El viernes, Angela María Echeverry, superintendente delegada para Procedimientos de Insolvencia, determinará el grado de calificación que tendrán las 1.117 reclamaciones recibidas por la quiebra de InterBolsa. Con esto se definirá el orden de pago, una vez se consigan los recursos para este fin.
Se esperaba que este trámite se resolviera el pasado martes en la audiencia en la Superintendencia de Sociedades, pero la cantidad de recursos de reposición presentados (al menos 20), aplazaron dos días la decisión.
Estas reclamaciones legales surgieron una vez se conoció que el agente liquidador de la holding, Pablo Muñoz, les dará prioridad a los poseedores de bonos TEC (Títulos Estructurados de Crédito), emitidos por la filial de InterBolsa en Luxemburgo, como primera instancia en los pagos. Lo grave es que si eso es avalado (decisión sobre la que debe pronunciarse mañana la Superintendente), la sociedad InterBolsa en liquidación se quedará sin más dinero para atender al resto de las víctimas en el país.
Consuelo Acuña, representante de Credit, una cartera que reúne los reclamos de 4.150 ahorradores, que esperan el retorno de 78 mil millones de pesos dice que no es justo que se siga perjudicando a las víctimas. “Nos sentimos damnificados con el hecho de que prefieran pagar unos bonos de Luxemburgo, sin saber adonde se fue esa plata, y en cambio, dejar de pagarles a los ahorradores colombianos, abusivamente tratados”.
Otra cosa piensa Luis Fernando Uribe, representante de un grupo de poseedores de bonos TEC. “La Súper nos da la razón, porque protege el contrato de fiducia mercantil. Lo que ha querido la ley es que las obligaciones surgidas de una oferta de valores internacional tenga protección especial porque está de por medio la confianza del público y el buen nombre del país”.
Lo cierto es que la ley 964 de 2005 señala que “los bonos emitidos en el mercado público de valores quedan exlcuídos de los acuerdos de reestructuración y no podrán ser objeto de medidas judiciales”. La Superintendente Echeverry expresará mañana qué interpretación le da a este trámite.
‘QUE RESPONDAN CON PATRIMONIOS’
Alejandro Revollo, agente interventor de Valores Incorporados S.A.S. dice que lo positivo de este proceso es que se está depurando la información de la liquidación. “También hemos interpuesto recursos ejerciendo el derecho a la defensa y contradicción que son principios constitucionales que se deben respetar”. Sin embargo, también manifiesta su preocupación por el hecho de que solo haya dinero para los bonos TEC. “Estamos amparados en una norma fuerte y proteccionista de las víctimas, para que se responda con los activos y el patrimonio de los imputados”.
