el único que deberá facturar los bienes o servicios que se cobren a los clientes finales y tendrá que llevar a sus declaraciones de IVA la totalidad de los ingresos que se cobren a los clientes finales, al igual que la totalidad de los costos junto con su IVA descontable. Sin embargo, en su declaración de renta solo deberá reportar los ingresos, costos y gastos que le correspondan por el desarrollo del contrato. Por tanto, se podrá aceptar que para el socio gestor se formen diferencias entre lo que dirían sus declaraciones de IVA y su declaración anual de renta. Lo mismo sucedería con los partícipes ocultos, los cuales no llevarían ningún valor a sus declaraciones de IVA, pero que a sus declaraciones de renta llevarían los ingresos, costos y gastos que les correspondan en la ejecución del contrato. 

b. A pesar de que el socio gestor en su declaración de renta solo deberá informar la parte de los ingresos que le correspondan por el desarrollo del contrato, dicho socio será el único que utilizará la totalidad de las retenciones en la fuente a título de renta practicadas por los clientes finales. 

c. El socio gestor no deberá tratar como gasto la utilidad pagada a los partícipes ocultos, ni tampoco les tendrá que practicar retenciones en la fuente. 
Cómo operarían las autorretenciones en cabeza del gestor o del partícipe oculto 
“el socio gestor no debe tratar como gasto la utilidad pagada a los partícipes ocultos, ni les tendrá que practicar retenciones en la fuente”

A través de la primera pregunta resuelta en el Concepto 24226, la Dian volvió a ratificar lo que ya se había dicho en el Concepto 8537 de abril de 2018, indicando que el socio gestor no debe tratar como gasto la utilidad pagada a los partícipes ocultos, ni les tendrá que practicar retenciones en la fuente. 

Sin embargo, a través de las preguntas 2 y 3 del mismo Concepto 24226 de septiembre de 2018 la Dian hizo mención a un asunto importante que no había sido abordado en el Concepto 8537 de abril de 2018, y es el relacionado con la responsabilidad por las autorretenciones especiales a título de renta (Decreto 2201 de diciembre de 2016) que tendrían que practicarse el socio gestor y/o los partícipes ocultos. 

En la respuesta a dichas preguntas la Dian mencionó lo siguiente: 

“2.- Si el socio gestor tiene la calidad de autorretenedor a título de impuesto sobre la renta especial, ¿debe determinar la autorretención por la totalidad de los ingresos recibidos o por la participación del ingreso que le corresponden en desarrollo del contrato de cuentas en participación, considerando que parte de los ingresos va a ser incluidos como ingresos fiscales por el socio oculto? 

El socio gestor con la calidad de autorretenedor debe determinar la autorretención sobre la totalidad de los ingresos recibidos. 

Lo anterior considerando que la relación entre el partícipe oculto no se ve alterada por la modificación introducida por la Ley 1819 de 2016 y además corresponde al gestor la declaración, pago y certificación de la retención en la fuente que se practique a terceros o a sí mismo. 

3.- Si el socio oculto del contrato de cuentas en participación tiene la calidad de autorretenedor a título de renta: ¿Debe practicar autorretención por la porción del ingreso (no de la utilidad) que le corresponde proporcionalmente en el contrato? O ¿Esta exonerado el socio oculto de liquidar autorretención porque se practicaron las retenciones (o autorretenciones) a nivel del socio gestor? 

Para el socio oculto los pagos o abono en cuenta que reciba con ocasión de un contrato en cuentas en participación fueron objeto de retención o autorretención por parte del socio gestor; por tanto, si el socio oculto tiene la calidad de autorretenedor por regla general no debe practicar su auto-retención.” 

(Los subrayados son nuestros) 
“se indica que lo deberá hacer sobre la totalidad de los ingresos que haya cobrado a los clientes finales y no solo sobre la parte que llevará a su declaración renta”

De acuerdo con lo mencionado líneas atrás, quedaría claro que el socio gestor (en caso de ser una sociedad comercial) sería el único que deberá practicarse las autorretenciones mensuales especiales a título de renta del Decreto 2201 de diciembre de 2016. Además, se indica que lo deberá hacer sobre la totalidad de los ingresos que haya cobrado a los clientes finales y no solo sobre la parte que llevará a su declaración renta. 

Lo anterior provocaría que dicho socio gestor, al momento de elaborar su declaración de renta, tenga demasiadas autorretenciones para ser restadas en dicha declaración, lo cual obviamente llevaría a que la misma termine arrojando posiblemente un saldo a favor, el cual, para ser recuperado obligaría a que el socio gestor se enfrente al desgaste de solicitarlo en devolución o compensación. 

Así pues, se entiende que en la práctica el socio gestor que sea sociedad comercial tendría que enfrentarse a todo un gran desgaste financiero adverso, teniendo que practicarse mensualmente unas autorretenciones elevadas que solo podrá recuperar al final del año cuando solicite el saldo a favor que las mismas le originarán en su declaración anual de renta. 

En este orden de ideas, parece que será necesario establecer alguna reglamentación especial para que los socios gestores que sean sociedades comerciales se practiquen una autorretención mucho más reducida a la que aplica actualmente. Si eso no sucede, entonces quienes participan en contratos de cuentas en participación van a tener que preferir que quien actúe como socio gestor no sea una sociedad comercial, sino una persona natural (la cual no tendrá que practicarse las autorretenciones del Decreto 2201 de 2016).


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/15/participes-ocultos-en-contratos-de-cuentas-en-participacion-no-deben-practicarse-autorretenciones/?referer=email&campana=20181115&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

miércoles, 30 de enero de 2019

Firma de contador en declaración de IVA con saldo a favor de persona natural que no declara virtualmente


No todas las personas que llevan contabilidad y pertenecen al régimen común del IVA están obligadas a declarar virtualmente. Por tanto, si sus declaraciones de IVA se presentan en papel y arrojan saldo a favor, se necesitará la firma de un contador y actualizar previamente el RUT. 

La norma contenida en la Resolución 12761 de diciembre de 2011 (modificada hasta el momento con las resoluciones 000019 de febrero 28 de 2012 y 000021 de febrero de 2017) continúa siendo la norma con la cual se define cuáles son los contribuyentes obligados a presentar de forma virtual sus declaraciones tributarias ante la Dian. 

Ahora bien, y de acuerdo con lo contemplado en los artículos 1 y 3 de dicha resolución, es posible que algunas personas naturales obligadas a llevar contabilidad y que pertenecen al régimen común del IVA no queden obligadas a presentar sus declaraciones de dicho impuesto en forma virtual, pues no les aplica ninguno de los 14 criterios que se mencionan en dichas normas. 

Siendo claro lo anterior, es posible que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y que pertenezcan a régimen común del IVA, pero que declaran en papel, puedan llegar a necesitar ocasionalmente la firma de un contador a causa de que alguna o varias de sus declaraciones de IVA arrojen saldos a favor. Así lo indica la norma del inciso segundo del numeral 6 del artículo 602 del ET, en la cual se lee lo siguiente: 

“Artículo 602. Contenido de la declaración bimestral y cuatrimestral de ventas. La declaración bimestral <y cuatrimestral> deberá contener:
1..
2..
3..
4..
5…
6.(inciso segundo). Los demás responsables y agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad, deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas o la declaración mensual de retención en la fuente, según sea el caso, firmada por contador público, vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando el patrimonio bruto del responsable o agente retenedor en el último día del año inmediatamente anterior o los ingresos brutos de dicho año, sean superiores a 100.000 UVT, o cuando la declaración del impuesto sobre las ventas presente un saldo a favor del responsable.” 

(El subrayado es nuestro) 

Frente a la situación anterior, surge el interrogante: el responsable del IVA en el régimen común, que lleva contabilidad y declara en papel, pero que requiere ocasionalmente la firma de un contador a causa de un saldo a favor en dicha declaración, ¿también deberá actualizar previamente la página 3 de su respectivo RUT con los datos de dicho contador? 

En relación con lo anterior, siempre se ha entendido que en la página 3 del RUT de los contribuyentes deberán figurar los datos del revisor fiscal o contador que firme sus declaraciones tributarias, sin importar si dicha firma es algo habitual o si es simplemente ocasional, y sin importar si el contribuyente declara de forma virtual o en papel. 
“la persona natural que declara en papel y requiere ocasionalmente la firma de un contador para su declaración de IVA que se presentará con saldo a favor, también deberá actualizar la página 3 de su RUT”

Por tanto, podemos entender que la persona natural que declara en papel y requiere ocasionalmente la firma de un contador para su declaración de IVA que se presentará con saldo a favor, también deberá actualizar la página 3 de su RUT con los datos de dicho contador, antes de presentar la respectiva declaración. 

La buena noticia es que dicha actualización se puede hacer en cualquier momento en el portal de la Dian y sin necesidad de contar con firma electrónica (antiguamente firma digital). Solamente se necesita tener creada una cuenta de usuario (ver cartilla de la Dian sobre actualización del RUT y el boletín sobre actualización del RUT en línea sin firma electrónica).


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/15/firma-de-contador-en-declaracion-de-iva-con-saldo-a-favor-de-persona-natural-que-no-declara-virtualmente/?referer=email&campana=20181115&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Análisis de indicadores financieros: liquidadores que facilitan su labor



Compartimos 4 formatos que reúnen diferentes indicadores financieros, estos sirven de guía para el análisis de la información alojada en el estado de resultados y el de situación financiera. Adicionalmente, mencionamos las variables que los componen, sus definiciones e interpretación. 

Entre los diferentes recursos con los que cuentan los contadores públicos para realizar un análisis de la información financiera de la entidad, los más utilizados para dar inicio a una evaluación cualitativa son los indicadores o razones financieras. Estos permiten analizar las cifras de la entidad, relacionando diferentes rubros asociados a cada partida del estado de situación financiera y del estado de resultado integral. Sobre estos existen dos aspectos que deben tenerse en cuenta: 
Las variables que componen la fórmula de cada indicador pueden cambiar dependiendo de la percepción de cada autor. Por tanto, la recomendación es adoptar la fórmula con la que la entidad perciba que puede emitir información más clara, útil y fiable de cada indicador; buscando siempre una uniformidad en el análisis de las cifras de período a período (principio de comparabilidad). Esta situación es importante a la hora de recibir información financiera o análisis de cifras de períodos anteriores, de manera que el primer paso será identificar las variables que fueron utilizadas y las que se piensan utilizar; en caso de encontrar diferencias, deberán realizarse los ajustes necesarios para entregar información comparable. 
El advenimiento de los Estándares Internacionales ha generado algunas variaciones en cuanto a la presentación de la información financiera y, dado que la información compartida por los entes de supervisión está emitida en grupos de cuentas, se tendrá que asemejar la variable del indicador al recurso que se tenga. Así, por ejemplo, ante la búsqueda de la información de las ventas a crédito o de contado, existirá una limitante, puesto que las superintendencias solo compartirán el total de ingresos de actividades ordinarias. En consecuencia, serán los rubros asociados a esta partida los que se podrán utilizar como variable, teniendo en cuenta las implicaciones que tenga tomarlos como base. Cabe anotar que situaciones como la mencionada surgen cuando la información de las entidades es extraída de fuentes externas a estas, ya que al interior de la entidad o teniendo acceso a las notas (si están bien elaboradas) se podría percibir la información con más detalle. 

Luego de tener en cuenta las anteriores acotaciones, presentamos algunos formatos que relacionan los indicadores que, consideramos, son más utilizados en el análisis cuantitativo de la situación financiera y los resultados de una entidad. 
Indicadores de Liquidez 
“Los indicadores de liquidez permiten evidenciar la capacidad que tiene la entidad de cubrir su pasivo (en especial, su pasivo corriente) con su activo corriente”

Los indicadores de liquidez permiten evidenciar la capacidad que tiene la entidad de cubrir su pasivo (en especial, su pasivo corriente) con su activo corriente. En el modelo Indicadores financieros de liquidez presentamos las razones de liquidez general, liquidez corriente, cobertura de los gastos de explotación, tesorería inmediata, prueba ácida y capital de trabajo, las cuales abordan en diferentes niveles la liquidez de la entidad, teniendo en cuenta los rubros que se asocian a diferentes partidas del activo corriente y del pasivo de la entidad. 
Indicadores de endeudamiento 

En el formato Indicadores financieros de endeudamiento exponemos los indicadores de nivel de endeudamiento, leverage, endeudamiento a corto plazo y largo plazo, y por último el de cobertura de intereses. Dichos indicadores analizan el endeudamiento de la entidad a través de la relación del activo, pasivo, patrimonio, la utilidad antes de impuestos e intereses, y los gastos financieros de la entidad. Así pues, entre mayor sea la cifra que arroje cada uno de los indicadores, se presume que la entidad tiene un mayor grado de endeudamiento. 
Indicadores de actividad 

Los indicadores de actividad permiten evaluar la gestión que realiza la entidad para convertir su inventario y cartera en efectivo, además de la gestión que realiza para extender el plazo de pago a sus proveedores. Todo esto, a fin de financiar su operación. Cabe anotar que estos indicadores varían según la actividad de cada empresa y deben estudiarse con especial detalle, teniendo en cuenta las cifras del sector, puesto que la buena relación con proveedores y clientes tendrá mucho que ver con el comportamiento del mercado (por ejemplo, extender el plazo a proveedores puede ser conveniente para la entidad, pero si otros clientes de estos pagan antes que esta, la entidad puede verse en riesgo de que dichos proveedores realicen algún bloqueo o incluso que terminen el vínculo comercial). 

En el formato Indicadores financieros de actividad y rentabilidad compartimos los indicadores de rotación de inventario, de cartera y de proveedores, así como el resultado de la evaluación de estos en conjunto en el ciclo de efectivo. 
Indicadores de rentabilidad 
“Los indicadores de rentabilidad evalúan la eficiencia y la eficacia de la entidad; en términos de eficacia estos indicadores muestran el resultado de la entidad con relación a sus activos y proveedores”

Los indicadores de rentabilidad evalúan la eficiencia y la eficacia de la entidad; en términos de eficacia estos indicadores muestran el resultado de la entidad con relación a sus activos y proveedores. En el formato mencionado en el párrafo anterior compartimos los indicadores: rentabilidad sobre activos –ROA–, que mide la eficacia de la administración para generar utilidades con relación con la inversión en la entidad, y rentabilidad sobre patrimonio –ROE–, que mide la eficacia para generar utilidades con base en la inversión de los socios. 

En cuanto a la evaluación de la eficiencia, a través de los márgenes de utilidad que compartimos en el formato Indicadores financieros: márgenes de utilidad o rentabilidadse puede percibir el comportamiento de ingresos, costos y gastos en diferentes momentos de la obtención del resultado de la entidad (utilidad bruta, operacional, antes de impuestos e intereses, después de impuestos o neta) e identificar de la comparación de estos márgenes en qué momento se genera un mayor impacto en la utilidad de la entidad, con relación a las partidas mencionadas.


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/15/analisis-de-indicadores-financieros-liquidadores-que-facilitan-su-labor/?referer=email&campana=20181115&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

martes, 29 de enero de 2019

Regímenes pensionales: ¿para qué personas están diseñados y a quiénes favorecen?


¿Mito o realidad? Se podría pensar que el RAIS está diseñado para las personas de más bajos ingresos, mientras que el RPM favorece a los afiliados de mayores ingresos, una afirmación que es discutible desde el punto de vista de Juan Pablo Romero, Cristina Velandia Martínez y Leonardo Villar. 

Juan Pablo Romero Ríos, abogado especialista en derecho laboral de la firma Cuberos Cortés Gutiérrez explica en Actualícese que tanto el régimen de prima media –RPM– como el régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS– cuentan con elementos diferenciadores, que permiten a los afiliados escoger el que más se ajuste a su situación particular. “Lo que sí es cierto es que el RPM y el RAIS no se complementan, en tanto que son excluyentes el uno del otro”, opina. 

Romero Ríos explica que hay tres elementos que los diferencian y generan, en muchas ocasiones, que los afiliados no tomen la decisión adecuada al momento de materializar el principio de libre escogencia. 
El primer elemento es que en el RAIS los afiliados pueden acceder a una pensión con 150 semanas menos de cotización que en el RPM. Esto se debe a que en el RAIS existe la garantía de pensión mínima que le otorga una pensión a aquellos afiliados de menores recursos, con solo 1.150 semanas. 
El segundo elemento es que la devolución de saldos que se otorga en el RAIS es considerablemente superior a la indemnización sustitutiva que se otorga en el RPM. Esto último, dado que la devolución de saldos no solo reintegra el aporte realizado, sino también los rendimientos que generan las inversiones de las AFP. Lo anterior implica que el RAIS será más beneficioso para los afiliados que no logren cotizar las semanas mínimas o el capital necesario para adquirir una pensión. 
El tercer elemento es que la pensión en el RPM, en principio, es mayor a la que se otorga en el RAIS. Lo anterior, dado que en el RPM la pensión se reconoce con base en una fórmula definida en la ley, y en el RAIS depende directamente del capital ahorrado. Mientras que en el RPM la tasa de reemplazo oscila entre el 55 y el 80%, en el RAIS, por lo general, oscila entre el 30 % y el 50 %, porcentaje que también depende de los aportes voluntarios que realicen los afiliados, lo cual no ocurre en el RPM. 

El abogado explica que existe el mito que el RPM es “mejor” y, por eso, la mayoría de los afiliados toman la decisión de trasladarse a dicho régimen, sin tener en cuenta su situación particular y las diferencias anteriormente descritas. “Se podría pensar que el RAIS está diseñado para las personas de menores ingresos, mientras que el RPM favorece a los afiliados de mayores ingresos, afirmación que es discutible, pero a la cual se puede llegar después de hacer un análisis escueto”, afirma Romero Ríos. 
“no se presenta rivalidad alguna entre el RPM y el RAIS, sino que las personas deben entender que son regímenes diferentes”

Cristina Velandia Martínez, abogada especialista en derecho laboral y seguridad social, y experta en pensiones de la firma TG Consultores afirma en Actualícese que no se presenta rivalidad alguna entre el RPM y el RAIS, sino que las personas deben entender que son regímenes diferentes, con requisitos para pensionarse y forma de liquidación de la pensión distintas. 

“Es necesario conocer las características propias de cada uno y, en igual medida, asesorarse a tiempo, es decir, 10 años antes de cumplir la edad de pensión, a fin de conocer cuál es el régimen pensional que más le favorece y hacer el cambio oportunamente”, asegura. 

Leonardo Villar, exdirector de Fedesarrollo dijo en entrevista con Actualícese que el sistema pensional opera en una lógica de competencia entre los dos regímenes, situación que debe cambiar, porque la diferencia entre los requisitos y beneficios de uno y otro han generado la posibilidad obtener pensiones que no corresponden a las contribuciones hechas, lo que genera una presión fiscal insostenible. 

“Actualmente, el RPM y el RAIS buscan cubrir la misma población (trabajadores formales con ingresos superiores a un salario mínimo y altas densidades de cotización), pero la regulación genera los incentivos para cotizar en un régimen y, faltando 10 años para la edad de pensión, cambiarse e incrementar la cotización, con lo cual se puede obtener una pensión más alta que no corresponde a las cotizaciones hechas durante todo el período laboral, sino al promedio de los últimos 10 años de trabajo”, dice Villar.


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/09/regimenes-pensionales-para-que-personas-estan-disenados-y-a-quienes-favorecen/?referer=email&campana=20181109&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Importancia del certificado de dependiente expedido por un contador público



Cuando un asalariado presente como dependiente a su cónyuge, padres o hijos, por no contar estos con ingresos propios para su manutención, tal situación deberá ser certificada por un contador público, de conformidad con los parágrafos 4 y 5 del artículo 1.2.4.1.18. del DUT 1625 de 2016. 

En el caso del trabajador que tenga derecho a realizar deducciones de la base de retención, como es el caso de la deducción mensual de hasta el 10 % del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes por concepto de dependientes, de conformidad con el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto único tributario 1625 de 2016, y siempre que este pretenda presentar como su dependiente al cónyuge, padres, hermanos o hijos, sustentando que son personas que no cuentan con los suficientes ingresos propios para su manutención, deberá contar con una certificación por parte de un contador público, cumpliendo los requisitos establecidos en el mencionado artículo 1.2.4.1.18. del DUT, el cual establece que tendrán calidad de dependientes las siguientes personas: 
Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años. 
Los hijos del contribuyente, cuya edad oscile entre los 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el Icfes o la autoridad oficial correspondiente; o cuando pertenezcan a los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente. 
Los hijos del contribuyente mayores de 18 años, que se encuentren en situación de dependencia originada por factores físicos o psicológicos, los cuales se encuentren certificados por Medicina Legal. 
El cónyuge o compañero permanente del contribuyente, que se encuentre en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 260 UVT ($ 8.621.000), certificada por un contador público; o que se encuentre en situación de dependencia originada por factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. 
Los padres y hermanos del contribuyente, que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 260 UVT, la cual deberá estar certificada por un contador público; o que se encuentren en situación de dependencia originada por factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. 
Contador público certifica condiciones relacionadas con situación financiera 

Del análisis del artículo 1.2.4.1.18. del DUT 1625 de 2016, podemos interpretar que la certificación del contador público solo será necesaria en aquellas condiciones que tengan que ver con la situación económica del dependiente económico; pues la relacionadas con el estado de salud o la condición de estudiante serán certificadas por la institución pertinente como sería medicina legal, instituto o universidad. 

En vista que frecuentemente el cónyuge o los padres del asalariado son personas naturales no comerciantes y, por lo tanto, no están obligadas a llevar contabilidad, es importante que los contadores tengan en cuenta lo que la Junta Central de Contadores –JCC– estableció en su Circular 044 de noviembre 2005, en la cual se encuentran consagradas las instrucciones respecto a la forma en que se pueden obtener pruebas de los ingresos que esté obteniendo una persona natural no comerciante (ver nuestro editorial titulado Expedición del certificado de ingresos por un contador público).


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/09/importancia-del-certificado-de-dependiente-expedido-por-un-contador-publico/?referer=email&campana=20181109&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

lunes, 28 de enero de 2019

Tratamiento contable para cupos de sobregiro, crédito y similares




Los cupos de crédito no utilizados no se reconocen como pasivo, pero dado que son una posible opción de financiación a futuro deben mencionarse en notas a los estados financieros siempre que sean importantes, pues son datos relevantes para los usuarios de la información financiera. 

Los pasivos financieros resultan de contratos en los cuales la entidad se obliga a pagar una cantidad de dinero (o de entregar otros instrumentos financieros) en un plazo determinado. En algunas ocasiones la entidad forma contratos de financiación, según los cuales la entidad financiera le pone a disposición un cupo de endeudamiento, para que lo utilice por demanda. Estos cupos de endeudamiento suelen ser utilizados en la medida en que la entidad los vaya necesitando, por lo que pueden pasar meses o años sin requerirse. 

Si una entidad mantiene cupos de endeudamiento no utilizados, no debe contabilizarlos como pasivo, pues hasta tanto no haga uso de ellos no tendrá una obligación de pagar a otra entidad una cuantía determinada o determinable de dinero. Sin embargo, la información sobre los cupos de endeudamiento es útil para los usuarios de la información financiera en la medida en que hablan acerca de la capacidad que tiene la compañía para obtener recursos provenientes de financiación. 
Presentación en los estados financieros 

Sobre la presentación de los cupos de crédito en los estados financieros, la norma no es muy amplia en explicaciones. Sin embargo, la sola definición de pasivo financiero nos conduce a concluir que los cupos de endeudamiento no utilizados no deberían presentarse como pasivos, pues no generan, para la entidad, una obligación de pago. 
“La sección 7, por su parte, hablando sobre el estado de flujos de efectivo, menciona en el párrafo 7.2 que los sobregiros son, a menudo, operaciones de financiación similares a los préstamos”

La sección 7, por su parte, hablando sobre el estado de flujos de efectivo, menciona en el párrafo 7.2 que los sobregiros son, a menudo, operaciones de financiación similares a los préstamos. No obstante, si son reembolsables a petición de la otra parte y suelen gestionarse de forma integral junto con el efectivo, hacen parte del efectivo y equivalentes en el estado de flujos de efectivo. 

Lo anterior no implica que deban reconocerse como parte del activo como efectivo y equivalentes en el estado de situación financiera, sino que se incluyen dentro del saldo de efectivo y equivalentes en el estado de flujos de efectivo. 

Esto genera una diferencia entre el valor de la partida de efectivo y equivalentes en el estado de flujos de efectivo y el valor de esa partida en el estado de situación financiera. Esta diferencia da lugar a una conciliación que debe revelarse, de acuerdo con lo requerido por el párrafo 7.20 del Estándar para Pymes. 
Conciliación entre el estado de situación financiera y el estado de flujos de efectivo 

Suponga que una entidad tiene los siguientes saldos a la fecha de cierre:

Caja
          $12.000.000
Bancos
          $45.000.000
Sobregiro bancario
–          $2.000.000




La entidad debería presentar en su estado de situación financiera un saldo en la partida de efectivo y equivalentes por valor de $57.000.000, correspondiente a la sumatoria de caja y bancos, y un pasivo por concepto de sobregiro por $2.000.000. 

En el estado de flujos de efectivo, si la entidad gestiona sus sobregiros como parte integral de la tesorería, debería presentar un saldo de efectivo y equivalentes por valor de $55.000.000, correspondiente al neto de las tres partidas mencionadas. 

En este caso la entidad debe presentar una nota a los estados financieros atendiendo al requerimiento del párrafo 7.20, en los siguientes términos: 

Nota xx: 

Se presenta una diferencia entre el valor de la partida efectivo y equivalentes en el estado de situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Esta diferencia se presenta porque la entidad tiene, a la fecha de cierre, un sobregiro de $2.000.000, el cual se considera parte integral del flujo de efectivo desde el punto de vista de tesorería. 

En el estado de situación financiera este sobregiro se reporta como un pasivo financiero.


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/07/tratamiento-contable-para-cupos-de-sobregiro-de-credito-y-similares/?referer=email&campana=boletin-dominical-11-nov-2018&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d#

Tarifas de retención en la fuente para asalariados e independientes


Para la retención en la fuente practicada a los asalariados y trabajadores independientes serán utilizadas las mismas tarifas. De acuerdo con los cambios incorporados por la Ley 1819 de 2016, los trabajadores independientes deberán aclarar si cobran honorarios u otras rentas de trabajo. 

A continuación, daremos respuesta a la siguiente pregunta: Para efectuar la retención en la fuente a los asalariados y trabajadores independientes ¿se pueden utilizar las mismas tarifas? 

Con los cambios introducidos por la Ley de reforma tributaria 1819 de 2016, a los asalariados se les practicará la retención en la fuente con base al procedimiento 1 o 2, indicados entre los artículos 383 y 386 del Estatuto Tributario –ET–. 

Los trabajadores independientes deberán aclarar si perciben honorarios, para lo cual el parágrafo 2 artículo 383 del ET establece que la retención en la fuente será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensaciones de servicio personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad. 

Para los trabajadores independientes que cobran otras rentas de trabajo diferentes a honorarios, el artículo 1.2.1.20.3 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 6 del Decreto 2250 de 2017, especifica qué rentas son consideradas de trabajo, incluyendo entre estas la compensación por servicios personales (ver nuestro editorial titulado Compensación de servicios personales no se encuentra condicionada a forma de contratación). Es de resaltar que la actividad laboral no será considerada una compensación por servicios personales, siempre que la persona natural cumpla las siguientes condiciones: 
Incurrir en costos y gastos necesarios para la prestación del servicio, de conformidad con el artículo 107 del ET
Desarrollar su actividad con criterios empresariales y comerciales. 
Contratar o vincular dos o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad generadora de renta por un término igual o superior a 90 días. 

Dicho lo anterior, la retención practicada al caso en mención se determinaría con base a las tarifas tradicionalmente aplicadas. Sin embargo, si llegara a faltar alguno de los requisitos, la retención se practicaría como compensación por servicios personales y se aplicaría la misma tarifa de los asalariados. Cuando la retención de estos últimos también se les practique a los trabajadores independientes, se deberá tener en cuenta la depuración establecida en el artículo 1.2.4.1.6.del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017.


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/06/tarifas-de-retencion-en-la-fuente-para-asalariados-e-independientes/?referer=email&campana=boletin-dominical-11-nov-2018&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

domingo, 27 de enero de 2019

Vínculo laboral cuando el contratante asume pago de seguridad social de trabajadores independientes


En el 2019 el contratante deberá efectuar el pago de la seguridad social de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios. Dicha situación no afecta la relación contratante–contratista, dado que siguen sin cumplirse los presupuestos de la relación laboral dependiente. 

A continuación, damos respuesta a la inquietud planteada por un usuario: Si una empresa vincula a una persona mediante contrato de prestación de servicios, ¿puede esta asumir el pago de seguridad social, sin que se genere un vínculo laboral? 

Para responder hay que empezar por recordar que la regla general del pago de la seguridad social del trabajador independiente indica que es él el responsable de dicho pago, aunque excepcionalmente el pago de la aseguradora de riesgos laborales va a ser responsabilidad del contratante, cuando el nivel de riesgo de la labor a desempeñar es IV o V. 

Ahora, el pago total de lo que podría ser salud, pensión y riesgos laborales no debe hacerlo el contratante por obligación, dado que la relación con su contratista no cumple estrictamente los requisitos de un vínculo laboral. Este último se establece a través de tres elementos que señala el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales son: 
Prestación personal del servicio. 
Subordinación. 
Remuneración. 

Si el independiente puede trabajar desde cualquier parte del mundo, desde su casa o desde cualquier otro espacio, se empieza a desvanecer uno de los elementos de la relación laboral: la subordinación. Además el no cumplir horarios, ni recibir órdenes ni directrices tendientes a indicarle cómo realizar su trabajo, entre otras circunstancias, rompen dicho requerimiento. 

Existen empresas, no obstante, que dadas sus altas utilidades pagan directamente la seguridad social de sus trabajadores independientes, lo cual es perfectamente posible dado que la ley no lo prohíbe. Lo que establece la ley es que el trabajador independiente con contrato de prestación de servicios está a cargo de su afiliación y contribución al sistema de seguridad social. 

Según el Decreto 1273 de 2018, a partir de junio de 2019 el contratante (que debe ser persona jurídica) efectuará los pagos a seguridad social de los trabajadores independientes con prestación de servicios; debe tenerse en cuenta que el contratante no hará el pago haciendo uso de su capital, sino que lo sacará de los honorarios del trabajador. Así, entonces, se tiene a manera de ejemplo que si un trabajador recibe honorarios por $3.000.000, sobre ese valor el contratante calcula el 40 % y de acuerdo a ese porcentaje liquida los aportes al trabajador, le hace entrega del dinero restante y la Pila pagada. Esta es una situación diferente a la que ocurre cuando el contratante asume el pago, ya que solo debe efectuarlo y no por esta razón se configura una relación laboral distinta a la contratante–contratista.


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/05/vinculo-laboral-cuando-el-contratante-asume-pago-de-seguridad-social-de-trabajadores-independientes/?referer=email&campana=boletin-dominical-11-nov-2018&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

sábado, 26 de enero de 2019

Formatos 2516 y 2517 para conciliación fiscal de años gravables 2018 y 2019 fueron prescritos



Según la Resolución 0000052 de octubre 30 de 2018, el formato 2516 que se utilizará para quienes declaren en el formulario 110, cambió a la versión 2. Por su parte, el formato 2517 v.1 será usado por primera vez por las personas naturales residentes que lleven contabilidad y declaren en el formulario 210. 

Tal como lo habíamos previsto en un editorial del pasado 2 de octubre de 2018, el nuevo director de la Dian, José Romero, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.7.4 del DUT 1625 de 2016 (luego de ser modificado por el Decreto 1998 de noviembre 30 de 2017), expidió su Resolución 000052 de octubre 30 de 2018 (incluida en la página 226 y siguientes del Diario oficial 50.763 de octubre 31 de 2018, el cual circuló en internet a partir del 2 de noviembre de 2018), a través de la cual se prescribieron los formatos de conciliación fiscal 2516 v.2 y 2517 v.1, formatos que deberán ser utilizados por los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tanto en su declaración de renta del año gravable 2018 como en la del año gravable 2019. 

Al respecto, y en contraste con lo que fue la elaboración y presentación del reporte de conciliación fiscal del año gravable 2017 (regulada por las resoluciones 000073 de diciembre de 2017 y 000020 de marzo de 2018), esta vez la Dian ha introducido las siguientes novedades importantes: 

a. El formato 2516, que será utilizado como anexo por parte de los contribuyentes que lleven contabilidad y declaren renta en el formulario 110 de los años gravables 2018 y 2019, cambió de la versión 1 a la versión 2. La razón para ello es que la Dian agregó y/o eliminó varias filas o renglones en varias de las 7 secciones en que se sigue subdividiendo el formato. Así, por ejemplo, en la sección “ESF-patrimonio”, y más exactamente en la parte donde se detallan los valores que componen los saldos de los inventarios a diciembre 31, se agregó la fila “Costos prestadores de servicios”. Igualmente, en la misma sección “ESF-Patrimonio”, en la parte donde se detallan los valores que componen los saldos del capital social a diciembre 31, se agregó la fila “Saldo crédito inversión suplementaria”. Por su parte, en la sección “ERI-Renta líquida”, donde se detallan los ingresos por concepto de “Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios conjuntos”, se agregó la fila “Capitalizaciones no gravadas” (artículo 36-3 del ET). Adicionalmente, en esta última sección, antes del renglón donde se totalizaría el total de los gastos del ejercicio, se incluyó una nueva fila titulada “Menor gasto o deducción – ajuste precios de transferencia”. Además, esta vez la Dian les da una mejor ubicación a los renglones para reportar las “Rentas pasivas ECE” en la sección de “ERI-Renta líquida”, pues en el formato del año gravable 2017 cometió el error de ubicarlas después del renglón de “compensaciones”, e incluso después del renglón de “rentas exentas”, pero esta vez quedaron ubicadas antes del renglón de “Renta líquida”. Incluso, aunque la “Sobretasa al impuesto de renta” la sigue ubicando después del renglón de “Total retenciones” (lo cual no guarda coherencia con el verdadero lugar que la sobretasa tiene dentro del formulario 110, ya que la misma se ubica antes del renglón “total impuesto a cargo”), lo que hizo la Dian esta vez fue eliminar el renglón “total impuesto a cargo” y hasta los renglones “Total saldo a pagar” y “Total saldo a favor”. 
“Esta vez la Dian sí prescribió el formato 2517 v.1 que será utilizado por primera vez por las personas naturales residentes que lleven contabilidad y declaren en el formulario 210 cedulado”

b. Esta vez la Dian sí prescribió el formato 2517 v.1 que será utilizado por primera vez por las personas naturales residentes que lleven contabilidad y declaren en el formulario 210 cedulado. Dicho formato también está compuesto por las mismas 7 secciones en que se subdivide el formato 2516 v.2, pero es claro que la sección “ERI-Renta líquida” tiene un diseño más complejo pues los valores que se lleven a dicha sección deberán cruzar con los renglones de las 5 cédulas de la renta ordinaria que se utilizan en el formulario 210. 

c. Al igual que con lo sucedido con la expedición del formato 2516 del año gravable 2017, los nuevos formatos 2516 v.2 y 2517 v.1 que se usarán para las declaraciones de los años gravables 2018 y 2019 fueron prescritos sin tener debidamente anuladas en color gris o verde las celdas que correspondan a valores que solo son contables pero no fiscales, y viceversa. Por tanto, para poder conocer ese tipo de celdas, los usuarios otra vez tendrán que esperar hasta cuando la Dian decida publicar los prevalidadores de ambos formatos (esto era algo que no sucedía en el pasado cuando se expedía el antiguo formato 1732, el cual, desde el inicio, sí tenía debidamente marcadas ese tipo de celdas). 

d. El parágrafo 2 de la Resolución 000052 de 2018 comete el error de indicar que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad que pertenezcan al grupo 3 de la convergencia a Normas de Información Financiera y que al cierre de 2018 o 2019 lleguen a obtener ingresos brutos fiscales inferiores a 45.000 UVT, supuestamente tendrían que elaborar y presentar algunas secciones de los formatos 2516 o 2517. Al respecto, con lo indicado en el artículo 1.7.2 del DUT 1625 de octubre de 2016, luego de ser modificado con el Decreto 1998 de noviembre de 2017, se concluye que los contribuyentes con ingresos brutos anuales inferiores a 45.000 UVT solo deben elaborar el formato, mas no presentarlo (simplemente lo deben conservar por el tiempo de firmeza de la declaración de renta). Por tanto, la Dian tendrá que volver a modificar esa instrucción de su Resolución 000052 de 2018 y deberá colocar una instrucción similar a la que se había incluido en el parágrafo 2 de la Resolución 000073 de diciembre de 2017 (que rigió la presentación del formato 2516 del año gravable 2017), en la cual se dijo que los contribuyentes que pertenecieran al grupo 3 de la convergencia a Normas de Información Financiera solo elaboraban 3 secciones del formato pero nunca se dijo que lo debían presentar. 
“la Dian terminó expidiendo los formatos 2516 y 2517 del año gravable 2018 en un momento en el que aún no se habían prescrito los respectivos formularios 110 y 210 del año gravable 2018”

e. De la misma forma que con lo sucedido con la expedición del formato 2516 v.1 del año gravable 2017, la Dian terminó expidiendo los formatos 2516 y 2517 del año gravable 2018 en un momento en el que aún no se habían prescrito los respectivos formularios 110 y 210 del año gravable 2018 (y puede suponerse que esa tarea solo se llevará a cabo entre enero y marzo de 2019). Por tanto, la Dian tendrá que asegurarse de que la estructura de los formularios 110 y 210 de año gravable 2018 que expedirá más adelante, sí guarden la debida correlación con la estructura que ya le dio a los formatos 2516 y 2517. De lo contrario podría suceder lo mismo que con el formulario 110 de año gravable 2017, el cual fue expedido en marzo de 2018, después de haberse expedido el formato 2516 de año gravable 2017, y la estructura de ambos documentos no guardaba una debida correlación. 

f. El artículo 3 de la Resolución 000052 de octubre 30 de 2018 indica que esta vez quienes tengan la obligación de presentar virtualmente los formatos 2516 o 2517, deberán hacerlo antes de la fecha en que se deba presentar el formulario 110 o 210. Además, si posteriormente se llega a necesitar efectuar algún tipo de corrección a dichos formatos, en especial por causa de modificar algo en los formularios 110 o 210, se entendería que tales correcciones también se deben presentar antes de las de los formularios 110 o 210. 

g. El artículo 4 de la Resolución 000052 de octubre 30 de 2018 indica que si algún contribuyente se llega a liquidar durante el año gravable 2019, en ese caso solo tendrá que elaborar el formato 2516 o 2517 por fracción de año pero no está obligado a presentarlo. 
Si se aprueba una nueva reforma tributaria, la Dian tendrá que volver a modificar los formatos 

En relación con todo lo anterior, si los formatos 2516 v.2 y 2517 v.1 que prescribió la Dian en su Resolución 000052 de octubre de 2018 son los mismos que también se deberán utilizar cuando llegue el momento de elaborar las declaraciones de renta del año gravable 2019, la entidad se verá obligada a modificar de nuevo dichos formatos en caso de que el Congreso apruebe en diciembre de 2018 la nueva Ley de financiamiento cuyo proyecto fue radicado allí en octubre 31 de 2018. Lo anterior es así por cuanto tal reforma afectaría justamente al impuesto de renta del año gravable 2019. 

Por tanto, al igual que con lo que sucede con la expedición de la resolución en la que se solicita la información exógena tributaria de un determinado año gravable (la cual también se debe expedir dos meses antes de que empiece a transcurrir dicho año, ver por ejemplo la Resolución 011004 de octubre 29 de 2018 que solicitó la información del año gravable 2019 y que se entregará durante el 2010); es claro que la Dian se seguirá enfrentando a desgastes inútiles cada vez que cumpla con expedir en octubre la resolución que prescriba los formatos de conciliación fiscal del año gravable siguiente, pero dos meses después se sigan tramitando nuevas reformas tributarias.


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/08/formatos-2516-y-2517-para-conciliacion-fiscal-de-anos-gravables-2018-y-2019-fueron-prescritos/?referer=email&campana=boletin-dominical-11-nov-2018&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d#

Aumento de retención en la fuente por aportes a seguridad social mes vencido de independientes


Los aportes a la seguridad social mes vencido reglamentados mediante el Decreto 1273 de 2018 generan aumento en la retefuente para trabajadores independientes, debido a que no podrán restarse de la base de retención los aportes que no hayan sido efectivamente cancelados en el mes. 

Los aportes de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, se efectuará mes vencido por períodos mensuales a través de la planilla integrada de liquidación de aportes –Pila–, y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período de cotización del mes anterior (ver nuestro editorial titulado Nuevo tratamiento de los aportes a seguridad social de los trabajadores independientes). Sin embargo, lo anterior genera un aumento en la retención en la fuente, debido a que del pago de los honorarios percibidos por el trabajador independiente no podrán detraerse los aportes de seguridad social que no estén efectivamente pagados. 
“el monto total del aporte que el trabajador independiente aporte al sistema general de seguridad social en salud es no constitutivo de renta ni ganancia ocasional”

El artículo 1.2.4.1.16 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017, establece que en la disminución de la base para trabajadores independientes el monto total del aporte que el trabajador independiente aporte al sistema general de seguridad social en salud es no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. En consecuencia, la base de retención en la fuente al momento del pago o abono en cuenta se disminuirá con el valor total del aporte obligatorio al sistema de seguridad social realizado por el independiente que corresponda al período que origina el pago, y de manera proporcional a cada contrato en los casos a los que diera lugar. 

En este orden de ideas, no se podrá disminuir la base por aportes efectuados en contratos diferentes al que origina el respectivo pago, y el monto a disminuir no podrá exceder el valor de los aportes que le corresponda efectuar al independiente por dicho contrato. 
Ingreso base de cotización del trabajador independiente con contrato de prestaciones de servicios personales 

El ingreso base de cotización –IBC– al sistema de seguridad social integral del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante corresponde mínimo al 40 % del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor total del impuesto de valor agregado –IVA–. Es de aclarar que en ningún caso el IBC podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente– smmlv̫–, ni superior a 25 smmlv. 

Cuando por inicio o terminación del contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante resulte un período inferior a un mes, el pago de la cotización al sistema de seguridad social integral se realizará por el número de días que corresponda. Por lo tanto, el IBC no podrá ser inferior a la proporción del smmlv (ver nuestro editorial titulado Ingreso base de cotización de trabajadores dependientes por días). 

En los contratos de duración o de valor total indeterminado, no habrá lugar a la mensualización del contrato. En este caso, los aportes se calcularán con base en los valores que se causen durante cada período de cotización. 
Retención de aportes 

A partir del 1 de junio de 2019, los contratantes públicos, privados o mixtos que sean personas jurídicas, los patrimonios autónomos y consorcios o uniones temporales deberán efectuar la retención y giro de los aportes al sistema de seguridad social integral a través de la Pila de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios personales, relacionados con las funciones de la entidad contratante, en los plazos establecidos en el artículo 3.2.2.1 del Decreto 1273 de 2018, y teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT del contratante. 

La suma a retener será la que resulte de aplicar al IBC los porcentajes establecidos en las normas vigentes para salud, pensiones y riesgos laborales. En los casos en que el contratista cotice por varios ingresos, la retención y pago de aportes se efectuará sobre el valor resultante en cada uno de los contratos, independientemente de que el resultado de aplicar el 40 % al valor mensualizado de los contratos sujetos a retención sea inferior a un smmlv. 
“la retención en la fuente para los aportes de seguridad social solo será aplicable a los trabajadores independientes con contratos de prestación de servicios”

Se debe tener en cuenta que la retención en la fuente para los aportes de seguridad social solo será aplicable a los trabajadores independientes con contratos de prestación de servicios. Por lo tanto, el resto de los trabajadores independientes, como rentistas de capital, comerciantes y cuenta propia no les será aplicada dicha retención. 
Omisión del deber de retención y giro de los aportes 

El contratante será responsable de girar a las administradoras del sistema de seguridad social integral las sumas dejadas de retener o retenidas por valor inferior al que corresponde, y por los intereses moratorios que se causen debido a la inobservancia de los plazos establecidos para el giro de los aportes retenidos, sin perjuicio de las sanciones penales, fiscales o disciplinarias. 

Cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados, de conformidad con lo dispuesto para el objeto del contrato, estará a cargo del contratista el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y los intereses moratorios. Para estos casos excepcionales, el contratista deberá acreditar al contratante el pago del período correspondiente y, en el caso de que los pagos realizados por el contratista no correspondan a la totalidad del aporte obligatorio al sistema de seguridad social integral, el contratante informará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–.


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viernes, 25 de enero de 2019

Niveles de seguridad para diferentes encargos encomendados al contador público



Con el advenimiento de las normas de aseguramiento, surgen diferentes inquietudes respecto al grado de seguridad que se proporciona en cada informe de auditoría y qué normas deben ser aplicadas, dependiendo del grado de seguridad que se quiera emitir. En este editorial aclaramos estos aspectos. 

El DUR 2420 de 2015, en la parte 2 de su libro 1 expone todas las directrices que deben ser tenidas en cuenta para aplicar las Normas de Aseguramiento de Información –NAI– en diferentes encargos, ya sean de revisoría fiscal, auditoría o revisión de información financiera, otros trabajos de aseguramiento u otros servicios profesionales. Ante esto, surgen diferentes dudas como: ¿qué es y qué no es un trabajo de aseguramiento?, ¿qué características tiene un trabajo de aseguramiento?, ¿qué es seguridad razonable o limitada?; de acuerdo con las normas aplicables en Colombia, ¿cuáles al ser aplicadas permiten proporcionar un grado de seguridad razonable o limitada?, entre otras. Así pues, con el fin de despejar estas dudas y desenmarañar un poco la normatividad expedida hasta el momento (decretos 2420 y 2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 de 2017), exponemos algunos lineamientos. 
Trabajo de aseguramiento 

De acuerdo con el órgano emisor, se está ante un encargo de aseguramiento cuando existe un contrato en el que el profesional contable debe expresar una conclusión sobre la información financiera, y sobre el cual se espere generar un grado de confianza en los usuarios de la información. Se entiende entonces que para que exista un encargo de aseguramiento deben influir las siguientes premisas: 
Una relación entre el ciclo de información que fluye entre la entidad, el profesional contable y los usuarios de la información. 
Obtención de evidencia sobre la cual se realizarán las respectivas conclusiones, y que respaldará la labor realizada. 
Incorporar en la evaluación de la información conocimientos técnicos para lograr identificar aspectos puntuales como el debido reconocimiento, medición, presentación y revelación de información financiera. 
Criterios de evaluación apropiados y concordantes con las Normas de Aseguramiento de la Información. 
Emisión de una conclusión sobre la información financiera. 

De acuerdo con lo anterior, hacen parte de los encargos de aseguramiento los que se contraten y sean ejecutados bajo los criterios de las Normas Internacionales de Auditoría –NIA–, las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión –NITR– y las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar –ISAE–. En este orden de ideas, las labores encomendadas a contadores públicos, que no se consideran como trabajos de aseguramiento, serían algunas como: 
En las que se apliquen las Normas de Información de Servicios Relacionados –NISR–, por ejemplo, los encargos de procedimientos convenidos o de compilación de información financiera. 
Expedición de certificados de ingresos. 
Preparación de declaraciones tributarias. 
Emisión de informes de presupuesto. 
Consultoría tributaria. 
Consultoría sobre la aplicación de Estándares Internacionales. 
Redacción de textos de investigación sobre aspectos relativos a la contaduría pública o al ejercicio de la revisoría fiscal. 
Asesoría contable. 
Preparación de información exógena. 
Nivel de seguridad 
“El nivel de seguridad otorgado en un encargo permitirá que los usuarios de la información tengan mayor o menor confianza a la hora de tomar sus decisiones”

El nivel de seguridad otorgado en un encargo permitirá que los usuarios de la información tengan mayor o menor confianza a la hora de tomar sus decisiones. En otras palabras, el grado de seguridad que emite el profesional contable será la garantía que tienen los usuarios sobre la información financiera. Así pues, se espera que dicho nivel de seguridad sea concordante con: 
Las características del encargo. 
Los criterios utilizados al realizar la revisión o evaluación de la información financiera. 
Los requerimientos que cada norma especifique para la emisión de la conclusión y para la obtención de la evidencia. 
El detalle con el que debe analizarse la información y el volumen de esta. 
Las limitaciones que se hayan presentado al momento de ejecutar el encargo (restricciones de acceso a áreas específicas de la entidad, extravío de información de períodos anteriores, entre otras). 

Los grados o niveles de seguridad que existen son:
 
Seguridad absoluta
Es cuando el nivel de riesgo se reduce a cero, lo cual no se considera posible en los marcos de aseguramiento de la información. No se puede emitir un dictamen de auditoría, opinión o conclusión sobre la información financiera de una entidad bajo los términos de una seguridad absoluta.
Seguridad razonable
Teniendo en cuenta que no se puede emitir un grado de seguridad absoluta en una opinión de auditoría, existe el segundo nivel correspondiente al de seguridad razonable, el cual brinda un alto grado de confianza en los usuarios, puesto que bajo este el profesional contable expone que se han reducido los riesgos a un nivel aceptable. Este tipo de seguridad se emite en encargos realizados bajo las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– o las Normas Internacionales de Encargos de Aseguramiento –ISAE–. Cabe anotar que en el dictamen de revisor fiscal siempre se espera un grado de seguridad razonable.
Seguridad limitada
Se otorga en encargos en los que se aplican procedimientos de menor extensión y detalle que los aplicados para emitir una seguridad razonable. Si bien en este se disminuyen los riesgos, el riesgo es mayor que cuando se emite un nivel de seguridad razonable. Aplican también los trabajos realizados bajo las Normas Internacionales de Encargos de Aseguramiento –ISAE– o bajo las Normas Internacionales de Encargos de Revisión –NIER–.
No hay seguridad
No se emite ningún grado de seguridad cuando el profesional contable no opina o concluye sobre la información financiera. Lo anterior, por ejemplo, en encargos que no tengan que ver con aseguramiento.


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/08/niveles-de-seguridad-para-diferentes-encargos-encomendados-al-contador-publico/?referer=email&campana=20181108&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d#

Proyecto de decreto para compilar y actualizar normas contables fue emitido por MinCIT


De acuerdo con el proyecto de decreto emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en noviembre de 2018, se pretende compilar y actualizar los marcos técnicos normativos para las entidades que aplican el Estándar Pleno o Estándar para Pymes. En este editorial explicamos los detalles. 
“el CTCP solicitó a los entes reguladores que compilaran dichas normas, de forma que se compartieran en un solo documento, el cual facilitaría su estudio”

Hasta el momento contamos con diferentes decretos que se han encargado de regular la aplicación de los Estándares Internacionales en las entidades de grupo 1 y 2 (decretos 2420 y 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017). Realizar una revisión de las modificaciones incorporadas en cada decreto a fin de hacer un efectivo reconocimiento, medición y revelación de las transacciones, se ha convertido en una labor dispendiosa. Por tanto, el CTCP solicitó a los entes reguladores que compilaran dichas normas, de forma que se compartieran en un solo documento, el cual facilitaría su estudio. 

Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo –MinCIT– realizó la tarea sugerida y expidió un proyecto de decreto en el cual compiló y actualizó los nuevos marcos técnicos normativos de los grupos 1 y 2, además de dictar otras disposiciones. Entre los documentos que comparte dicho organismo se encuentra, además del proyecto de decreto, los anexos “Marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1” y “Marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2”, un cuestionario sobre la planeación normativa realizada y una matriz en la que se deberán registrar los comentarios a los que haya lugar sobre el proyecto decreto, la cual se recibirá desde el 7 hasta el 21 de noviembre de 2018, a través de los correos electrónicos atejada@mincit.gov.co, jalvarez@mincit.gov.co y jrodriguez@mincit.gov.co
¿Qué decretos fueron compilados? 

Se compilaron las normas técnicas del Estándar Pleno y del Estándar para Pymes que han sido incorporados a través de anexos por diferentes decretos modificatorios del Decreto único reglamentario 2420 de 2015
Normas aplicables al grupo 1 

Se compila: 
El anexo 1 del DUR 2420 de 2015, el cual se esperaba que entrara en vigor desde el 1 de enero de 2017. Dicho decreto agrupó el Decreto 2784 de 2012 (modificado por los decretos 1851 y 3024 de 2013, y 2267 de 2014). 
El anexo 1.1 del Decreto 2496 de 2015 (que incorpora modificaciones a algunas normas expedidas en el anexo 1), expedido 9 días después de haber sido expedido el DUR 2420 DE 2015 con el fin de derogar el anexo 1 del mismo. Este decreto entró en vigor a partir del 1 de enero de 2017. 
El anexo 1.2 del Decreto 2131 de 2016, que aplicó a partir del 1 de enero de 2018, y que contiene cambios en distintas normas como la NIC 7, NIC 12 y NIIF 15. 
El anexo 1.3 del Decreto 2170 de 2017, que incluye la NIIF 16 y las modificaciones realizadas a la NIC 40, NIIF 2 y NIIF 4. 
Normas aplicables al grupo 2 

Se compila: 
El anexo 2 del DUR 2420 de 2015, que agrupa el Decreto 3022 de 2013 (modificado por el Decreto 2267 de 2014). 
El anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015 (que incorpora modificaciones a algunas normas expedidas en el anexo 2). 
La sección 23 Ingresos de actividades ordinarias, incorporada por el Decreto 2131 de 2016
El párrafo 29.13 incluido en el Decreto 2170 de 2017 (que modifica la sección 29 Impuesto a las ganancias). 
Además de los anexos compilados, ¿se compilarán nuevas normas? 

Respecto a las normas aplicables a entidades de grupo 1, además de las correcciones de redacción realizadas por el IASB, se incluye la CINIIF 22 y las enmiendas realizadas por el IASB, que se detallan a continuación: 
Modificaciones a la NIC 28 publicadas en octubre de 2017 (inclusión del párrafo 14A que aborda lineamientos sobre el método de la participación y eliminación del párrafo 41). 
Modificaciones a la NIIF 9 publicadas en octubre de 2017 (se añaden los párrafos 7.2.29 a 7.2.34 y B4.1.12A y se modifican los párrafos B4.1.11(b) y B4.1.12(b), con relación a las características de cancelación anticipada con compensación negativa). 
Modificaciones a la NIIF 3 publicadas en diciembre de 2017 (se añaden los párrafos 42A y 64º, con relación a la aplicación del método de la adquisición a tipos particulares de combinaciones de negocios). 
Modificaciones a la NIIF 11 publicadas en diciembre de 2017 (se añaden los párrafos B33CA y C1AB, que tratan la contabilización de adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas). 
Modificaciones a la NIC 12 publicadas en diciembre de 2017 (se añaden los párrafos 57A y 98I, y se elimina el párrafo 52, con relación al reconocimiento de las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias). 
Modificaciones a la NIC 23 publicadas en diciembre de 2017 (se modifica el párrafo 14 y se añaden los párrafos 28A y 29D, con relación a los costos por préstamo que son susceptibles de capitalización). 
Documento de práctica de la NIIF 2 emitido en septiembre de 2017 (realización de juicios sobre materialidad e importancia relativa) 
“En el caso de las reglas para entidades perteneciente al grupo 2 no se realizan inclusiones de nuevas normas, pero sí se incorporan las correcciones de redacción realizadas por el IASB”

En el caso de las reglas para entidades perteneciente al grupo 2 no se realizan inclusiones de nuevas normas, pero sí se incorporan las correcciones de redacción realizadas por el IASB en diciembre de 2017. 
Vigencia 

Las fechas de vigencia que se incorporan en los textos originales de las normas no se tienen en cuenta como fechas de vigencia en Colombia. Tanto el “Anexo técnico compilatorio No. 1 de las normas de información financiera NIIF, Grupo 1”, como el “Anexo técnico compilatorio No. 2 de las normas de información financiera NIIF para las pymes, Grupo 2” entrarían en vigor el 1 de enero de 2019, de acuerdo con el proyecto de decreto.


https://actualicese.com/actualidad/2018/11/14/proyecto-de-decreto-para-compilar-y-actualizar-normas-contables-fue-emitido-por-mincit/?referer=email&campana=20181114&accion=click&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d