Curaçao fue el epicentro de la denominada Operación Mar Nuestro. Con ella, exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y empresarios alicantinos defraudaron más de US$6. millones a Hacienda.
La cifra podría ser mayor, pero el resto del presunto fraude ya habría prescrito, al haber pasado más de cinco años.
Las irregularidades descubiertas por el juez Javier Gómez Bermúdez se originan entre 2003 y 2004, cuando los empresarios José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri crean Valfensal en asociación con CAM. El 30% era de la caja y el 70% de los empresarios y se financió a través de la propia entidad, según el Frob. CAM también daba los créditos necesarios para que Valfensal comprase los proyectos hoteleros en el Caribe.
Fue entonces cuando “ambos directivos de CAM (Roberto López Abad y Daniel Gil) fueron informados por los empresarios Ferri y Baldó de la intención de adquirir una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal a la que poder desviar la mayor parte de los ingresos obtenidos por la explotación de los hoteles”, según el auto de Gómez Bermúdez.
Por este caso, el juez de la Audiencia Nacional impuso el jueves una fianza de US$2 millones al exdirector general de la CAM, López, y de US$530.000 al exresponsable de empresas, Gil, para no ir a prisión. El magistrado había advertido de la posibilidad de “fuga de los presuntos responsables, pues cuentan con medios económicos y relaciones en el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe convenio de extradición”.
Gómez considera que fueron responsables de defraudar con US$42,9 millones al fisco español entre 2004 y 201.
Las irregularidades descubiertas por el juez Javier Gómez Bermúdez se originan entre 2003 y 2004, cuando los empresarios José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri crean Valfensal en asociación con CAM. El 30% era de la caja y el 70% de los empresarios y se financió a través de la propia entidad, según el Frob. CAM también daba los créditos necesarios para que Valfensal comprase los proyectos hoteleros en el Caribe.
Fue entonces cuando “ambos directivos de CAM (Roberto López Abad y Daniel Gil) fueron informados por los empresarios Ferri y Baldó de la intención de adquirir una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal a la que poder desviar la mayor parte de los ingresos obtenidos por la explotación de los hoteles”, según el auto de Gómez Bermúdez.
Por este caso, el juez de la Audiencia Nacional impuso el jueves una fianza de US$2 millones al exdirector general de la CAM, López, y de US$530.000 al exresponsable de empresas, Gil, para no ir a prisión. El magistrado había advertido de la posibilidad de “fuga de los presuntos responsables, pues cuentan con medios económicos y relaciones en el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe convenio de extradición”.
Gómez considera que fueron responsables de defraudar con US$42,9 millones al fisco español entre 2004 y 201.
